La Fiscalía pide al Seprona que tome muestras de los ‘pellets’ y las analice para determinar si son peligrosos

Un juzgado de Noia ha acordado este miércoles iniciar diligencias por la posible existencia de un delito contra los recursos naturales por el vertido

Una voluntaria recogía 'pellets' de plástico en la playa de Noia (A Coruña), este miércoles.ÓSCAR CORRAL
Madrid / Corrubedo (A Coruña) -

El fiscal de Sala de Medio Ambiente ha abierto este miércoles diligencias de investigación preprocesales sobre el vertido de pellets que está llegando a las costas del norte de España. En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el organismo pide al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que tome muestras de los pellets y las analice para determinar si son peligrosos, y solicita información sobre cómo está afectando el vertido a los parques nacional...

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El fiscal de Sala de Medio Ambiente ha abierto este miércoles diligencias de investigación preprocesales sobre el vertido de pellets que está llegando a las costas del norte de España. En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el organismo pide al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que tome muestras de los pellets y las analice para determinar si son peligrosos, y solicita información sobre cómo está afectando el vertido a los parques nacionales y naturales gallegos. Se trata del paso siguiente tras la apertura diligencias que tomó la Fiscalía General del Estado el lunes. Mientras, un juzgado de Noia ha acordado este miércoles iniciar diligencias por la posible existencia de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por el incidente.

El documento de la Fiscalía autoriza la investigación “para el esclarecimiento del vertido de pellets de plástico al mar que están llegando a las costas de diversas comunidades autónomas, reconocida su especial transcendencia”, y acuerda practicar varias diligencias. Entre ellas, se pide al Seprona que ponga en conocimiento de las comandancias de la Guardia Civil implicadas la puesta en marcha de estas acciones, “recabándose su colaboración para que aporten las actuaciones practicadas por ellas hasta la fecha”.

Además, les solicita a los agentes de este servicio que procedan “a la toma de muestras del material potencialmente peligroso y al análisis del mismo, en coordinación con la unidad técnica adscrita a la Fiscalía de Sala”, así como a determinar los lugares y fecha de llegada de estos microplásticos, dado que se trata de “material potencialmente contaminante”. Una vez que estos pellets se analicen, se pide al Seprona que indique el resultado de esos análisis.

El oficio requiere además a la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia que informe sobre la llegada y detección del “material potencialmente contaminante” a las costas gallegas, su incidencia y evaluación en relación al parque nacional de las Islas Atlánticas, parque natural de las Dunas de Corrubedo y los lagos de Carregal e Vixán, por ser espacios de especial protección y consideración medioambiental.

Por último, el documento pide a las fiscalías superiores de las comunidades de Galicia, Cantabria, Principado de Asturias y País Vasco que se informe de estas diligencias y se recabe su colaboración “para que remitan cuantas actuaciones se hayan practicado en el ámbito de las respectivas fiscalías superiores” en relación a los hechos de las diligencias.

El lunes, la propia Fiscalía de Medio Ambiente inició la actuación para investigar este vertido. Según explicaron entonces fuentes de este organismo, se trata de comprobar su alcance, origen y determinar si puede acarrear responsabilidad penal.

Según el escrito de la Fiscalía del lunes, los pellets “contribuyen a la contaminación por microplásticos”, cuya reducción “constituye un objetivo para la Unión Europea”. Además, el texto recuerda que el artículo 325 del Código Penal dispone que “será castigado con penas de prisión de seis meses a dos años [...] el que provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos [...] en las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido alta mar”. Por ello, “se formula propuesta para autorización de incoación de diligencias de investigación preprocesal por concurrir una especial trascendencia en estos hechos que se justifica en los extremos opuestos”. La Fiscalía considera que los materiales “presentan indicios de toxicidad” y ”no son biodegradables”.

Un juzgado de Noia abre diligencias

Paralelamente, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Noia ha acordado este miércoles incoar diligencias por la posible existencia de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por el vertido. La jueza ha encargado al Seprona un informe en el que se consignen “los datos recabados en relación con la titularidad de la embarcación Toconao, las circunstancias en las que se produjo la pérdida de la carga, el contenido de dicha carga, la composición y posible toxicidad de los pellets vertidos, así como el alcance del vertido y la delimitación del área afectada”.

La jueza ha actuado tras la denuncia presentada por Podemos, a la que se ha acumulado la interpuesta conjuntamente por la Fundación Montescola, Ecoloxistas en Acción y la Plataforma pola Defensa do Mar da Comarca Muros-Noia. En los autos, contra los que cabe interponer recurso, la titular del Juzgado 2 de Noia explica que no están determinadas “la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido”, por lo que entiende que es procedente incoar diligencias previas y practicar las indagaciones esenciales.

En otro auto, la jueza ha admitido la personación, en calidad de acusación popular, de Podemos, la Fundación Montescola, Ecoloxistas en Acción y la Plataforma pola Defensa do Mar da Comarca Muros-Noia. Asegura que los denunciantes “se encuentran legitimados para intervenir en el proceso como acusación popular dado que, a pesar de los intereses particulares que puedan resultar afectados, los hechos objeto de investigación en el presente procedimiento podrían ser indiciariamente constitutivos de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, en el que entran en juego intereses supraindividuales o institucionales que legitiman su intervención”.

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