Blindar ecosistemas marinos: la clave de la conservación del océano y de las comunidades pesqueras
La protección estricta es la herramienta más efectiva para la garantizar la conservación y restauración de los océanos ante el cambio climático
Imaginemos por un momento que un grupo de vecinos lleva años cuidando con cariño y esmero un jardín comunitario para el deleite de todo el barrio. El enclave ha ido creciendo y se ha convertido en un espacio exuberante plagado de flora y fauna para el disfrute colectivo, además de hacer del barrio un punto verde y un lugar pacificado dentro de la gran ciudad.
Imaginemos por otro momento que eso fuera una realidad extendida en el océano. Para que el mar actúe como pulmón del planeta, necesitamos más áreas marinas protegidas y mayor protección de la vida oceánica. Es indispensable que estas zonas tengan planes de gestión coherentes que las pongan a salvo de actividades dañinas. El medio marino está en un estado precario: la práctica totalidad de los hábitats y especies protegidas se encuentran en estado desfavorable o desconocido, mientras que en espacios teóricamente protegidos se permiten actividades incompatibles con la conservación, como la pesca de arrastre.
Además, es esencial aumentar cuanto antes la superficie marina bajo protección estricta, lugares exclusivos de biodiversidad donde actividades extractivas como la pesca o la minería submarina están prohibidas. Estos refugios albergan los ecosistemas de mayor valor, los enclaves más importantes para especies y hábitats amenazados, los espacios esenciales de desove y cría, y zonas capaces de almacenar grandes cantidades de carbono.
Así lo reconoce la Unión Europea en su estrategia de Biodiversidad, donde insta a los Estados Miembros a llegar al 10% de protección estricta de sus aguas para 2030. España está lejos de este objetivo. De hecho, su actual porcentaje de protección estricta es irrisorio (menos del 0,5%).
Lo más preocupante es que de momento no hay ningún plan del Gobierno para cambiar esta situación en los próximos años. A ello se suma la prórroga que España ha conseguido para extender hasta junio de 2026 el cumplimiento de los objetivos del proyecto LIFE IP INTEMARES, que pretende implementar la gestión y designación de espacios marinos protegidos en España. Sin embargo, este debería haberse completado este año. Lamentablemente, la situación prolongará la degradación de los espacios marinos protegidos carentes de gestión y el perjuicio a las comunidades que dependen de ellos.
La única razón que podría justificar la extensión del proyecto sería la designación de espacios marinos de protección estricta. Para guiar este proceso, Oceana plantea la creación de 50 refugios marinos en España, algunos de los cuales ya se encuentran en áreas marinas protegidas declaradas, así como refugios marinos carentes de protección en la actualidad. Entre ellos destacan espacios como los propuestos en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera (Baleares), el futuro Parque Nacional del Mar de las Calmas en El Hierro (Canarias), los Fondos de Jaizkibel (País Vasco) y El Seco de los Olivos (Andalucía). Este último está, por cierto, en el área marina protegida más afectada por la pesca destructiva en España, con 25.600 horas estimadas de pesca de arrastre en 2023. Otorgando a estos espacios la protección estricta que merecen, el país contaría con un 5% de sus aguas estrictamente protegidas, la mitad del objetivo establecido, un gran avance que situaría a España a la cabeza de Europa en cuanto a espacios altamente protegidos.
La protección estricta es la herramienta más efectiva para la conservación y restauración del mar, además de incrementar su resiliencia contra el cambio climático. Sus beneficios no solo se ven en las áreas designadas, sino también en los ecosistemas cercanos. Al mismo tiempo, aportan claras ventajas a los pescadores y las pescadoras y a sectores no extractivos, como los deportes acuáticos, el avistamiento de cetáceos y otras actividades recreativas, que se benefician del buen estado del océano, generando, a la vez, un mayor retorno económico. Por ejemplo, en las zonas permitidas a la pesca dentro de la reserva marina de Os Miñarzos (Galicia) se ha experimentado un aumento en diversidad y tamaño de las capturas de especies como los percebes y las langostas, lo cual ha revertido en mayores beneficios económicos para el sector pesquero. Por su parte, el área marina protegida de las Islas Medes, en Cataluña, genera 5,9 millones de euros al año en actividades como excursiones en barco y submarinismo, con un impacto directo para el parque y las comunidades locales.
La nueva ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, debe continuar con el legado de Teresa Ribera en la designación de espacios protegidos y la defensa de la restauración marina, pero a la vez aumentar la ambición y blindar ecosistemas a través de la protección estricta. Solo así, España podrá seguir siendo un referente de conservación marina en Europa y llegar a los objetivos necesarios para garantizar un océano saludable. Este es el camino para que las áreas marinas protegidas, verdaderos jardines comunitarios bajo el agua, estén llenos de vida, condición esencial para garantizar el bienestar en la tierra.