Tensión entre el Gobierno y los propietarios agrícolas
El enfrentamiento entre los representantes del sector privado y el Gobierno mexicano se ha recrudecido por la decisión presidencial de otorgar 39.000 hectáreas cultivables en los estados de Sonora y Sinaloa a varios miles de campesinos. Hasta ahora, estas tierras estaban en manos de agricultores privados. Cientos de campesinos han rodeado numerosas tierras, dispuestos a apoderarse de ellas, al margen de la decisión judicial federal sobre el tema. No se descartan enfrentamientos armados si llega a movilizarse una fuerza de miles de hombres al servicio de los agricultores privados, que inten...
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El enfrentamiento entre los representantes del sector privado y el Gobierno mexicano se ha recrudecido por la decisión presidencial de otorgar 39.000 hectáreas cultivables en los estados de Sonora y Sinaloa a varios miles de campesinos. Hasta ahora, estas tierras estaban en manos de agricultores privados. Cientos de campesinos han rodeado numerosas tierras, dispuestos a apoderarse de ellas, al margen de la decisión judicial federal sobre el tema. No se descartan enfrentamientos armados si llega a movilizarse una fuerza de miles de hombres al servicio de los agricultores privados, que intentarían evitar por todos los medios la ocupación de los campesinos.
Miles de comercios han cerrado sus puertas en solidaridad con los propietarios privados de las tierras, alegando que la decisión del presidente y del ministro de Agricultura viola la Constitución. Los empresarios mexicanos acordaron un paro general de actividades que no ha alcanzado los resultados previstos y los más importantes periódicos del país han insertado, como publicidad pagada, el dictamen de dos juristas según el cual el Gobierno ha violado la ley.
El Gobierno, a través del Partido Revolucionario Institucional, que lleva cincuenta años en el poder, ha respondido pidiendo una investigación sobre el industrial Andrés Marcelo Sada, presidente de la Confederación Patronal mexicana, al que acusan de querer desestabilizar el país propagando que el Gobierno quiere llevar México hacia el comunismo.
Por su parte, el presidente de los propietarios de tierras ha advertido que si son ocupadas las 39.000 hectáreas, 100.000 trabajadores se quedarán sin empleo.