Unidad nacional, soberanía popular y Monarquía

La unidad y la soberanía nacionales, el carácter indiscutible de la Monarquía, las libertades políticas y la reforma económica son, entre otras, algunas de las ideas principales expresadas en las bases doctrinales aprobadas ayer por la asociación ANEPA en su segunda Asamblea Nacional.

La reunión comenzó con la intervención del presidente de la asociación, Enrique Thomas, quien resaltó la importancia de las próximas elecciones en las que, según dijo, puede que no haya ningún ganador, por la atomización de los grupos políticos. Afirmó que España es el país más inorgánico del mundo y que l...

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La unidad y la soberanía nacionales, el carácter indiscutible de la Monarquía, las libertades políticas y la reforma económica son, entre otras, algunas de las ideas principales expresadas en las bases doctrinales aprobadas ayer por la asociación ANEPA en su segunda Asamblea Nacional.

La reunión comenzó con la intervención del presidente de la asociación, Enrique Thomas, quien resaltó la importancia de las próximas elecciones en las que, según dijo, puede que no haya ningún ganador, por la atomización de los grupos políticos. Afirmó que España es el país más inorgánico del mundo y que lo seguirá siendo.Seguidamente, el vicepresidente, Salvador Serrats, expuso la ponencia de las bases doctrinales, cuya discusión ocupó la mayor parte de la mañana.

En las bases finalmente aprobadas se afirma la unidad nacional como indiscutible, si bien se admite la variedad regional y su reconocimiento, así como la participación en su robustecimiento de las entidades locales y provinciales.

También se proclama la dignidad del hombre como causa y fin de la actividad política, y se rechazan los totalitarismos. También se propone un cambio sustancial de la constitución y su conformación en un cuerpo orgánico unitario.

La soberanía nacional, según las bases, reside en el pueblo y está personificada por el Rey. La institución monárquica, a la que se declara lealtad y adhesión, se sitúa fuera de discusión.

Por otra parte, se señala la libertad como valor esencial, afirmada mediante el ejercicio de las libertades políticas. Se propugna el pleno reconocimiento de éstas, especialmente el derecho de asociación, dentro de la legalidad vigente.

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Se preconiza también la organización democrática del Estado y el autogobierno de la sociedad mediante una representación inorgánica por sufragio universal, libre, directo y secreto.

También se propone la revisión del orden económico y social, respetando la propiedad privada, con la reforma del sistema tributario, de la empresa, del medio rural y de la planificación económica, así como la corrección de los desequilibrios regionales. Se. incluye también la libre asociación de los trabajadores y empresarios, así como el reconocimiento legal de la huelga y el despido.

En cuanto a la política exterior, se reivindica Gibraltar y se pide una política con Estados Unidos que no signifique la hipoteca de la independencia nacional.

Por último, se proclama la independencia de la Iglesia y el Estado y se hace una llamada a quienes son partidarios de la evolución coherente frente al inmovilismo y la ruptura.

Renovación de la directiva

La sesión de la tarde comenzó con una reunión a puerta cerrada de la Junta Nacional de ANEPA, tras la que se acordó la renovación de los cargos directivos de la asociación. La forma en que esta renovación se llevará a cabo será estudiada en la reunión que la junta celebrará el próximo martes.Respecto al programa político, se acordó nombrar una comisión que, con el Voto de confianza de la asamblea, se ocupe de su redacción, sobre las bases doctrinales aprobadas ayer.

Al término de la asamblea, ANEPA hizo público un comunicado en el que, entre otras cosas, pide la unión de las mayorías democráticas y nacionales como elemento fundamental para la estabilidad democrática La organización democrática y monárquica del Estado y una serie de medidas de orden económico que afronten los problemas planteados.

Por último, la asociación declara su acatamiento a la legalidad vigente y pide al Gobierno garantías para que la voluntad popular pueda expresarse sin las posibles presiones provenientes de acciones subversivas, violencias y alteraciones del orden público y la vida laboral.

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