Reunión maratoniana sobre la autopista del Atlántico

El ministro de Obras Públicas, señor Garrigues Walker, aplazó ayer su proyectado viaje a Pontevedra, previsto para el pasado fin de semana. Se trasladaron, en cambio, a la ciudad gallega el director general de Carreteras, los subdirectores generales de Redes Arteriales y Construcciones, el director general del Instituto Nacional de Urbanismo y otros altos cargos del departamento.La visita se debe a una petición del gobernador civil de Pontevedra, hecha con el fin de hallar una solución al problema de la autopista del Atlántico que satisfaga a las partes implicadas. En las reuniones de los resp...

El ministro de Obras Públicas, señor Garrigues Walker, aplazó ayer su proyectado viaje a Pontevedra, previsto para el pasado fin de semana. Se trasladaron, en cambio, a la ciudad gallega el director general de Carreteras, los subdirectores generales de Redes Arteriales y Construcciones, el director general del Instituto Nacional de Urbanismo y otros altos cargos del departamento.La visita se debe a una petición del gobernador civil de Pontevedra, hecha con el fin de hallar una solución al problema de la autopista del Atlántico que satisfaga a las partes implicadas. En las reuniones de los responsables del Ministerio de Obras Públicas con las autoridades gallegas, partidos políticos y organizaciones ciudadanas se abordará toda la problemática de carreteras de la provincia de Pontevedra, pero de una manera muy especial la cuestión de la autopista.

El director general de Carreteras, Juan Bautista Diamante, manifestó a EL PAIS que el problema tiene dos aspectos: uno técnico y otro político. El primero se circunscribe a la necesidad por parte de la concesionaria de reponer los servicios afectados por las obras e indemnizar a los afectados por ellas, extremos que al no haber sido resueltos han obligado al Ministerio de Obras Públicas a paralizar los trabajos. El segundo aspecto, de carácter político, es si el proyecto de la autopista debe ser ejecutado tal como fue aprobado en su momento o debe ser modificado. «Este es un asunto -manifestó el señor Diamante- que de alguna manera escapa a mi competencia y a la del propio Ministerio de Obras Públicas. Será el Gobierno quien habrá de pronunciarse en todo caso.»

Por esta razón, en la reunión de este fin de semana se intentará resolver el problema de la reposición de servicios e indemnizaciones, ya que la empresa concesionaria ha pedido un aplazamiento de tres años para la Iniciación del tramo Santiago-Pontevedra, y esto permite que no haya que decidir ahora sobre la suerte de esta parte del proyecto. Hay que recordar que varios partidos aceptando el carácter irreversible de la inversión, defienden la continuación de los tramos ya iniciados. pero dicen que no se lleve a cabo el resto del proyecto.

Otra exigencia de los partidos gallegos es la perfecta puesta a punto de los itinerarios alternativos a la autopista. En este sentido, el señor Diamante manifestó que en ningún caso la autopista va a ser única vía de comunicación y que, muy al contrario, está pensada para los largos recorridos, lo que impide que se dejen abandonados los itinerarios alternativos. En el tema concreto de las carreteras de Pontevedra, el director general recordó que el Ministerio tiene que ajustarse a un presupuesto con el que es preciso atender a todas las necesidades nacionales, y que dentro de este contexto las demandas de Pontevedra serán debidamente atendidas.

Aunque de momento los responsables del Ministerio de Obras Públicas sólo visitarán Pontevedra, el problema tiene también sus resonancias en otras ciudades gallegas. El alcalde de El Ferrol -informa - acaba de presentar una moción ante la Corporación municipal en la que se pronuncia a favor de la continuación y culminación de la autopista del Atlántico, por estimar que «así conviene a los intereses supremos del pueblo gallego».

Por otra parte, nueve entidades vecinales de los alrededores de La Coruña se pronurciaron también sobre la autopista, pidiendo que se abra un debate público en el que participen sectores profesionales, políticos y sindicales, los afectados por la obra y la Administración.