Los vecinos de Pymaco tendrán que pagar la hipoteca
Las cien familias de la urbanización Pymaco, en Fuenlabrada, continúan sus gestiones con la Caja Postal de Ahorros para dilucidar la forma de pago de una hipoteca con que la constructora gravó sus pisos sin su conocimiento. Los afectados presentaron querella criminal contra los directivos de la empresa por presunta estafa. Estos han desaparecido y hay una orden de busca, y captura contra ellos. Pero la Caja Postal reclama los plazos de la hipoteca, y parece que no tendrán más remedio que pagarla, so pena de arriesgarse a que sus viviendas salgan a subasta pública.
La constructora...
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Las cien familias de la urbanización Pymaco, en Fuenlabrada, continúan sus gestiones con la Caja Postal de Ahorros para dilucidar la forma de pago de una hipoteca con que la constructora gravó sus pisos sin su conocimiento. Los afectados presentaron querella criminal contra los directivos de la empresa por presunta estafa. Estos han desaparecido y hay una orden de busca, y captura contra ellos. Pero la Caja Postal reclama los plazos de la hipoteca, y parece que no tendrán más remedio que pagarla, so pena de arriesgarse a que sus viviendas salgan a subasta pública.
La constructora Pymaco, antes incluso de vender las viviendas a los actuales residentes, había solicitado una hipoteca a la Caja Postal de Ahorros, cuya existencia no se reflejó en los contratos de compraventa. La empresa no abonó a la Caja ninguna de las cantidades semestrales a Pagar, la primera de las cuales vencía en junio del 1975.La urbanización Pymaco consta de varias fases, algunas de ellas a medio construir, o simplemente con sólo los cimientos. Hace unos meses los vecinos advirtieron que las obras estaban paralizadas, y al investigar las causas se encontraron con que había varias querellas presentadas contra Anastasio y Cirilo Carrión, hermanos y principales accionistas de la sociedad, por irregularidades urbanísticas cometidas en otros lugares. Anastasio Carrión, principal encartado, por su puesto de director gerente, no se presentó a los requerimientos judiciales, y tiene una orden de busca captura.
Actualmente la empresa está intervenida judicialmente, y se intenta fijar con exactitud el número de acreedores, así como los bienes de la sociedad, que podrían servir para compensar en lo posible estas deudas.
Mientras, la Caja Postal de Ahorros quiere cobrar la hipoteca. Sólo la parte de estos cien pisos asciende a unos catorce millones de pesetas a los que hay que añadir más de dos millones en concepto de intereses de los semestres no abonados, y otras 500.000 como gastos de división horizontal de las viviendas y escritura pública. En total, unos diecisiete millones que los vecinos legalmente no tienen más remedio que pagar en principio aunque luego traten de resarcirse de los bienes de la sociedad. No se sabe hasta qué punto será posible, ya que aún no se conocen claramente la cuantía de estos bienes.
La oferta de los vecinos a la Caja Postal consistió en pagar quinientas pesetas durante veinte años, lo que haría un total de doce millones. Los vecinos aducen que los engañados han sido todos. y que lo lógico es que las pérdidas no recaigan sólo sobre ellos.
La Caja Postal, por su parte, aduce que ella maneja fondos públicos de los que tiene. que dar . cuenta al Ministerio de Gobernación. Se muestra dispuesta a que el pago se efectúe en veinte años, pero cobrando los intereses correspondientes, con lo que la cantidad total a pagar se aproxima a los 36 millones. Es decir, unas 360.000 pesetas más por vecino. Teniendo en cuenta que el precio oficial- de las viviendas -que son de protección oficial- es justamente de 360.000 pesetas, resulta que les ha salido justo porel doble de su valor.
En la asamblea celebrada para discutir esta contrapiopuesta de la Caja Postal, los vecinos decidieron por una parte, aumentar su proposición a 650 pesetas por mes durante veinte años. Por otra, dejar de pagar las letras mensuales. en los casos en que aún les falte algo por pagar. Todo para ganar tiempo mientras se determina los bienes de la empresa, y las posibilidades de los vecinos de recuperar algo de lo que van a tener que comprometerse a pagar.
Asimismo, se acordó enviar un escrito al presidente de las Cortes españolas. Torcuato Fernández Miranda, pidiendo la intervención de los poderes públicos en este tipo de presuntas estafas con falsificación de documento público (el contrato).