Certezas, dudas e intereses sobre la energía nuclear

Entre los agentes del sector eléctrico existe una amplia coincidencia en la aspiración genérica a maximizar la seguridad en el suministro, la competitividad, la sostenibilidad y la autosuficiencia. Pero el análisis concreto del mix de generación eléctrica solo tiene sentido aplicando las coordenadas espacio-tiempo para determinar las necesidades caso por caso.

¿Necesitará Polonia seguir quemando carbón dentro de cinco años? Sí. ¿Y España? No. ¿Y Polonia dentro de 15 años? Probablemente, no. ¿Necesitará Polonia centrales nucleares dentro de 15 años? Probablemente, sí; ¿Y España? N...

Entre los agentes del sector eléctrico existe una amplia coincidencia en la aspiración genérica a maximizar la seguridad en el suministro, la competitividad, la sostenibilidad y la autosuficiencia. Pero el análisis concreto del mix de generación eléctrica solo tiene sentido aplicando las coordenadas espacio-tiempo para determinar las necesidades caso por caso.

¿Necesitará Polonia seguir quemando carbón dentro de cinco años? Sí. ¿Y España? No. ¿Y Polonia dentro de 15 años? Probablemente, no. ¿Necesitará Polonia centrales nucleares dentro de 15 años? Probablemente, sí; ¿Y España? No; ¿Necesitará España centrales nucleares dentro de cinco años? Sí. Las necesidades de cada país en cada momento son diferentes. Por este motivo, no tienen fundamento la mayoría de las comparaciones internacionales, hechas sin rigor. A diferentes situaciones, diferentes necesidades.

En muchos países, incluida España, la energía nuclear ha contribuido, y sigue contribuyendo hoy, a la maximización antes mencionada. Es por tanto una tecnología necesaria en la transición ordenada entre dos modelos energéticos muy diferentes.

Las centrales nucleares aportan energía base y sin emisiones. Pero tienen más riesgos que el resto de las tecnologías, durante la operación de las centrales y después de su actividad, por los residuos radiactivos que generan. En España, con excelentes profesionales y un regulador independiente y maduro, estos riesgos están correctamente supervisados y controlados, excepto ante catástrofes excepcionales.

En todo caso, la gestión de los residuos radiactivos es una hipoteca a miles de años, que técnicamente está solucionada. Pero no podemos obviar las importantes dificultades que esta gestión conlleva, de tipo social, político y territorial, en todos los países. Y desde el punto de vista económico, es una hipoteca de altísimo riesgo, por la gran incertidumbre sobre los costes futuros a largo plazo, y porque las centrales dejarán de pagar la “cuota hipotecaria”, la llamada tasa Enresa, al cesar su actividad. Como consecuencia, cualquier incremento de los costes reales, que hoy no sea posible prever y que se produzca, por ejemplo, dentro de 15 años, no será financiado por quienes lo han provocado, sino, injustamente, por los consumidores o los contribuyentes del futuro. Pues hay que recordar que la tasa Enresa es un coste operativo más, intrínseco al negocio nuclear. No es una carga fiscal.

Repasando la historia reciente de la energía nuclear en España se puede concluir que es un asunto sobre el que los ministros del ramo han tenido aversión a decidir. Con la excepción de Teresa Ribera, que dio instrucciones a Enresa para elaborar el borrador del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), aprobado en 2023.

A las pruebas me remito. Entre 2012 y 2018, el ministerio competente en energía ni tan siquiera inició la tramitación del nuevo PGRR, a pesar de que era absolutamente necesario aprobarlo y de que España estaba amenazada de sanción por la Comisión Europea. Más pruebas: unos meses antes de que en diciembre de 2018 finalizara el plazo para que los estados miembros enviaran a Bruselas el borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), en España no conocíamos las previsiones del Gobierno de entonces sobre el futuro mix en general ni sobre la energía nuclear en particular. Y eso que el sexto PGRR de 2006, vigente en ese momento, preveía el cierre de todas las centrales nucleares al ir cumpliendo los 40 años de vida, entre 2021 y 2028. Y otra prueba más: el mismo Gobierno que aseguró que no se cerraría la central nuclear de Garoña, y pospuso la decisión varios años, ordenó su cierre definitivo en 2017.

Tradicionalmente, el PSOE incluyó en sus programas electorales el objetivo del cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir 40 años de funcionamiento, pero el PNIEC 2021-2030 aprobado por el Gobierno socialista en 2021 prescindió de este planteamiento y recogió alargar la vida de las centrales, en función de las necesidades específicas de España para el periodo considerado. Y lo hizo en total acuerdo sobre los plazos con los propietarios, aportando certeza y previsibilidad.

Metas ambiciosas

Por otra parte, la Unión Europea se ha fijado unas metas ambiciosas de energías renovables en el mix eléctrico para 2030. En este punto, en España, coinciden los objetivos de las principales empresas energéticas y del Gobierno: despliegue masivo de renovables y de almacenamiento.

Porque son las empresas quienes toman las decisiones de inversión y desinversión. El PNIEC es la herramienta de orientación estratégica, pero son las empresas quienes, por ejemplo, decidieron parar Garoña, decidieron cerrar las centrales de carbón antes de lo planificado, y decidieron solicitar la renovación de las autorizaciones de explotación de Almaraz, Ascó I y Cofrentes por unos plazos inferiores al habitual de diez años. Son las empresas quienes pueden manifestar con claridad si están interesadas en solicitar una nueva renovación de unos activos nucleares que en el mercado libre van a dejar de ser rentables en pocos años, según las expectativas de precios futuros, y que además tienen la hipoteca de los residuos radiactivos.

En este contexto, las empresas se pronuncian a favor de la continuidad de las centrales, al tiempo que lanzan mensajes ambiguos, del tipo de “si se necesita la energía nuclear estamos dispuestos a estudiar su continuidad, si se dan las condiciones económicas adecuadas”. Con independencia de lo que cada cual opine, se echa de menos la claridad con la que Iberdrola, propietario mayoritario de Almaraz, expresaba su posición en 2018: solicitar la renovación por cuatro años, cerrar definitivamente en 2024 y fijar objetivos de renovables más ambiciosos.

Observando lo que están proponiendo algunas empresas con centrales nucleares en otros países europeos, se podría pensar que esas condiciones adecuadas son que se les asegure a largo plazo un precio mínimo o una rentabilidad, que se les libere del riesgo de la hipoteca de los residuos, que se les rebajen los impuestos y que el Estado les garantice todo lo anterior.

La rebaja fiscal es la condición claramente expresada en España por las empresas, pero existen impuestos estatales, autonómicos y municipales. Parecería que a las administraciones que reclaman beligerantemente una ampliación del plazo de funcionamiento de las centrales les correspondería mover ficha minorando sus tributos, pero el hecho es que ninguna de estas administraciones está dispuesta a renunciar a un solo euro de recaudación.

En cualquier caso, para que el debate social y político sobre la energía nuclear salga del actual maniqueísmo inútil y frustrante, sería deseable que quien pone condiciones, las empresas, las concretara, con cifras y plazos. Así se podría desarrollar un debate serio, riguroso y sereno. Así podríamos responder a las preguntas clave, a mi juicio: ¿Es compatible en España el despliegue real de las renovables y el inminente mercado de capacidad, que acelerará el desarrollo del almacenamiento, con el mantenimiento de los siete gigavatios nucleares funcionando 8.000 horas al año? ¿Les interesará a los consumidores dentro de muy pocos años pagar toda esa energía nuclear a un precio por encima de mercado y que además obligaría a vertidos masivos de energía renovable? ¿Es esa la solución óptima para cubrir los huecos horarios que dejan las energías renovables? Y, fundamental, ¿están dispuestas las empresas a asumir los riesgos económicos de la gestión de sus residuos radiactivos, tras el cierre de las centrales?