La fórmula del consenso volverá a aplicarse para la regulación de las autonomías

La fórmula utilizada para aprobar veinticinco artículos de la Constitución en escasas horas volverá a ser utilizada, según fuentes gubernamentales solventes, en otros puntos conflictivos del anteproyecto constitucional, y con casi toda seguridad para el capitulo que regula las autonomías. En todo caso, la aceleración de los debates en la Comisión Constitucional cuenta con casi todos los beneplácitos. El escollo que supone la ausencia de Alianza Popular -que finalmente no se automarginará- se resolverá con el regreso de Manuel Fraga de Estados Unidos. Las resistencias del Senado al proyecto que...

La fórmula utilizada para aprobar veinticinco artículos de la Constitución en escasas horas volverá a ser utilizada, según fuentes gubernamentales solventes, en otros puntos conflictivos del anteproyecto constitucional, y con casi toda seguridad para el capitulo que regula las autonomías. En todo caso, la aceleración de los debates en la Comisión Constitucional cuenta con casi todos los beneplácitos. El escollo que supone la ausencia de Alianza Popular -que finalmente no se automarginará- se resolverá con el regreso de Manuel Fraga de Estados Unidos. Las resistencias del Senado al proyecto que surgirá del Congreso requerirán un nuevo esfuerzo político, que ya empieza a plantearse en altas instancias políticas del país.

En círculos, políticos bien informados, próximos a los grupos parlamentarios más importantes -Unión de Centro Democrático (UCD) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE)-, se registraba ayer cierto asombro ante la sorpresa que en la opinión pública había suscitado el consenso sobre determinados artículos de la Constitución, que ofrecían una especial conflictividad. Según estas fuentes, el acuerdo estaba cantado y lo único realmente sorprendente es que se haya tardado tanto en llegar a él, desde que Gregorio Peces-Barba abandonó la ponencia constitucional, el 7 de marzo y, pocos días después, el 13, durante la cena ofrecida por el Rey al gobernador general de Canadá, Jules Leger, en el palacio de Oriente, don Juan Carlos -en un aparte con Adolfo Suárez y Felipe González- mostró su interés por el restablecimiento del consenso.La actitud de UCD y PSOE permanecía abierta al consenso desde hacía muchas semanas, pero la fórmula del debate en la Comisión Constitucional, en la que los artículos del anteproyecto venían siendo aprobados sin demasiadas dificultades, restó urgencia al tema. El revulsivo se produjo el pasado día 18, jueves, cuando UCD, con el propósito de no cerrar constitucionalmente la posibilidad de unas medidas antiterroristas que el Gobierno tenía in pectore, propuso incluir un inciso en la regulación de los derechos del detenido y de la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, entre otras.

Por encima del revuelo originado por esta pretensión -de la que UCD desistió en seguida- quedó de manifiesto que era necesario reanudar el consenso roto. La iniciativa de la cena UCD-PSOE, celebrada el lunes, parece que partió de los socialistas, preocupados en primer plano por el artículo veintiséis, que regula la enseñanza. El Gobierno aprovechó la oportunidad para entablar una negociación global sobre el máximo de temas conflictivos, incluyendo, ahora con vaselina y sin sorpresas, la posibilidad constitucional de su ley contra el terrorismo.

Como nota curiosa, la cena, encabezada por Fernando Abril y Alfonso Guerra, que se iba a celebrar, en principio, en el restaurante El Escuadrón, se trasladó al restaurante José Luis, porque en el primero de los lugares citados estaba prevista la presencia del ministro de Educación y Ciencia, Iñigo Cavero, con el provicario de la diócesis de Madrid-Alcalá, padre Martín Pati:no, y dos teólogos. La decisión del traslado de restaurante no partió del señor Abril, a quien no importaba el posible encuentro, sino de otros comensales, que lo estimaron poco delicado, sobre todo teniendo en cuenta que uno de los temas a dilucidar iba a ser la regulación ¿e la enseñanza.

Una de las razones que en círculos parlamentarios se consideran decisivas para que el restablecimiento del consenso fuera tan redondo, reside en la preocupación que los grupos más importantes albergaban sobre la imagen que sus respectivas bases y electorados podrían obtener de ellos durante la argumentación en la Comisión Constitucional de sus posiciones sobre temas tan vidriosos y difíciles -desde una perspectiva de consenso- como la enseñanza, el divorcio, la huelga, el cierre patronal y la objeción de conciencia, aumentados ahora con la suspensión legal de derechos constitucionales, con base en la razón de Estado de la lucha contra el terrorismo, asumida por los partidos.

Por lo demás, el Gobierno es contrario a aparecer demasiado ligado a Alianza Popular en las votaciones, como venía ocurriendo en las últimas sesiones de la Comisión Constitucional, de modo contrario a las pretensiones gubernamentales de hacer encaje de bolillos con todos y cada uno de los grupos parlamentarios, según los temas a debate.

El consenso sobre las autonomías no se vislumbra con una gestación similar a la del paquete de los veinticinco artículos, entre otras cosas porque, para este asunto, las minorías nacionalistas se convierten, en cierto modo, en mayorías. Miguel Roca, por la Minoría Catalana, se mostró ayer favorable al consenso en este punto, que podría permitir que los debates concluyeran antes del 15 de junio. Por su parte, el PNV ha manifestado sus temores de que UCD y PSOE no deseen resolver bien el problema vasco y prefieran la óptica catalana. El regreso del PNV a la Comisión y a los próximos pactos parece imprescindible. El presidente de la Comisión, Emilio Attard, apeló ayer a la necesidad de contar con todos los grupos.

Por lo que se refiere a AP, las fuentes mejor informadas aseguran que la espantada de los ex ministros franquistas no resistirá el regreso de Manuel Fraga, previsto para el próximo domingo, ya que la razón principal de su marcha, lo que denominan pasteleo, no resulta convincente, viniendo de quien viene, aparte del escaso apoyo de esta actitud en la opinión pública y su débil rentabilidad ante el electorado.

Más preocupación suscita en medios políticos responsables la obstrucción que el Senado ejercerá, según fuentes de la citada Cámara, al proyecto de Constitución. Las fuerzas mayoritarias del Senado, UCD y PSOE, apelarán a la coherencia política de sus miembros, en un tema como el constitucional, que, por encima de pretensiones perfeccionistas enteramente legítimas, requiere su urgente culminación. Asimismo, el Gobierno y los principales partidos expondrán la inutilidad práctica de la oposición del Senado a los puntos de la Constitución afectados por el consenso del Congreso de los Diputados.