UCD propone un Concejo General para articular la preautonomía de Castilla y León

UCD propondrá a la Asamblea de Parlamentarios de Castilla y León, el próximo día 6 en Villacastín, la creación del Concejo General de Castilla y León. La propuesta del decreto- ley que UCD expondrá, incluye la creación de este órgano preautonómico integrado durante el período transitorio por diputados de las provincias de Avila, Burgos, León, Logroño, Palencia, Salamanca, Santander, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, así como un representante por cada diputación provincial.En el texto definitivo, hecho público ya por UCD, destaca la elección de un comité ejecutivo de diez miembros elegidos p...

UCD propondrá a la Asamblea de Parlamentarios de Castilla y León, el próximo día 6 en Villacastín, la creación del Concejo General de Castilla y León. La propuesta del decreto- ley que UCD expondrá, incluye la creación de este órgano preautonómico integrado durante el período transitorio por diputados de las provincias de Avila, Burgos, León, Logroño, Palencia, Salamanca, Santander, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, así como un representante por cada diputación provincial.En el texto definitivo, hecho público ya por UCD, destaca la elección de un comité ejecutivo de diez miembros elegidos por los integrantes del Concejo entre sus componentes. De acuerdo las dos terceras partes, podría también nombrarse secretarios por sectores con un plazo de ejercicio determinado.

Se prevé en el anteproyecto la posibilidad de disolución del Concejo por el Gobierno previo dictamen del Consejo de Ministros y por razones de Estado, así como las funciones di este órgano preautonómico. Entre ellas, destacan la coordinación de las funciones de las diputaciones provinciales y el ejercicio de las competencias y atribuciones transferidas por la Administración y las propias diputaciones.

La representación del Concejo, según los acuerdos de los parlamentarios de UCD, correría a cargo de un presidente elegido por sus miembros hasta el definitivo estatuto de autonomía durante un año en el supuesto de que el estatuto no se consiguiera en ese periodo.

El Concejo General de Castilla y León tendría validez y se regiría, según estas normas hasta la entrada en vigor del régimen de autonomía aprobado en las Cortes.