El Gobierno da el primer paso para permitir regar a la Casa de Alba pese al robo masivo de agua junto a Doñana
Transición Ecológica prevé autorizar a la familia terrateniente extraer agua del acuífero, a pesar de que la Guardia Civil la acusa de saquear 3,8 millones de metros cúbicos
La Casa de Alba está muy cerca de lograr su objetivo para volver a regar en su finca Aljóbar de Aznalcázar (Sevilla), junto a Doñana, pese a que durante una década robó supuestamente entre 3,8 y 6,6 millones de metros cúbicos de agua. La Guardia Civil y la Fiscalía acusan a la familia terrateniente de expoliar el acuífero pegado a la reserva sin permisos, en una masiva “extracción ilícita”, pero la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir prefiere hacer borrón y cuenta nueva para que el agua vuelva a fluir como antaño por este terreno.
La conferencia, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha dado un paso decisivo para que la empresa Eurotécnica Agraria, responsable del supuesto saqueo del agua, recupere su permiso original de riego, de 605.150 metros cúbicos por año en tres parcelas de 222 hectáreas. La Casa de Alba superó el volumen de agua permitido en una horquilla entre 3,8 y 6,6 millones de metros cúbicos gracias a nueve pozos ilegales, en un daño medioambiental que la Guardia Civil cifró en torno a seis millones de euros. El presunto saqueo provocó el descenso paulatino del acuífero, la salinización del suelo y la desertificación progresiva del entorno, hasta matar la flora y la fauna, según los investigadores.
Ahora la finca Aljóbar recibirá la autorización para regar de nuevo si la Confederación Hidrográfica remata su procedimiento administrativo para los permisos de riego, al margen del proceso penal en el que figura como investigado por un delito contra el medio ambiente Luis Martínez de Irujo, duque de Aliaga, como responsable de los terrenos agrícolas, avanzó eldiario.es. Con los pozos ya precintados, la Guardia Civil constató que hace un año Eurotécnica Agraria había ignorado los precintos y se habían vuelto a poner en marcha los pozos, que el juez ordenó clausurar de nuevo.
En su resolución, el jefe de servicio de la Confederación, Juan Ramis, ignora todos los incumplimientos anteriores de riego supuestamente igual y considera “viable” la solicitud para volver a regar, por lo que propone una concesión de 20 años para 10 pozos repartidos por la finca. El organismo le pide a la finca Aljóbar que reduzca su uso de nitratos de origen agrario al estar en “zona vulnerable” y que reparta las extracciones entre los 10 pozos, con un límite de 90.000 metros cúbicos, para “suavizar al máximo la profundidad del cono de bombeo” en el acuífero.
Denuncia de extrabajadores
En su resolución, el técnico se limita a recordar que las nuevas captaciones para cítricos y olivar “deberán realizarse de forma que preserve la integridad del acuífero impidiendo la entrada de contaminantes y evitando la interconexión de acuíferos”. Además, resalta el informe favorable previo de la oficina de planificación hidrológica y dos informes de la Junta que aseguran que las captaciones previstas por la familia aristócrata no afectarán al medio natural ni a la Red Natura 2000. Tras la polémica surgida por denuncias de extrabajadores de la finca, Martínez de Irujo arrancó naranjos para plantar olivos, que demandan menos agua.
La confederación ha quitado hierro a la resolución en un comunicado público posterior, al subrayar que la concesión para regar de nuevo “no es definitiva” al no estar culminada: “Este informe constituye un paso dentro del procedimiento administrativo, pero el expediente aún debe seguir distintas fases (…) valoración de alegaciones presentadas, el examen de los informes sectoriales y ambientales, informe de la Abogacía del Estado y la tramitación de la propuesta de condiciones y resolución final”.
Martínez de Irujo ha acudido este jueves a declarar ante el juez Pablo Aragón, pero se ha negado a responder como investigado. Mientras que en febrero lo hizo como acusado por ser gerente de la finca, hoy a comparecido como representante legal de Eurotécnica Agraria, y se ha remitido a su declaración de febrero. Martínez de Irujo admitió entonces que sus pozos clandestinos carecían de contadores para medir la cantidad que extraía del acuífero bajo sus tierras. Ahora está por ver si el informe favorable de la confederación influye en la posición del juez respecto al riego supuestamente ilegal que habría cometido la Casa de Alba entre 2014 y 2024.
Esta concesión de aguas evidencia la laxitud del Estado para las concesiones de agua, al margen de procesos penales u otros incumplimientos por parte de los dueños de los derechos de agua. La Casa de Alba logra así la transformación de derechos sobre aguas en una concesión para aguas públicas.
Desde Ecologistas en Acción, su portavoz Antonio Amarillo, critica el proceder de la Confederación: “Resulta sorprendente que la Administración que tiene que velar por el interés general y el correcto uso del agua en la cuenca, conociendo la instrucción del juzgado, al que ha tenido que informar a través de varios informes sobre los daños a las masas de agua subterráneas, informe favorablemente a usar los pozos investigados. Sobre todo habiendo constatado los descensos piezómetricos a causa de las extracciones legales e ilegales. Lo lógico sería esperar a que se resolviera la vía penal y, en consecuencia, actuar en vía administrativa a posteriori”.
Mientras, Leandro del Moral, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla, pone el dedo en la llaga para explicar las paradojas de esta causa y sus dos vertientes dispares, penal y administrativa: “El sistema de gestión del agua en España, la gobernanza del agua, está estructurado de tal manera que los grandes usuarios, con ejércitos de abogados administrativistas, legiones de ingenieros contratados y con una legislación muy garantista a su favor acaban aplastando a funcionarios y jueces que en ocasiones, cada vez más, intentan hacer bien su trabajo. En la comunidad científica circula desde hace décadas la expresión desgobierno hidráulico para referirse al contexto general, especialmente en materia de aguas subterráneas, con el que se explica este caso".
Del Moral, miembro del patronato de la Fundación Nueva Cultura del Agua, remata: “Y si el informe definitivo de la comisaría de aguas fuera negativo, y el juzgado de primera instancia sentenciara en contra de la Casa de Alba lo normal, hasta hoy en día, sería que dentro de 10 ó 15 años el Tribunal Supremo resolviera los recursos de los condenados y la finca siguiera regando. Aun así, la normativa, la información, la formación de los cuadros técnicos de la Administración y la concienciación social ante estos problemas, ha mejorado en las últimas décadas”.