El Consejo de Ministros no decidirá sobre los juzgados de Granada

El Ministerio de Obras Públicas está a punto de resolver el expediente que le trasladó el Ayuntamiento de Granada sobre la paralización de las obras de los nuevos juzgados de aquella ciudad, a causa de varias infracciones urbanísticas. Un primer informe de los servicios jurídicos de este departamento ministerial estima improcedente elevar el expediente al Consejo de Ministros por no darse los presupuestos jurídicos necesarios.

El nuevo edificio judicial se está construyendo en la plaza Nueva, frente al actual palacio de Justicia, y al pie mismo de las murallas de la Alhambra, y su t...

El Ministerio de Obras Públicas está a punto de resolver el expediente que le trasladó el Ayuntamiento de Granada sobre la paralización de las obras de los nuevos juzgados de aquella ciudad, a causa de varias infracciones urbanísticas. Un primer informe de los servicios jurídicos de este departamento ministerial estima improcedente elevar el expediente al Consejo de Ministros por no darse los presupuestos jurídicos necesarios.

El nuevo edificio judicial se está construyendo en la plaza Nueva, frente al actual palacio de Justicia, y al pie mismo de las murallas de la Alhambra, y su terminación impediría ver la famosa torre de la Vela desde el punto más céntrico de la ciudad.La orden de paralización de las obras por parte del Ayuntamiento vino después de una serie de denuncias realizadas por asociaciones ciudadanas y profesionales. Aparte de no contar con la preceptiva licencia municipal, el edificio contravenía el plan general de urbanismo de la comarca de Granada y resultaba doblemente ilegal, al tener una planta más de las tres permitidas para la zona y no respetar el retranqueo preceptivo de cuatro metros.

En el mes de diciembre, eI Ayuntamiento se inhibió en el asunto a favor del Consejo de Ministros. Este acuerdo, que todo indica que va a ser desestimado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, ha sido criticado en medios ciudadanos granadinos, ya que se estima que «el Ayuntamiento tiene la ineludible obligación de hacer cumplir sus propias normas» y más en este caso en que el infractor es el Ministerio de Justicia.