Después de las Cortes

A DECIR verdad las Cortes no han resuelto nada ayer entorno al problema de la legalización del Partido Comunista. La reforma del Código Penal ha quedado tan llena de ambigüedades, que nuestros jueces tendrán que hacer un verdadero esfuerzo de exégesis a la hora de aplicar el espíritu de la ley. En el orden práctico, la Administración puede hacer mangas y capirotes con la ley de Política ya aprobada. La necesidad de que los partidos pasan por una ventanilla gubernativa para inscribirse, no deja de ser un requisito antidemocrático y una seria traba al derecho de asociación. Pero en cualquier cas...

A DECIR verdad las Cortes no han resuelto nada ayer entorno al problema de la legalización del Partido Comunista. La reforma del Código Penal ha quedado tan llena de ambigüedades, que nuestros jueces tendrán que hacer un verdadero esfuerzo de exégesis a la hora de aplicar el espíritu de la ley. En el orden práctico, la Administración puede hacer mangas y capirotes con la ley de Política ya aprobada. La necesidad de que los partidos pasan por una ventanilla gubernativa para inscribirse, no deja de ser un requisito antidemocrático y una seria traba al derecho de asociación. Pero en cualquier caso la reforma está ahí y ahora se trata de ver cómo camina.Hay dos puntos que nos parece de interés resaltar en este momento. El primero, la oportunidad de que los partidos de la oposición aprovechen o no el camino abierto en las Cortes. Creemos sinceramente que las leyes aprobadas no son democráticas y sólo contribuyen a la creación de un clima predemocrático, pero por lo mismo pensamos que sería un error desaprovechar cuantos caminos se ofrezcan para hacer viable el establecimiento de las libertades políticas y ciudadanas en nuestro país. Dígase lo que se diga, la actual situación desembocará antes o después en un proceso plenamente constituyente, en ese momento es preciso contar con la integración leal de todos los sectores de la nación.

El segundo, la necesidad de no condenar al Partido Comunista a la acción clandestina, pues sería un absurdo pensar que si no se les legaliza y se les persigue se habrá de acabar con él: cuarenta años de dictadura no lograron impedir que los comunistas españoles posean hoy una organización sólida y un partido respetado internacionalmente.

Los comunistas no deben ser, sin embargo, convertidos en una cuestión nacional. Durante cuatro décadas el antiguo régimen ha buscado su precaria identidad doctrinal en un sistemático anticomunismo. Pero en la actual situación, de corte predemocrático, sería un grave error edificar el nuevo sistema de equilibrios sobre la marginación forzosa de un sector de la realidad política nacional.

Relegar al PCE al subsuelo político restaría credibilidad al nuevo régimen ante los grandes países europeos. En todos ellos están legalizados los partidos comunistas y en algunos han logrado elevados porcentajes electorales. Pero desde la nueva época que abrió la segunda guerra mundial, ninguno de ellos ha llegado al poder por el camino de las urnas. En acelerada y profunda evolución, las formaciones comunistas europeas se integran más y más en sus sociedades respectivas, con un carácter de partidos clasistas insertos, de algún modo, en cada establishment nacional.

En el caso de los comunistas españoles habría que aducir su carácter de partido sin duda importante, pero en modo alguno mayoritario. Es difícil atribuir al PCE un carácter violento o antidemocrático, excepción hecha de su comportamiento durante la guerra civil en la que desdichadamente quedaron desatadas tantas insanias y rencores. Las limitaciones aprobadas ayer en Cortes para asociaciones de obediencia internacional que pretendan un régimen totalitario no clarifican la situación respecto a un partido que niega su obediencia a Moscú y admite el pluralismo democrático. La reciente experiencia electoral italiana resulta harto elocuente al respecto.

Excluir al PCE del nuevo equilibrio democrático no pasaría de ser el ticket que algunos políticos medrosos estarían dispuestos a pagar a los representantes de antiguos intereses como peaje de la reforma. Sería un paso que radicalizaría presumiblemente a la base comunista y en cierta medida daría la razón al ala más intransigente del partido.

Los expertos solventes sostienen que el Partido Comunista español figura entre los más moderados y antisoviéticos de occidente. Si el tiempo demostrara que, por el contrario, el comunismo español es sinónimo de violencia o de servicio a los intereses de una superpotencia nuclear, la sociedad estaría siempre a tiempo de dictar sentencia firme sobre el caso.

Pero si la colectividad nacional se siente adulta y fuerte para hacer frente a la realidad, es hora de que descubra el verdadero peso de una organización política que no debe rodearse ya de persecución y misterio.