Grupos feministas y el gobernador civil organizan comisiones de carácter ciudadano

Representantes de siete organizaciones feministas y de amas de casa se reunieron a última hora de la tarde del lunes en el Gobierno Civil de Madrid para estudiar la situación de su legalización y tratar la forma en que estos grupos podrán colaborar para un mejor funcionamiento de la vida ciudadana desde su participación en unas comisiones de trabajo previstas en la reestructuración del Gobierno Civil de Madrid.

Las reuniones entre feministas y amas de casa se iniciaron el pasado mes de diciembre, poco después de la reestructuración oficial de este organismo. La presencia de estas mujere...

Representantes de siete organizaciones feministas y de amas de casa se reunieron a última hora de la tarde del lunes en el Gobierno Civil de Madrid para estudiar la situación de su legalización y tratar la forma en que estos grupos podrán colaborar para un mejor funcionamiento de la vida ciudadana desde su participación en unas comisiones de trabajo previstas en la reestructuración del Gobierno Civil de Madrid.

Las reuniones entre feministas y amas de casa se iniciaron el pasado mes de diciembre, poco después de la reestructuración oficial de este organismo. La presencia de estas mujeres se debió a una invitación de Juan José Rosón, quien consideró necesaria la presencia de estos grupos para intentar paliar los muchos problemas de todo orden que Madrid tiene planteados. Los temas tratados, a un nivel muy esquemático, han ido desde la enseñanza hasta la planificación familiar pasando por drogas y alcoholismo.Durante esta última reunión, todas las asistentes trataron de perfilar y señalar cuáles eran, a su juicio, los problemas existentes en la ciudad y que de una manera especial afectan a la mujer. Estas comisiones fueron: guarderías, planificación familiar, promoción cultural (publicaciones, control de publicidad y educación permanente de adultos), sanidad (centros sanitarios, productos farmacéuticos y salud pública), comisión de precios, urbanismo y medio ambiente, y una última, cuyo nombre no acabó de concretarse, en la que tratarían temas tales como el alcoholismo, las drogas, etcétera.

En principio, parece ser que no habrá ningún impedimento para el funcionamiento de estas comisiones, aunque, algunas, como la de planificación familiar, presentan algunos obstáculos para su viabilidad.

La entrada de grupos feministas en el Gobierno Civil, más cuando la mayoría de éstos permanece en espera de su legalización, pudiera parecer sorprendente. Elena de la Torre, miembro de la Coordinadora Provincial de Amas de Casa, declaró a EL PAÍS que «nuestra presencia aquí no tiene nada de extraño, especialmente, cuando éste es el único organismo local que funciona. Nosotras no podemos plantear nuestras reivindicaciones en ningún otro lugar. Puede parecer chocante, pero, en este momento, es el único organismo operativo».

La próxima reunión tratará de darle un cuerpo legal a las comisiones, ya que, según expresó Mercedes Comabella, de la Federación Provincial de Amas de Casa, «sin un cierto marco legal, los grupos de trabajo no servirán para nada».

Las mujeres participantes en esta última reunión fueron representantes de la Federación Provincial de Amas de Casa, Unión para la Liberación de la Mujer, Asociación de Mujeres Separadas, Movimiento Democrático de Mujeres, Seminario Sociológico de Estudios para la Mujer, Asociación Democrática para la Mujer y Coordinadora de Amas de Casa.

Discriminación también en la legalización

El segundo tema planteado en el Gobierno Civil por parte de estos grupos fue su legalización. Para normalizar su situación pidieron la creación de un registro provisional, sin limitaciones, para todo tipo de organizaciones de mujeres en base a que el movimiento feminista tiene entidad propia y no necesita sumergirse en otros. Posteriormente matizaron que si las Cortes aprueban una ley general de asociaciones, se podría prescindir de este registro.Su no inclusión en la ley general de Asociaciones de 1964, explicaron que se debe a que esta normativa es restrictiva para los fines que persiguen las feministas, ya que su actividad exige cambios políticos. Además, la limitación de edad -veintiún años- es considerada inadecuada porque «la discriminación de la mujer se empieza a sufrir mucho antes».