Suspendida la comisión gestora pro amnistía de Alava
El gobernador civil de Alava, Francisco Javier Ansuátegui, ha prohibido con carácter terminante e inmediato las actividades de la comisión gestora pro amnistía de Alava con apercibimiento expreso de que «en el supuesto de que en lo sucesivo se incurra en cualquier actuación, se instruirán las pertinentes diligencias por posible delito de desobediencia grave a la autoridad, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias que correspondan a la esfera gubernativa".
Esto es lo que se expresa en una circular del Gobierno Civil de la provincia, con fecha, 8 del presente mes. Se destaca en la c...
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El gobernador civil de Alava, Francisco Javier Ansuátegui, ha prohibido con carácter terminante e inmediato las actividades de la comisión gestora pro amnistía de Alava con apercibimiento expreso de que «en el supuesto de que en lo sucesivo se incurra en cualquier actuación, se instruirán las pertinentes diligencias por posible delito de desobediencia grave a la autoridad, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias que correspondan a la esfera gubernativa".
Esto es lo que se expresa en una circular del Gobierno Civil de la provincia, con fecha, 8 del presente mes. Se destaca en la circular que la comisión gestora pro amnistía, de Alava es ilegal, haciendo constar asimismo «que no se halla realmente reconocida ni inscrita en el registro provincial de asociaciones». Según se nos ha informado en fuentes de la propia comisión gestora pro amnistía, ésta piensa interponer recurso en breve plazo contra la decisión del gobernador civil.
En estas mismas fuentes se nos ha mostrado también extrañeza por la declaración de la ilegalidad respecto a la comisión, dado que tiene sus estatutos en trámites de legalización. En este sentido, y según la normativa actualmente vigente, se nos ha informado que el gobernador civil puede suspender sus actividades pero no tiene competencia para declararla ilegal. Al parecer, la comisión gestora pro amnistía de Alava tiene la intención de proceder en breve plazo de tiempo a la recogida de firmas para oponerse a la decisión gubernativa. El número de firmantes podría ser de 50.000.