El Consejo de Ministros decidirá sobre el edificio de los tribunales de Granada
El Ayuntamiento de Granada ha dispuesto, tras su aprobación en el último pleno municipal, enviar al Consejo de Ministros, por conducto del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, el expediente tramitado por su negociado de Fomento en relación a la construcción del edificio de los nuevos juzgados, emplazado en pleno centro de la ciudad frente al actual Palacio de Justicia y cuyas obras fueron paralizadas por orden municipal a principios del pasado mes de mayo.
Como ya indicó entonces EL PAIS, la decisión del Ayuntamiento se basaba en varias irregularidades urbanísticas en que el nu...
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El Ayuntamiento de Granada ha dispuesto, tras su aprobación en el último pleno municipal, enviar al Consejo de Ministros, por conducto del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, el expediente tramitado por su negociado de Fomento en relación a la construcción del edificio de los nuevos juzgados, emplazado en pleno centro de la ciudad frente al actual Palacio de Justicia y cuyas obras fueron paralizadas por orden municipal a principios del pasado mes de mayo.
Como ya indicó entonces EL PAIS, la decisión del Ayuntamiento se basaba en varias irregularidades urbanísticas en que el nuevo edificio incurría y que habían sido repetidamente denunciadas por entidades ciudadanas, asociaciones profesionales y numerosos vecinos de Granada. El proyecto original del nuevo Palacio de Justicia granadino era, en efecto, doblemente ilegal al contravenir las normas vigentes del plan general de la comarca de Granada y no contar con el correspondiente informe favorable de la comisión de Bellas Artes, al margen de que su emplazamiento, al pie mismo de las murallas de la Alhambra, imposibilita casi totalmente la visibilidad de la famosa Torre de la Vela desde buena parte del centro de la ciudad.
La comisión de Bellas Artes, sin embargo, terminaría dando a finales del mes de junio su visto bueno para la continuación de las obras, aunque puso algunos reparos al proyecto, a pesar de que éste había sido ya modificado. El problema ahora está planteado, entre las competencias de los ministerios de Justicia y Obras Públicas Y Urbanismo.
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