Posible malversación de fondos públicos

El gobernador civil de Pontevedra ha ordenado la entrega a la fiscalía de la Audiencia Provincial del informe realizado por el Servicio de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales sobre el afaire de Porriñó: una malversación de fondos públicos del Ayuntamiento de la villa, por la que están suspendidos de empleo el depositario municipal y un jefe de negociado de la Delegación de Hacienda, supuestos implicados en el caso. Al parecer, al comunicar el hecho a la Audiencia se ha advertido que la inspección administrativa está relacionada con las diligencias instruidas por un j...

El gobernador civil de Pontevedra ha ordenado la entrega a la fiscalía de la Audiencia Provincial del informe realizado por el Servicio de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales sobre el afaire de Porriñó: una malversación de fondos públicos del Ayuntamiento de la villa, por la que están suspendidos de empleo el depositario municipal y un jefe de negociado de la Delegación de Hacienda, supuestos implicados en el caso. Al parecer, al comunicar el hecho a la Audiencia se ha advertido que la inspección administrativa está relacionada con las diligencias instruidas por un juzgado de Pontevedra (posiblemente por denuncia de Hacienda), que investiga la actuación del funcionamiento provincial. En este trámite se ha tomado declaración al ex alcalde de Porriño Gonzalo Ordoñez, durante cuyo mandato, el año pasado, ocurrieron los hechos.La próxima semana, la Corporación municipal porrinesa se reunirá, a instancias del Gobierno Civil, para solicitar del Banco de España una inspeccion de la sucursal del Banco-Simeón, en la localidad, oficina en la que parece estuvo depositado varias semanas un talón por importe de 800.000 pesetas de una cuenta municipal, que no se llegó a abonar por falta de algunos requisitos y que fue retirado a raíz de iniciarse las investigaciones sobre el afaire. Hay indicios de que el dinero del cheque bancario debería cubrir el abono a Hacienda organismo que oficialmente no había solicitado esa cantidad de contribuciones sobre propiedades municipales, y que el talón fue despachado en el Ayuntamiento después de aprobar el gasto, justificado con unos recibos falsificados. Igualmente investiga, como anticipó EL PAIS (6 de mayo), el pago a desconocidos de varios cheques, por importe global de unas 30.000 pesetas que estaban destinados a los propietarios de unos terrenos necesarios para la realización de obras de mejora en una vía pública.