Editorial:

La paz, a las puertas de Euskadi

LA APROBACIÓN por la Comisión de Urgencia Legislativa de las Cortes de los decretos correspondientes pone formalmente en vigor el régimen preautonómico del País Vasco. Como indicamos en un comentario editorial anterior, sólo el aferramiento a posiciones partidistas de UCD podía explicar la demora del Gobierno en aplicar los acuerdos establecidos, a lo largo de noviembre, entre el ministro de las Regiones y los parlamentarios guipuzcoanos, vizcaínos y alaveses. La circunstancia de que el Consejo General del País Vasco nunca podría estar controlado por el partido del Gobierno (cuyos parlamentari...

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LA APROBACIÓN por la Comisión de Urgencia Legislativa de las Cortes de los decretos correspondientes pone formalmente en vigor el régimen preautonómico del País Vasco. Como indicamos en un comentario editorial anterior, sólo el aferramiento a posiciones partidistas de UCD podía explicar la demora del Gobierno en aplicar los acuerdos establecidos, a lo largo de noviembre, entre el ministro de las Regiones y los parlamentarios guipuzcoanos, vizcaínos y alaveses. La circunstancia de que el Consejo General del País Vasco nunca podría estar controlado por el partido del Gobierno (cuyos parlamentarios son minoritarios en Euskadi) y la postura del lendakari Leizaola, al negarse a desempeñar el mismo papel que le correspondió en la preautonomía catalana al señor Tarradellas, llevaron al Gabinete del señor Suárez a la actitud de postergar la sanción legal de unas instituciones de autogobierno ya pactadas. La fórmula mediante la cual Navarra podrá hacer efectiva en un inmediato futuro la posibilidad de ingresar en la Confederación Vasca ha sido encontrada tan pronto como el Gobierno se ha puesto a buscarla.Ha triunfado el buen sentido y se debe felicitar a quienes han sabido rectificar a tiempo. Pero resulta lamentable que la preautonomía se haya decretado ante la presión del anuncio de masivas movilizaciones para el 4 de enero. Al igual que sucedió en el pasado mes de mayo con los extrañamientos, parece que sólo el temor a graves alteraciones del orden público ha movido al Gobierno a tomar una decisión que pudo adoptar por simple prudencia o convicción política con suficiente antelación.

En cualquier caso, este es un paso en la normalización de las provincias vascas. El propio Leizaola ha señalado que la preautonomía abre el camino por el que se puede construir la paz del País Vasco. Y lo que es todavía más importante, un sector de la izquierda, abertzale formada por grupos desgajados de ETA y vinculados emocionalmente a su antigua organización, ha abandonado su intransigencia sectaria (basada en el lema «cuanto peor, mejor») y ha reconocido las virtualidades positivas del Consejo General del País Vasco.

El programa de pacificación exige ahora seguir adelante: la legalización de los partidos que, aunque defienden tesis independistas a largo plazo, aceptan las instituciones de autogobierno y quieren hacer política utilizando los cauces legales establecidos. La prueba última para calibrar la consistencia de un sistema democrático es su capacidad para no ahogar la voz de las minorías y permitir la libre expresión y organización de cualquier ideología, por descabellada que sea su orientación y sus proyectos -proyectos y orientación que a nosotros nos parecen descabellados y absurdos en el caso que comentamos-. Sólo la utilización de la violencia puede -y debe- justificar la persecución legal de un grupo político.

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Por lo demás, no se puede descartar que la acción terrorista continúe segando la vida de hombres inocentes y sembrando el temor entre la población vasca. Los recientes robos de explosivos, los últimos crímenes contra las personas y los atentados contra instalaciones militares e industriales dejan pocas dudas al respecto. Es incluso probable que el establecimiento del régimen preautonómico vasco sea, precisamente, lo que empuje a ETA militar a montar alguna provocación con el propósito de frenar el proceso autonómico, desestabilizar la situación en Euskadi y hacer posible la involución en el resto de España. Porque esos activistas, convertidos definitivamente en vulgares asesinos, temen, más que los cercos policíacos, el cerco político que se va estrechando progresivamente en torno suyo. La pacificación del País Vasco y la consolidación del régimen provisional de autogobierno harán posible en el futuro un estatuto de autonomía para Euskadi, en cuyo articulado, necesariamente, ocupará un lugar la atribución a los mikeletes de responsabilidades para el mantenimiento del orden público. Cuando la gran mayoría del pueblo vasco comprenda que la única forma válida y eficaz de defender sus opciones es votar en las urnas a sus alcaldes y diputados y gobernantes, ETA militar. desaparecerá del escenario de Euskadi: sus restos, si quedan, serán lo que ya son: una banda de pistoleros.

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