UDPE: defensa de la legitimidad de las instituciones del Estado

La Unión del Pueblo Español (UDPE), asociación netamente franquista y cuyo primer presidente fue el actual titular del Gobierno, Adolfo Suárez, ha facilitado también un comunicado sobre el proyecto de reforma. política del Gobierno, en el que tras calificarlo como positivo, hace una serie de consideraciones sobre cómo debe ser el procedimiento de reforma constitucional. El texto del comunicado es el siguiente:«UDPE entiende que la sociedad española se encuentra en una situación muy grave de confusión y contradicciones que necesita resolverse y clarificarse en el más breve plazo posible....

La Unión del Pueblo Español (UDPE), asociación netamente franquista y cuyo primer presidente fue el actual titular del Gobierno, Adolfo Suárez, ha facilitado también un comunicado sobre el proyecto de reforma. política del Gobierno, en el que tras calificarlo como positivo, hace una serie de consideraciones sobre cómo debe ser el procedimiento de reforma constitucional. El texto del comunicado es el siguiente:«UDPE entiende que la sociedad española se encuentra en una situación muy grave de confusión y contradicciones que necesita resolverse y clarificarse en el más breve plazo posible.

El proyecto de ley elaborado por el Gobierno, dentro de sus limitaciones y defectos técnicos, representa una posibilidad de romper la situación de incertidumbre en que nos encontramos, y por ello puede ser aceptado como base para su debate por las Cortes españolas, después de su informe preceptivo por el Consejo Nacional.

Dada la importancia excepcional que tiene para el futuro de la vida española que dicho proyecto perfección e sus contenidos, dentro de las Cortes, a través de un debate público y libre, al margen de toda presión, no debe someterse su discusión al procedimiento de urgencia, recientemente introducido, sino al procedimiento que determina el propio Reglamento de las Cortes. Con la reducción al mínimo de los plazos que en él se establecen y que permiten cumplir el calendario que el Gobierno ha fijado.

Merece señalarse como positivo en el proyecto, la voluntad de ampliar el ámbito de participación del pueblo, español a través de una generalizacíón, del sufragio que permita, entre otras cosas, conocer con mayor certeza la voluntad popular.

A juicio de UDPE, en la composición de las futuras Cortes deberá mantenerse la necesaria y deseable presencia en ellas y dentro del Senado la representación obrera y empresarial.

Deberá rechazarse globalmente todo cuanto suponga desconocimiento o menosprecio de la legitimidad de las instituciones del Estado sin perjuicio de su perfeccionamiento.

Dentro de la voluntad democratizadora del proyecto, deberá completarse este alcance manteniendo en todo caso el carácter necesario del referéndum frente al optativo que el texto propuesto señala.

Es preciso que, ya sean en el texto de la propia ley, o en la correspondiente ley electoral, el sistema sea por sufragio mayoritario, teniendo en cuenta de otra parte, la necesidad de que todas las provincias españolas estén equitativa y suficientemente representadas en el Congreso de los diputados.

UDPE entiende que deberán mantenerse el carácter de constitución abierta que caracteriza a nuestro superior ordenamiento jurídico sin que pueda aceptarse que las próximas Cortes se dibujen con el carácter específico y singular de constituyentes, por cuanto todo perfeccionamiento puede ser estudiado y votado no sólo durante su legislatura sino también en cualquier otra del futuro.

En todo caso, UDPE hace honor al carácter especial que dentro de las Leyes Fundamentales tiene la ley de Principios Fundamentales del Movimiento.

Sin pretender agotar el juicio y consideraciones que le merecen, UDPE desea manifestar su independencia frente a este proyecto del Gobierno, al paso que señala una vez más la necesidad de exigir el respeto y cumplimiento estricto, por todos, de la ley, poniendo fin a todo proceso de tolerancia que suponga un desprecio evidente, no sólo a las leyes del Estado de derecho en que vivimos y pretendemos vivir, sino también a los alto, organismos legislativos españoles y a sus miembros, y en consecuencia al conjunto de la comunidad nacional con detrimento de la seguridad jurídica y el consiguiente deterioro de toda autoridad».