El Gobierno contesta al duro comunicado de la UCI que ponía en la diana a España: “Blanquear a través del deporte sí es una posición política”

Apenas unas horas después de que la Vuelta ciclista a España se viera obligada a despedir su 90ª edición sin ganador final ni ceremonia de podio por las multitudinarias protestas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech en la carrera, el director de la ronda española, Javier Guillén, daba explicaciones sobre por qué la organización siguió con la celebración de la última etapa a pesar de los múltiples llamamientos a manifestarse y las convocatorias de protestas pro-Palestina a lo largo de todo el recorrido y, muy especialmente, en el centro de la ciudad. Allí, en la Gran Vía, en Atocha, en Neptuno y en Cibeles, los grupos más violentos de entre los 100.000 manifestantes tomaron la calle e hicieron inviable que Jonas Vingegaard, ganador de la Vuelta, gozara del tradicional fin de fiesta por las calles de la capital. Los altercados han desatado toda suerte de reacciones en la política y el deporte. Y han enfrentado directamente a la Unión Ciclista Internacional con el Gobierno de España.

Por la tarde, en un duro comunicado, la UCI cargaba contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Desde la llegada de la carrera al territorio español, la Vuelta se ha visto perturbada casi a diario por acciones de carácter militante: intrusiones de individuos en el pelotón, lanzamiento de orina y puesta en peligro de los corredores, atentando contra su integridad física, ya que algunos sufrieron caídas, lesiones y se vieron obligados a abandonar la prueba”, lamentan; “los actos reiterados que afectaron a un número considerable de etapas constituyen una grave violación de la Carta Olímpica y de los principios fundamentales del deporte”.

“Lamentamos asimismo que el presidente del Gobierno español [Pedro Sánchez] y su equipo hayan respaldado acciones realizadas en el marco de una competición deportiva que pueden obstaculizar su buen desarrollo y que, en algunos casos, hayan expresado su admiración hacia los manifestantes”, sentencian; “esta postura contradice totalmente los valores olímpicos de unión, respeto mutuo y paz. Además, pone en tela de juicio la capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos internacionales, garantizando su buen desarrollo en condiciones de seguridad y de conformidad con los principios de la Carta Olímpica”. “La posición de La Vuelta en todo esto es clara”, se había defendido Guillén horas antes; “nosotros nos guiamos por la normativa de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Aquí las normas de participación las pone la UCI. Es a ella a quien le corresponde establecer el derecho de sanción o de exclusión [de un equipo] durante las carreras. En todo momento nos hemos movido en esa legalidad. Nos hemos quedado ahí y no hemos querido entrar en ningún debate más”.

Ya caída a noche, el Consejo Superior de Deportes (CSD), compartió la carta que su presidente, el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, había remitido al presidente de la UCI, David Lappartient, en respuesta a sus declaraciones: “El deporte no puede ser una isla indiferente a lo que sucede en el mundo ni mucho menos permanecer ajeno a las graves violaciones de los derechos humanos. No hay paz sin justicia y blanquear a través del deporte un genocidio como el que se está cometiendo en Gaza, con miles de muertos, niños y niñas inocentes y una hambruna ya declarada por Naciones Unidas, esto sí es una posición política que contraviene la Carta Olímpica y los valores más básicos del deporte”, señala el presidente del CSD. En esa misma carta, Rodríguez Uribes defiende la capacidad organizativa de España: “Los numerosos eventos internacionales que ya hemos albergado y que seguiremos organizando dan muestras más que suficientes del buen hacer del pueblo español”.

Por la mañana, Guillén había querido subrayar que “en ningún momento” se plantearon la posibilidad de cancelar la última etapa en Madrid, una jornada destinada al tradicional paseo de los ciclistas por la ciudad, pero con la clasificación general ya decidida en favor de Vingegaard. “Tuvimos reuniones con la Delegación del Gobierno y consideramos que los cordones de seguridad que se habían decretado eran suficientes”, ha declarado el director de la prueba; “por ese motivo no se consideró la suspensión de la etapa”.

A la vista de las masivas movilizaciones, la decisión resultó ser tan conflictiva como lo fue en su momento la tomada por la UCI de mantener en competición al equipo Israel-Premier Tech, cuyo propietario, el multimillonario Sylvan Adams, es amigo personal del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Adams es sionista y ha defendido públicamente la ofensiva del ejército israelí en la franja de Gaza. El equipo, que lleva el nombre de Israel por deseo expreso del propietario, se proyecta como una herramienta para blanquear la imagen del país a través del deporte. Y su presencia ha sido el detonante de las protestas que han afectado a la competición desde la primera semana de la carrera.

Respecto a la postura de la UCI y de su presidente, David Lappartient, ausente durante el transcurso de la Vuelta, Guillén había sido claro: “Hablamos con ellos para hacerles ver cuáles eran los acontecimientos que estábamos viviendo aquí y para que tomaran posición. Y sí, la UCI tomó posición: hizo un comunicado para mantener al equipo Israel-Premier Tech en carrera. Nosotros nos hemos guiado en todo momento por lo que ellos nos han dicho. Cualquier movimiento sin su consentimiento, además, hubiera derivado en una serie de consecuencias legales muy negativas, algo que hubiera afectado a España en el marco del deporte internacional”.

Así, en caso de no seguir las pautas marcadas por la UCI, La Vuelta podría llegar al extremo de, por ejemplo, perder la categoría World Tour, la denominada primera división del ciclismo internacional, algo que afectaría no solo a la relevancia de la prueba, sino al impacto económico generado por, entre otros aspectos, los derechos de televisión de la carrera.

Más allá de legales, por tanto, las consecuencias a las que se refiere Guillén también habrían sido económicas, como se precisa en los contratos firmados con la propia UCI, con los organismos políticos (como la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, que se comprometieron a destinar 45.000 y 350.000 euros respectivamente a la Vuelta para, según los contratos, promocionar Madrid ante el mundo) y con los diferentes patrocinadores de la competición. Por ese motivo, entre otros, la organización de la ronda española mantuvo en pie la disputa de la 21ª etapa hasta el último momento, cuando, a falta de 43 kilómetros para la meta, y con las calles de Madrid ya invadidas por los manifestantes, se tuvo que cancelar la celebración de la misma.

“Quiero lamentar y condenar lo ocurrido. Pocos comentarios son necesarios. Las imágenes hablan por sí solas”, había asegurado Guillén nada más arrancar su declaración. El madrileño, de 52 años, es el mandamás de la Vuelta desde 2009, cuando asumió el cargo tras siete cursos en Unipublic, la empresa que organiza la prueba desde 1979. Un año antes de iniciar su mandato, no obstante, la promotora del Tour de Francia, ASO (Amaury Sport Organisation; del grupo Amaury), compró el 49% de la matriz española. Seis años más tarde, en 2014, la compañía francesa adquirió el 51% restante y la Vuelta pasó entonces a ser propiedad completa de ASO, gestora, además, de carreras como la París-Roubaix, la Lieja-Bastoña-Lieja, la Volta a Catalunya o el Rally Dakar; y dueña de medios de comunicación como L’Equipe y Le Parisien bajo el accionariado de la estrasburguesa Marie-Odile Amaury, cuya fortuna, estimada el pasado año en 675 millones de euros, la sitúa como la cara visible de una de las 200 familias más ricas de Francia.

La Vuelta, no obstante, es una fuente de ingresos muy rentable para Unipublic y, por consecuencia, para ASO. El pasado año, sin ir más lejos, la ronda española elevó un 10% su facturación, según datos de 2Playbook. En esa edición, Unipublic obtuvo cerca de 11,5 millones de euros de beneficios, algo a lo que ayudó en gran medida la salida desde Lisboa, una tónica, la de partir desde el extranjero, que se está convirtiendo en costumbre durante los últimos años, no solo por la expansión de marca de la carrera, sino por el impulso económico que ello supone. Tanto es así, que desde 2022 y, al menos, hasta 2026, la Vuelta arrancará cuatro veces desde fuera de España (Utrecht, en 2022; Lisboa, en 2024; Turín, este año; y Mónaco, el que viene).

“Nosotros somos una carrera ciclista. Lo que queremos reivindicar es eso”, ha añadido Guillén, de vuelta a las protestas, en el hotel Chamartín The One de Madrid; “somos deporte y eso es lo que queremos ser. Nos parece muy bien que todo el mundo aproveche la plataforma que ofrece la Vuelta para reivindicar lo que quiera, pero igual que nosotros solicitamos respeto hacia las manifestaciones, pedimos respeto para la carrera y para nuestros deportistas”.

Por último, Guillén ha querido acordarse de aquellos que, dice, han promovido lo acontecido este domingo en las calles de Madrid. “Desde luego, cuando llamas a boicotear y se boicotea, eso causa un daño a todos los que hacemos esta carrera. Esa es la parte que más daño nos ha hecho”, ha sentenciado antes de despejar las dudas sobre el inicio del próximo Tour de Francia, prueba que, también bajo el paraguas de ASO, arrancará en Barcelona el próximo verano. “A partir de esta Vuelta, las entidades internacionales van a tener que tomar decisiones [sobre la participación de Israel en competiciones deportivas], pero estoy seguro de que Barcelona va a tener su salida y va a tener un gran Tour de Francia. Ojalá cuando llegue ese momento todo esté solucionado y el conflicto en Gaza haya concluido”.

Hasta entonces, será muy complicado ver a una prueba World Tour expulsar al equipo Israel-Premier Tech sin el beneplácito de la UCI o, a mayor escala, del Comité Olímpico Internacional (COI). De hacerlo, la organización de la prueba en cuestión se enfrentaría muy probablemente a un juicio contra el equipo en el que tendrían todas las de perder en los tribunales de Suiza, puesto que la estructura financiada por Sylvan Adams forma parte de la primera división del ciclismo mundial por méritos deportivos. Otra cuestión es lo que acontezca en el Europe Tour, donde, lejos del primer escalafón internacional, y, por tanto, lejos de las obligaciones que conlleva ser una prueba World Tour, carreras como la Clásica de Almería ya han decidido no invitar al conjunto israelí por la ofensiva en la franja de Gaza que ha dejado ya 64.000 muertos desde octubre de 2023.