El Defensor del Pueblo investiga a 33 ciudades que no han iniciado aún sus zonas de bajas emisiones o las están retrasando

El Defensor del Pueblo ha abierto una actuación de oficio para investigar el retraso que se está produciendo en la implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en una treintena de ciudades. ...

El Defensor del Pueblo ha abierto una actuación de oficio para investigar el retraso que se está produciendo en la implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en una treintena de ciudades. Según la ley de cambio climático española, las 151 urbes españolas de más de 50.000 habitantes deberían contar desde el pasado 1 de enero con una de estas áreas, pero por ahora tan solo están implantadas en 14, mientras que otras 120 localidades se encuentran en trámite. La institución que preside Ángel Gabilondo ha requerido información a 33 ayuntamientos: siete que van muy retrasados en sus proyectos, ocho que ya los tenían aprobados y están dando marcha atrás, y otros 18 que ni siquiera han iniciado todavía los trámites pese a que son obligatorias desde hace 11 meses.

Las zonas de bajas emisiones son áreas, situadas normalmente en el centro de las ciudades, en las que se prohíbe la circulación o el aparcamiento de los vehículos más contaminantes para mejorar la calidad del aire y la salud de los ciudadanos. Durante la pasada legislatura, el Ministerio de Transportes repartió 1.500 millones de euros de los fondos europeos Next Generation a decenas de localidades para ayudar a su implantación y favorecer la movilidad sostenible. Sin embargo, muchas van muy retrasadas en sus planes. Además, algunos ayuntamientos de PP y Vox surgidos de las pasadas elecciones de mayo han declarado la guerra a estas áreas y han apostado por minimizarlas e incluso por dar marcha atrás.

En este contexto, el Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio respecto a 33 ciudades por el retraso que se está produciendo en la implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) exigidas por la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Las actuaciones se realizan por varios criterios: en primer lugar, en razón del número de personas afectadas por la contaminación y el nivel de retraso en la tramitación. Así, se ha solicitado información a siete municipios de más de 300.000 habitantes que aún no han aprobado sus ZBE pese a estar en trámite: Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante y Córdoba.

También se va a investigar a los municipios de más de 50.000 habitantes cuyos ayuntamientos no han iniciado aún los trámites para declarar las ZBE. En esta categoría, se ha solicitado información a los consistorios de Aranjuez (Madrid), Arganda del Rey (Madrid), Arona (Tenerife), Barakaldo (Bizkaia), Calviá (Baleares), Cerdanyola del Vallés (Barcelona), Coslada (Madrid), Ferrol (A Coruña), Granadilla de Arona (Tenerife), Motril (Granada), Orihuela (Alicante), Puerto de Santa María (Cádiz), San Cristóbal de la Laguna (Tenerife), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Telde (Tenerife), Tres Cantos (Madrid) y Valdemoro (Madrid).

Además, la institución ha pedido información a aquellos municipios en los que se han revertido o van a revertirse los pasos dados para la adopción de las ZBE, tal y como han expresado sus gobernantes en diferentes declaraciones. En esta categoría se incluyen Badalona (Barcelona), Valencia, Gijón (Asturias), Valladolid, Castellón de la Plana, Lorca (Murcia), Elche (Alicante) y Majadahonda (Madrid). Un portavoz de este último consistorio madrileño señala que ya está en marcha el proyecto para instaurar su zona de bajas emisiones, para el que ha recibido 1,1 millones de euros de fondos europeos Next Generation.

Las actuaciones de oficio no surgen a raíz de la queja de los ciudadanos, sino que son actuaciones proactivas del Defensor del Pueblo. Los técnicos de la institución requieren información a las diferentes administraciones y, en función de la respuesta, analizan los datos y pueden exigir información adicional. Tras ello, el organismo formula resoluciones a las Administraciones Públicas —en este caso, los ayuntamientos—, para promover la modificación de una determinada práctica administrativa, o incluso de una normativa.

Respuestas razonadas

Las principales resoluciones son las recomendaciones, que tienen un carácter general, y las sugerencias, que se refieren a casos que afectan a situaciones concretas. También puede formular recordatorios de deberes legales. La Administración puede no aceptarlas, pero la ley le obliga, en cualquier caso, a que razone los motivos de esa decisión. Una recomendación sobre las zonas de bajas emisiones consistiría en exigir a un ayuntamiento que haga cambios en su modo de actuar para corregir una situación en la que se han visto vulnerados los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso, en cuanto al derecho a la salud.

En septiembre, el Ministerio de Transportes envió una carta a los casi 200 ayuntamientos, de todo signo político, que han recibido fondos europeos para financiar iniciativas de movilidad sostenible. La misiva advierte de que les exigirán la devolución de las ayudas Next Generation si no ponen en marcha sus áreas de tráfico restringido o modifican sin permiso cualquier otro proyecto subvencionado (como los carriles bici). Mientras, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, también ha amenazado a las urbes díscolas con recurrir sus planes ante los tribunales.

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