Encarcelado un presunto responsable de la estafa de la calle Quero
Antonio Coca, administrador de la empresa constructora Mahor, denunciado por supuesta estafa por más de cuatrocientos vecinos de la calle Quero, en Aluche, ha sido detenido y puesto a disposición judicial, quien ordenó su encarcelamiento en Carabanchel desde el pasado 21 de marzo. Otro de los inculpados, Javier Castarlenas, continúa en domicilio desconocido.
La asesoría jurídica que asiste a los afectados informó de los nuevos datos conocidos en una asamblea realizada el pasado día 15. Según los abogados, los estafados de la primera fase de la calle Quero son ya 404, todos ellos comprad...
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Antonio Coca, administrador de la empresa constructora Mahor, denunciado por supuesta estafa por más de cuatrocientos vecinos de la calle Quero, en Aluche, ha sido detenido y puesto a disposición judicial, quien ordenó su encarcelamiento en Carabanchel desde el pasado 21 de marzo. Otro de los inculpados, Javier Castarlenas, continúa en domicilio desconocido.
La asesoría jurídica que asiste a los afectados informó de los nuevos datos conocidos en una asamblea realizada el pasado día 15. Según los abogados, los estafados de la primera fase de la calle Quero son ya 404, todos ellos compradores de pisos que, una vez pagados, se encontraron con que habían sido hipotecados a sus espaldas por los directivos de la empresa. El asunto se complica al conocerse que otras quince familias de la segunda fase tienen problemas similares. Los responsables de Mahor, cuando el asunto de la primera supuesta estafa era público, hipotecaron quince viviendas de la segunda fase. El valor de la misma asciende a dos millones de pesetas por piso.Se da el caso de que el resto de las viviendas, también en número superior a las cuatrocientas, aún no tienen la escritura registrada a favor del comprador, por lo que existe la posibilidad de que estén hipotecadas igualmente.
Los abogados informaron de su intención de solicitar una investigación para determinar la posible responsabilidad de las entidades crediticias, en este caso el Banco Hispano Americano y el Consorcio Financiero de Sevilla, SA, que aceptaron hipotecar los pisos a pesar de las irregularidades cometidas en las primeras, y que se supone debieran ser conocidas por las entidades en cuestión.
Asimismo, la asamblea aprobó continuar gestionando la denuncia con carácter de querella criminal. Los abogados del señor Coca pidieron a los afectados que la cambiaran al procedimiento civil, ya que así podría abandonar el encierro y dedicarse a trabajar para compensar económicamente a los afectados. La propuesta fue rechazada.
Por último, y aparte de recabar la solidaridad de todo el vecindario de Aluche mediante la colocación de pancartas alusivas al problema, la asamblea aprobó exigir a la Administración que asuma sus responsabilidades ante la profusión con que se vienen sucediendo este tipo de casos. Los abogados argumentaron que una de las estafas más conocidas, la de Nueva Esperanza, ocurrió hace ya muchos años, sin que se haya cambiado en absoluto la legislación que permite a las empresas hipotecar los pisos sin conocimiento del comprador del mismo. A este respecto se solicitará una entrevista con el ministro de Obras Públicas y Urbanismo, señor Garrigues Walker, en la que se le hará entrega de un escrito avalado por miles de firmas de los vecinos de Aluche.