Revisiones de precios y restricciones al consumo

La descripción del sector energético español que expusimos en el primer capítulo de esta serie, publicado ayer pone de relieve cuán vulnerable se presentaba éste ante una situación como la surgida en el otoño de 1973 con la llamada crisis del petróleo. Una escasa diversificación de las fuentes de energía la elevada dependencia exterior en el abastecimiento, un acusado desequilibrio en los precios finales con un trato muy favorable para los consumos industriales frente a los restantes usos de la energía y, por último, una elevada fiscalidad sobre los carburantes, todo ello suponía un cúmulo de ...

La descripción del sector energético español que expusimos en el primer capítulo de esta serie, publicado ayer pone de relieve cuán vulnerable se presentaba éste ante una situación como la surgida en el otoño de 1973 con la llamada crisis del petróleo. Una escasa diversificación de las fuentes de energía la elevada dependencia exterior en el abastecimiento, un acusado desequilibrio en los precios finales con un trato muy favorable para los consumos industriales frente a los restantes usos de la energía y, por último, una elevada fiscalidad sobre los carburantes, todo ello suponía un cúmulo de obstáculos a salvar tras la elevación del precio mundial de los crudos y, su superación llevada a un cambio radical en el marco económico en que se había desenvuelto en el pasado el sector de la energía.

La tradicional inercia en la adopción de medidas económicas tuvo que vencerse en-esta ocasión y se adoptaron sucesivas disposiciones que, en una primera interpretación, pudieran encuadrarse dentro de una política energética a largo plazo.

Para el mes de marzo de 1974 se había trasladado ya a los precios finales el alza en origen del coste de los crudos, en el otoño del mismo año se estableció un programa de contención directa de la demanda de productos energéticos y a principios de 1975 se anuncia un Plan Energético para el decenio próximo. Así pues una política a corto plazo encaminada a equilibrar financieramente el coste de la energía, una política a medio plazo para la limitación del consumo y la planificación del sector para un período decenal, hacían pensar en una política coherente en materia de energía.

En las líneas que siguen vamos a realizar un somero balance de la política energética en materia de precios, restricciones al consumo y planificación durante los tres últimos años y, de acuerdo con sus resultados sugerir las posibles bases de una política energética en España.

Política de precios

En marzo de 1974 se había configurado ya el nuevo cuadro de precios que tendría como objetivo el trasladar al consumidor privado o industrial la elevación de los precios de los crudos en origen. El coste adicional de los crudos se estimó en 125.000 millones de pesetas para los 39 millones de toneladas consumidas en España y la distribución entre los tres principales mercados consumidores fue muy desigual; se aumentó en promedio 7, 50 pesetas/litro de las gasolinas, 3,50 pesetas/litro de gas-oil y 1, 30 pesetas kilo de fuel. En consecuencia, la distribución aproximada de los 80.000 millones de mayor recaudación para estos tres productos fue.

Esto supuso, que las gasolinas con sólo un 13 por 100 del tonelaje de estos tres productos absorbieron el 36 por 100 de la repercusión total, mientras que el fuel térmico industrial con un 58 por 100 del tonelaje, solamente el 27 por 100.

En consecuencia, se mantuvo estructura de precios existente con la idea, al parecer, de no incidir excesivamente en los costes industriales ni en el preció de la energía eléctrica. El fuel-oil pesado tenía anteriormente un precio único de 1.400 pesetas tonelada y a partir de marzo de 1974 se elevó a 3.200 pesetas, para las industrias de gas-y cemento y 2.400 pesetas para las centrales térmicas.

Para compensar el mayor coste del combustible a las térmicas se elevaron las tarifas eléctricas el 15,857 por 100

En 1975 se elevan nuevamente los precios. La electricidad a principios de año: 13 por 100 para el consumó doméstico y un 4 por 100 más, 17 por 100, para el consumo industrial. EIevando más los precios industriales, se pretendía reducir el desequilibrio entre usuarios que ya se ha comentado anteriormente. Al finalizar el año se elevan nuevamente los carburantes —cuatro pesetas el litro de gasolina y 3,50 el gas-oil para transporte. También se elevan los precios del fuel, que pasan a ser 5.000 pesetas/tonelada para la industria y 4.200 pesetas para la generación de energía eléctrica, aumento que se traslada a las tarifas con una elevación del 8 por 100, l8 y 20 por l00 de acuerdo con el tipo de consumo doméstico, comercial o industrial respectivamente. En el año actual ha habido nuevas elevaciones de los carburantes pero no de los combustibles y su finalidad ha sido básicamente recaudatoria aún cuando se haya justificado en la necesidad de con tener la demanda.

Comparación internacional

Tras este periodo de intensa actuación sobre los precios de los productos energéticos se ha llegado en España a triplicar el precio del fuel-oil térmico, casi multiplicar por cuatro el fuel-oil no térmico y se han más que duplicado los precios de las gasolinas y del gas-oil para transporte. La electricidad ha registrado aproximadamente un alza de precio comprendida entre 37 por 100 para uso doméstico y 53 por 100 para uso industrial.

Por tanto, se han acortado las diferencias relativas entre precios industriales y precios al consumidor, si bien parece que son aún es tas diferencias excesivas, sobre todo si se comparan con la política de precios seguida por otros países europeos, también con importantes déficits energéticos.

De la confrontación de nuestro cuadro de precios, con los franceses, alemanes e italianos se llega a las siguientes conclusiones; la comparación se hace en base a los precios existentes en estos países en 1975, precios que pueden diferir de los vigentes en este momento dada las frecuentes modificaciones que registran en todos los países:

—En España ha habido un claro retraso en la traslación a los precios finales de las alzas de los crudos, lo cual, probablemente, ha retrasado también el sustancial descenso de las importaciones que se registró en los países industrializados inmediatamente después de la crisis.

—Los productos energéticos destinados a la industria eran mucho más baratos en España en 1975 que en los restantes países. En Alemania el fuel-oil para la industria era un 30 por 100 más caro y en Francia un 15 por 100.

—El fuel-oil para las centrales térmicas costaba un 22 por 100 más en la República Federal Alemana, un 40 por 100 más en Francia y un 10 por 100 más en Italia.

—Por último, el abanico de precios en la energía eléctrica era mucho menor en todos los demás países que en España. En 1975, el kilowatio-hora doméstico costaba en España 2, 68 veces lo que el kilowatio/hora industrial más barato, frente a 1, 58 veces en Gran Bretaña y 1, 86 en Alemania.

En este aspecto es importante destacar que los restantes países existe una diferencia importante entre el pequeño y gran consumo industrial mientras que en España esa diferencia era solamente del 6 por 100 frente a un 42 por 100 en Alemania, 36 por 100 en Francia, 30 por 100 en Italia.

Así pues vemos que nuestra política de precios en energía parece estar bastante lejos de lo que se ha practicado en otros países con alto consumo y cuyos resultados prácticos han sido bastante más positivos que en España para frenar la demanda. Italia adoptó inicialmente una política de elevaciones relativamente moderadas de los precios pero ante el enorme déficit exterior ha tenido que endurecer fuertemente su política de precios en todos los productos energéticos.

Por último vamos a tratar de ver, en la escasa medida que es posible con los aún más escasos datos estadísticos disponibles, cómo ha evolucionado la demanda de productos energéticos en el trienio 1973-1975.

Efectos sobre la demanda

¿Qué efectos ha tenido esta in tensa actuación sobre los precios en la demanda?... Recogemos en un cuadro los consumos y sus variaciones porcentuales de los cinco principales productos energéticos.

En 1974, como se ve en el cuadro, el consumo de gasolina y gas-oil se mantuvo prácticamente estancado lo que supone un descenso real por vehículo teniendo en cuenta el aumento del parque automovilístico.

Por el contrario se registró un crecimiento del 4,1 por 100 en el fuel industrial y el 18,3 por 100 del térmico con lo que se hizo frente al crecimiento de la demanda de energía eléctrica + 8,3 por 100.

En el año siguiente, 1975, desciende la tasa de aumento de consumo de fuel industrial, crecen los consumos de gasolina (+ 10, 3 por l00) y gas-oil (+ 5por 100).Ya el crecimiento de las rentas monetarias y del parque automovilístico habían recuperado la demanda de gasolina, en tanto que se había desacelerado la tasa de crecimiento de electricidad (± 3.45 por 100) y por tanto, de la utilización del fuel en las centrales térmicas. A excepción del fuel industrial (— 3, 4 por 100), el consumo de los restantes carburantes y combustibles crecía a pesar de la situación deprimida en que se encontraba la economía española.

Restricciones al consumo

Aparte de esa medida, ya tradicional, de variación del horario de primavera y verano cuyos efectos sobre el consumo no son cuantificables excepto para los exactos cálculos oficiales, las únicas disposiciones encaminadas a frenar la demanda de energía se adoptaron en la última reunión del Gobierno antes de la crisis del otoño de 1974.

Su suerte y, por tanto, su eficacia fueron tan precarias como el interés demostrado en su aplicación.

Algunas de las medidas fueron innecesarias: limitación del consumo de combustibles para calefacciones y para las centrales térmicas, precios diferenciales para el fuel industrial al exceder de determinado consumo. Un invierno benigno y la recesión creciente evitaron su aplicación.

Otras siguen vigentes en el ya innumerable arsenal de disposiciones oficiales en desuso: limitación de velocidades en carreteras, terminación de programas de televisión a las 11.30, limitación al 20 por 100 de la temperatura en edificios oficiales, suspensión del alumbramiento público a las 11 de la noche, etc. De estas disposiciones ya no se acuerda nadie y en este orden de medidas había que preguntarse a cuantas industrias les ha sido denegada su puesta en funcionamiento por exceso de consumo de energía y a cuantas otras se ha comprobado el consumo efectivo.

No obstante, es preciso decir que en los meses inmediatamente siguientes a la publicación de estas medidas los efectos sobre el consumo de electricidad, fueron significativos.

Sin duda la pobreza de datos y de trabajos sobre estos temas muestra la indiferencia con que se tratan, pero con las estadísticas disponibles de producción mensual se llega a la conclusión de que el efecto a corto plazo fue, en términos de contención del consumo, altamente positivos. Las centrales de UNESA generaron en los diez primeros meses de 1974 un 7 por 100 más de electricidad que en los mismos meses de 1973, mientras que en los dos meses siguientes —noviembre y diciembre— (que son meses de muy alto consumo) el crecimiento de 1974 sobre 1973 fue solamente el 3 por 100.

En los diez primeros meses de 1975 el crecimiento de la generación de electricidad fue de un 2 por 100 aproximadamente más en 1975 que en 1974 mientras que en los dos últimos meses (noviembre y diciembre) olvidadas ya las medidas restrictivas del otoño de 1974, el aumento fue del 7por 100. Por tanto, la experiencia de las restricciones directas sobre el consumo, al menos a corto plazo, han tenido efectos claramente moderadores en el crecimiento del consumo de energía.

Esta política de actuación directa sobre la demanda era aún más necesaria en el contexto de inflación generalizada en que se desenvolvía nuestra economía puesto que los precios de los productos energéticos, por distintas razones, se mueven menos frecuentemente que los restantes precios.

Sin embargo, no se ha vuelto a recurrir a este procedimiento y lo único que se nos ha asegurado en grandes «posters» es la insolvencia del país para hacer frente al pago de la factura exterior de energía, o lo que es lo mismo, la incapacidad de la Administración para hacer coincidir la actuación individual con el interés público.