"El Pardo y la Alameda de Osuna deben ser para todos los madrileños"

El reciente fracaso de las viviendas sociales ha estado motivado, en parte, por las dificultades con que las empresas constructoras se han encontrado para conseguir suelo en condiciones económicas aceptables. Para salir del estancamiento existente el Ministerio de Obras Públicas ha arbitrado una serie de medidas destinadas a poner, de manera inmediata, suelo edificable en el mercado. Eduardo Merigó, subsecretario de Ordenación Territorial y Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas, cargo que ocupa desde el 12 de julio pasado, nació en Torredembarra (Tarragona) en 1937. Es licenciado en ...

El reciente fracaso de las viviendas sociales ha estado motivado, en parte, por las dificultades con que las empresas constructoras se han encontrado para conseguir suelo en condiciones económicas aceptables. Para salir del estancamiento existente el Ministerio de Obras Públicas ha arbitrado una serie de medidas destinadas a poner, de manera inmediata, suelo edificable en el mercado. Eduardo Merigó, subsecretario de Ordenación Territorial y Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas, cargo que ocupa desde el 12 de julio pasado, nació en Torredembarra (Tarragona) en 1937. Es licenciado en Ciencias Económicas, ejerció como economista en la División de Estudios y Planificación de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas e ingresó después en la División de Contabilidad Nacional de la OCDE, continuando su carrera en el departamento económico de dicha organización hasta 1974, fecha en que es nombrado jefe del Gabinete Económico de la Subsecretaría de Economía Financiera del Ministerio de Hacienda. Desde mayo de 1976, es director de Sofemasa. Políticamente procede del Partido Demócrata, del que ha redactado su programa económico.EL PAIS: ¿Cuáles son los fines del departamento recientemente creado que usted dirige?

Eduardo Merigó: La función fundamental de este departamento es la planificación física del territorio. Para ello, pretendemos dar prioridad a la intervención pública a fin de facilitar los asentamientos humanos y organizar una infraestructura según las necesidades de la ciudad. En este punto está el urbanismo, tema que no se puede concebir de manera aislada, ya que si antes la población iba a las grandes ciudades y éstas no estaban preparadas para recibir en condiciones dignas a las avalanchas humanas que tenían que recibir, ahora hay que pensar en la necesidad previa de hacer una ordenación capaz de recibir a esos contingentes humanos. El segundo elemento del departamento que dirijo es el medio ambiente y éste se encuentra integrado en el primero.

EL PAIS: ¿Cuáles son las dificultades que una ciudad como Madrid presenta de cara a esa ordenación que pretenden conseguir?

E. M.: En principio, la mayor dificultad, que engloba a todas las demás, es la anarquía absoluta que reina en la ordenación de Madrid. Previamente a esta anarquía hubo dos etapas que conviene señalar.

Una fase inicial, durante la posguerra, en la que se permitió que se hiciera cualquier cosa y una segunda fase en la que empieza a preocupar esa anarquía y se crean trabas administrativas de todo tipo a la hora de calificar el suelo, lo que trae ya consigo la escasez de terrenos disponibles y la consiguiente potenciación de la especulación. Asimismo, es característico en esta etapa resolver problemas urbanos en función de las personas, con los consiguientes beneficios para éstas. Esto se acabó. Nosotros no vamos a consentir la existencia de intereses oscuros ni que el aparato estatal esté al servicio de intereses de personas concretas. Nuestro objetivo inmediato es conseguir que aumente la oferta del suelo.

EL PAIS: Para que aumente la oferta del suelo, es necesario saber previamente dónde hay terrenos disponibles, y el INV siempre se ha lamentado de las dificultades para encontrar terrenos en los que poder construir, aunque por otra parte mantenga sin utilizar fincas como la de El Garzo. de cuatrocientas hectáreas junto a los bosques de El Pardo.

E. M.: Bueno, nosotros en estos momentos hacemos un inventario del suelo del que disponemos en Madrid y provincia para ponerlos en el mercado de manera inmediata. En cuanto a fincas como la que usted ha mencionado, evidentemente hay que darlas una utilidad nacional. En El Garzo, he dado la orden de que se realice un plan de urbanización completo. Esta es una zona sumamente aprovechable en la que se puede acometer una urbanización de tipo mixto interclasista. Es decir, levantar una zona de viviendas sociales junto a otras que podrían ser ocupadas por un sector de la clase media alta. La finca de El Garzo tiene un interés especial porque junto a ella tiene 7.000 hectáreas de los bosques de El Pardo. Respecto a este tema, quiero señalar que en la próxima reunión interministerial que yo presido, voy a pedir que tanto El Pardo como el parque de Alameda de Osuna pasen a ser zonas de disfrute de todos los madrileños.

EL PAIS: Usted ha hablado de poner todo el suelo posible en el mercado a fin de potenciar la construcción de viviendas, ¿podría explicar estas medidas?

E. M.: En primer lugar, tenemos en proyecto agilizar de

procesos burocráticos todos los planes parciales de los pueblos madrileños, para ello quizá. sea preciso subvencionar a algunos Ayuntamientos, ya que muchos no cuentan con fondos para ejecutar esos planes. En segundo lugar, todos los organismos dependientes de este Ministerio -Coplaco, Inur, etcétera-, pondrán todo el suelo del que dispongan en el mercado y, tratarán de desincentivar el atesoramiento del suelo urbano. Está claro que el suelo urbano tiene que estar en el mercado. Como retirar la calificación traería consigo un fuerte retraso, es mejor utilizar las penalidades de tipo fiscal. Para esto, hemos tomado la medida de poner unos impuestos que aumenten de manera progresiva con el tiempo, sobre los terr

La municipalización del suelo queda descartada porque una vez que el Ayuntamiento dispusiera de todo el terreno no sabría qué hacer con él ni a quién dárselo.

El papel de la Administración sería levantar la infraestructura de las viviendas que levantase la constructora compradora del suelo. Sería una especie de cooperativa entre la Administración y el sector privado y, finalmente, los beneficios de las ventas se repartirían entre ambas partes.