Justicia y Paz contra el decreto-ley sobre objeción de conciencia

El reciente decreto-ley sobre objeción de conciencia no responde adecuadamente a las exigencias del derecho de objeción de conciencia reconocido en los pactos internacionales firmados por España, ni, a las orientaciones de la Iglesia, manifestó la comisión nacional Justicia y Paz, en un comunicado de prensa.Las razones de la mencionada comisión en las que se basan para efectuar dicha afirmación son cuatro:

1) En el citado decreto no se ofrece un verdadero estatuto regulador del derecho a la objeción de conciencia, sino la aplicación de la vigente legislación militar sobre prórrogas al c...

El reciente decreto-ley sobre objeción de conciencia no responde adecuadamente a las exigencias del derecho de objeción de conciencia reconocido en los pactos internacionales firmados por España, ni, a las orientaciones de la Iglesia, manifestó la comisión nacional Justicia y Paz, en un comunicado de prensa.Las razones de la mencionada comisión en las que se basan para efectuar dicha afirmación son cuatro:

1) En el citado decreto no se ofrece un verdadero estatuto regulador del derecho a la objeción de conciencia, sino la aplicación de la vigente legislación militar sobre prórrogas al caso de los objetores de conciencia.

2) Tal ley presenta un carácter discriminatorio por razones religiosas en cuanto que únicamente se admite la objeción de conciencia de quienes la apoyan en motivaciones de esa índole y no la de los que se fundan en motivos éticos, humanísticos o filosóficos, que son razones de conciencia igualmente válidas y legítimas para optar por un servicio sustitutorio del servicio militar obligatorio.

3) El tiempo de tres años que se prescribe para duración del servicio del objetor de conciencia resulta excesivo y desproporcionado y equivale, en la práctica, a una sanción.

4) No se determinan ni se especifican con claridad la naturaleza y el carácter del servicio cívico que se contempla y no se prevé participa ción activa alguna de los propios objetores en él.

Finalmente. la comisión de Justicia y Paz, concluye su nota en la confianza de que «el Gobierno hará todo lo posible para la solución urgente y definitiva de este problema, en consonancia con las bases presentadas en el proyecto de esta tuto antes aludido que, como se ha dicho, se fundan en los derechos fundamentales del hombre, reconocidos por las declaraciones y pactos de las Naciones Unidas, las leyes de los países democráticos de Europa y la enseñanza de la Iglesia.»