La UE logra pactar la politizada Ley de Restauración de la Naturaleza

La Unión Europea ha dado un paso de gigante hacia la protección de sus espacios naturales. Tras meses de durísimas negociaciones con el trasfondo de una agria batalla política que va más allá de la normativa en sí, el Parlamento Europeo y los Veintisiete han llegado en la noche del jueves a un acuerdo político provisional sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza, la primera ...

La Unión Europea ha dado un paso de gigante hacia la protección de sus espacios naturales. Tras meses de durísimas negociaciones con el trasfondo de una agria batalla política que va más allá de la normativa en sí, el Parlamento Europeo y los Veintisiete han llegado en la noche del jueves a un acuerdo político provisional sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza, la primera gran legislación sobre biodiversidad en la historia comunitaria que, pese al amplio consenso sobre su urgencia en una Europa donde el 81% de los hábitats terrestres y acuíferos están en mal estado, ha estado varias veces a punto de naufragar por los reiterados intentos de la derecha de tumbarla.

“Hemos logrado un acuerdo muy importante que revalida el esfuerzo de los europeos y de las instituciones por restaurar, por recuperar aquello que nos genera no solamente vida, sino también servicios económicos y sociales, que impacta en el bienestar de las personas y en la viabilidad de la mayor parte de nuestras actividades, incluida, cómo no, la seguridad alimentaria”, ha celebrado este viernes la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, tras las nueve horas de la reunión que ha permitido pactar un texto final. La ministra, cuyo país ostenta este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, ha querido estar presente en el último tramo de unas negociaciones que, desde el principio, ha considerado prioritarias y que buscaba cerrar antes del fin del mandato español en diciembre, aunque el proceso de ratificación final, al menos en la Eurocámara, no acabará previsiblemente hasta comienzos de 2024, ya bajo la presidencia belga.

Organizaciones medioambientales han saludado, con “alivio”, un acuerdo que permite estar “un paso más cerca” de una normativa europea de biodiversidad. Pero han advertido de los numerosos “resquicios” legales y “flexibilidad extrema” para los Estados aceptados en el texto que, advierten, puede hacer mucho menos eficiente una normativa clave para restaurar la frágil biodiversidad europea. Y que, acota el abogado de Client Earth Ioannis Agapakis, “han sentado un precedente aterrador para el proceso legislativo europeo, en vez de cimentar a la UE en la vanguardia de la conservación de la biodiversidad”.

Este texto, que ratifica el objetivo de restaurar para 2030 al menos el 20% de las áreas terrestres y marítimas de la UE, deberá ser ahora ratificado tanto por el Consejo, es decir, los Estados miembros, como por la Eurocámara. Normalmente, este es un proceso casi protocolario. Pero en vista de la fuerte carga política que ha acompañado el último tramo de esta normativa, nadie se atreve a dar nada por sentado. Buena parte de las miradas estarán fijas en el Partido Popular Europeo (PPE) que, desde comienzos de año, dio un giro y acabó llamando a tumbar una ley que en un principio apoyaba.

Las primeras señales conservadoras no permiten bajar del todo la guardia. La cristianodemócrata alemana Christine Schneider, ponente en la sombra de la normativa por el PPE, ha celebrado las modificaciones de una ley que nació, dice, “ideologizada”. No obstante, ha advertido de que el PPE “analizará el resultado de las negociaciones” antes de las votaciones en la Comisión de Medio Ambiente primero, previsiblemente este mismo noviembre, y el pleno después para la ratificación final de la normativa.

El vuelco conservador se dio tras constatarse varios golpes electorales a comienzos de año, sobre todo la inesperada victoria en las regionales de Países Bajos (que a finales de mes celebra elecciones generales) de una formación campesina, así como protestas y presiones del sector agrícola y pesquero. Algo que hizo que el PPE, en lo que se considera un guiño a la extrema derecha de cara a las diversas elecciones en varios Estados y, sobre todo, las europeas de junio de 2024, llamara de pronto a tumbar una normativa a la que, pese a las numerosas refutaciones científicas, acusaba también de poner en riesgo la seguridad alimentaria. La marcha atrás de los conservadores —apoyados por parte de los liberales— provocó duras negociaciones y malabarismos en una Eurocámara que solo logró sacar la ley adelante tras varias votaciones de infarto y tras negociar múltiples enmiendas que la rebajaban notablemente.

De hecho, la gran paradoja de la Ley de Restauración de la Naturaleza es que ha roto la tradición de Bruselas: en este caso, la posición de los Veintisiete era más ambiciosa que la de los eurodiputados, que entre otros incluyeron un “freno de emergencia” a la ley en caso de urgencia alimentaria y buscaron mayores flexibilizaciones y rebajas de las condiciones.

Una de las claves de las negociaciones en los denominados trílogos, a tres bandas entre Consejo, Eurocámara y Comisión para unificar las posiciones de los países y los eurodiputados en un solo texto, ha sido, según fuentes conocedoras de las negociaciones, acordar un redactado final que fuera lo más ambicioso posible, pero que incluyera las suficientes concesiones como para que sobre todo los eurodiputados más opuestos sean capaces de darle su visto bueno final cuando llegue al pleno para su ratificación.

Entre las flexibilidades introducidas, el texto final acepta que, hasta 2030, se “priorice” la restauración de los espacios de la red Natura 2000, pero a cambio se mantiene la meta de que, para esa fecha, estén en marcha medidas para restaurar “al menos” el 30% de los hábitats cubiertos por la nueva ley, un porcentaje que aumentará al 60% en 2040 y al 90% para mitad de siglo. Los negociadores han logrado además que “vuelva” el artículo 9 sobre la restauración de los ecosistemas agrícolas que la Eurocámara pedía eliminar, aunque se han flexibilizado algunos requisitos, como que los Estados solo deberán cumplir dos de los tres indicadores establecidos (índice de mariposas de pastizales, reservas de carbono orgánico en suelos minerales de tierras de cultivo y proporción de superficie agraria con elementos paisajísticos de gran diversidad). Y aunque se consolida el denominado “freno de emergencia” que reclamaba el PPE en aras de la seguridad alimentaria, está sometido a unos supuestos “muy tasados” y a una situación que es “muy difícil que ocurra”, por lo que fuentes de la negociación no se dicen especialmente preocupadas por su impacto real.

Pese a las concesiones, las partes negociadoras han celebrado un acuerdo que, según Ribera, garantizará en el futuro una “Europa sana, con territorios y espacios marinos vivos”. Se ha mantenido “todo lo sustantivo”, subrayan fuentes conocedoras de las negociaciones, que piden no minimizar un “paso monumental” para la conservación del medio ambiente.

“La UE tendrá una ley para recuperar sus ecosistemas, que respeta nuestros compromisos internacionales y que beneficia a todos nuestros ciudadanos”, ha celebrado también el ponente de la ley en la Eurocámara y uno de sus mayores defensores, el eurodiputado socialista español César Luena. “Después de 70 años de iniciado el proyecto europeo, vamos a tener una política común de restauración de la naturaleza importantísima porque no solamente resuelve el estado de los ecosistemas que están degradados, sino que además sirve para luchar contra los efectos del cambio climático”, ha acotado en declaraciones tras la reunión final.

“Podemos sentirnos orgullosos de este resultado histórico que impone normas ambiciosas y factibles para todos”, se ha felicitado también el presidente de la Comisión de Medio Ambiente parlamentaria, Pascal Canfin, en las redes sociales.

Por su parte, el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ha manifestado su esperanza de que el texto negociado desde el pasado julio sea “apoyado formalmente por los legisladores”, para que este “buque insignia” del Pacto Verde europeo sea finalmente una ley para los Veintisiete.

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