¿Vísperas del Apocalipsis?

EL PROYECTO de ley de representación de trabajadores en la empresa puede convertirse en la manzana de la discordia del jardín del consenso. La ofensiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, instrumentada mediante comunicados que utilizan un lenguaje alarmista y hasta amenazador, ha sido contestada por las centrales sindicales en términos de significado opuesto, pero de parecido tono.No resulta fácil de entender que UCD haya colocado en plena recta final de los debates constitucionales un proyecto de ley tan conflictivo como el que comentamos. Se aplazó la convocatoria d...

EL PROYECTO de ley de representación de trabajadores en la empresa puede convertirse en la manzana de la discordia del jardín del consenso. La ofensiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, instrumentada mediante comunicados que utilizan un lenguaje alarmista y hasta amenazador, ha sido contestada por las centrales sindicales en términos de significado opuesto, pero de parecido tono.No resulta fácil de entender que UCD haya colocado en plena recta final de los debates constitucionales un proyecto de ley tan conflictivo como el que comentamos. Se aplazó la convocatoria de los comicios municipales contra viento y marea, incumpliendo sus propios compromisos y creando una gravísima crisis con el PSOE, con el argumento de que la campaña electoral podría excitar los ánimos y crear fricciones perjudiciales al consenso. Ahora, sin embargo, ha dejado que salte al ruedo uno de los temas de más difícil lidia de la etapa constituyente, ya que los conflictos de los intereses no resultan de tan cómoda negociación y de tan equitativa resolución como los enfrentamientos ideológicos.

La estrategia del Gobierno resulta todavía más incomprensible si se tiene en cuenta que el Estado todavía no ha negociado con las centrales sindicales el destino del patrimonio del sindicalismo vertical y que carecemos de una ley ordenadora de los sindicatos y un marco legal nuevo y necesario de las relaciones colectivas de trabajo. Si se tiene en cuenta que sobre todo ello se suma una reforma fiscal que ha asustado seriamente al empresariado, la del sistema financiero y la propia realidad de la crisis económica, los incentivos a la inversión se plantean desde luego difíciles.

La reacción de las centrales empresariales se caracteriza, no obstante, por su virulencia y despliegue de medios. También por su alarmismo. Una cosa es discrepar del proyecto de ley, tal y como ha salido de la ponencia, y otra, anunciar el advenimiento del juicio final. Sirvan como botón de muestra algunas predicciones de las asociaciones patronales sobre las consecuencias de la ley: «Desaparición de la empresa y de la economía libre de mercado», «la ruina económica y social del país entero», «no habrá puestos de trabajo, no habrá salarios, ni inversión alguna». Esas ominosas profecías esconden, sin duda, veladas amenazas. A ellas han contestado los líderes sindicales y la izquierda con parecidos argumentos: «Provocaremos un mayo francés» -lo que, sin duda, demuestra el desconocimiento que sobre dicho mayo tienen algunos sindicalistas españoles-, y con otras frases por el estilo han denunciado la posible movilización callejera en favor del proyecto.

Por lo demás, la pérdida de los nervios por parte de los responsables de la CEOE se ha magnificado en las declaraciones de su presidente, Carlos Ferrer, en Estados Unidos, donde ha pronosticado el fin de la nonnata economía de mercado en España. Lo que un líder puede y debe decir en misiones oficiales por el extranjero es un tema delicado. Vaticinar el caos en España puede suponer una actitud reservada por parte del mundo americano de los negocios respecto a las inversiones en nuestro país. Esto no interesa a los empresarios que allí buscan financiación internacional, ni al Estado, que hace otro tanto y que lo necesita para combatir el paro.

¿Cuáles van a ser las actitudes de los grupos parlamentarios ante la presión de empresarios y trabajadores, que comienza a teñirse de tintes tan demagógicos en ambos casos? Alianza Popular parece dispuesta a poner a sus diputados al servicio de la CEOE. En cuanto a UCD, el carácter interclasista de su electorado y la coexistencia de corrientes ideológicas contrapuestas le sitúan en una posición difícil. Es una incógnita la actitud que adoptarán socialistas y comunistas -principales inspiradores del proyecto en su última redacción-, enfrentados con un dilema que les puede obligar a elegir entre el consenso» político y la presión de sus bases. Y estas cosas, sin duda, debían haberse pensado a la hora de redactar el informe de la ponencia.

Por lo que respecta al contenido del proyecto de ley en discusión, la primera impresión es que se trata de una normativa que da forma jurídica a relaciones industriales correspondientes a sociedades avanzadas y con fuerte tradición sindical, tanto en lo que se refiere al número de trabajadores afiliados como a la eficiencia de las propias centrales y a la responsabilidad y disciplina de sus cuadros y bases. El proyecto puede calificarse de «puntero» respecto a la ley francesa de 27 de diciembre de 1968 y de la ley italiana de 20 de mayo de 1970, resultado todo ello de largas luchas y arduas negociaciones, en lo que a las atribuciones otorgadas al comité de empresa se refiere. La ley, alemana de 1 de julio de 1976 que instaura la cogestión lo hace en empresas de gran volumen y con una experiencia que proviene de 1952.

Ahora bien, no es seguro que una normativa sindical que recoge las conquistas logradas en Europa por un movimiento obrero organizado, encuadrado disciplinadamente en centrales eficientes y poderosas, sea aplicable de inmediato a un país como el nuestro, carente todavía de instituciones y prácticas propias de un sistema moderno de relaciones industriales y recién salido de cuarenta años de corporativismo fascista, durante los cuales la demagogia y los despilfarros del verticalismo han creado vicios y pasividades difíciles de extirpar de la noche a la mañana. En nuestra opinión, el Gobierno, los grupos parlamentarios, las asociaciones patronales y los sindicatos de trabajadores tendrían que hacer un resuelto esfuerzo por encontrar fórmulas consensuales que, sin menoscabar lo que el proyecto tiene de positivo, adecuen su contenido, sobre todo en lo que se refiere a las atribuciones del comité de empresa y de las asambleas, a nuestra situación económica y social y al nivel de nuestro incipiente desarrollo sindical, instándolo, además, en la perspectiva de las cuestiones más generales que sólo la negociación del destino del patrimonio sindical, la consolidación de las centrales y una ley de más amplio ámbito sobre la regulación del mundo sindical pueden aclarar. El actual momento político no es, desde luego, el más oportuno para esa labor. La sugerencia de que se retire el proyecto de ley del Parlamento, a fin de elaborar un nuevo texto en cuya negociación intervengan también las asociaciones empresariales y las centrales sindicales, merecería más atención de lo que presumiblemente el estado de ánimo general va a permitir prestarle.