Bruselas propone reducir un 30% el desperdicio alimentario en supermercados, restaurantes y hogares

Cada año, en la Unión Europea se tiran unos 59 millones de toneladas de alimentos, más de 130 kilos por persona. También acaban en la basura 12,6 millones de toneladas de textiles, de los que 5,2 millones corresponden a ropa y calzado, el equivalente a 12 kilos por ciudadano. Unos desperdicios que no solo implican un gran despilfarro cuando en tantas otras partes del mundo, incluso en la propia Europa, millones de personas no tienen suficiente para comer. ...

Cada año, en la Unión Europea se tiran unos 59 millones de toneladas de alimentos, más de 130 kilos por persona. También acaban en la basura 12,6 millones de toneladas de textiles, de los que 5,2 millones corresponden a ropa y calzado, el equivalente a 12 kilos por ciudadano. Unos desperdicios que no solo implican un gran despilfarro cuando en tantas otras partes del mundo, incluso en la propia Europa, millones de personas no tienen suficiente para comer. También agotan aún más unas tierras y recursos naturales ya de por sí sobreexplotados y a menudo producidos con exceso de nocivos pesticidas, mientras contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero.

La Comisión Europea ha lanzado este miércoles una serie de propuestas de economía circular que buscan, precisamente, recortar el despilfarro textil y alimentario mediante objetivos obligatorios de reducción de desperdicios y potenciando el reciclaje de ropa. Al mismo tiempo, ha presentado otro paquete de medidas para lograr un uso más sostenible de las tierras y de los recursos naturales, que incluyen una propuesta de regulación de las nuevas técnicas del genoma de las plantas para lograr cultivos más resistentes. Esta última ha generado una fuerte controversia entre plataformas medioambientales y agrícolas, que temen que pueda reducir los controles hasta ahora estrictos a organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos.

El ambicioso paquete, presentado este miércoles —con las elecciones europeas ya fijadas para dentro de menos de un año, los tiempos para legislar se acortan aceleradamente—, consta de varias partes.

Por un lado, Bruselas quiere reducir significativamente los desperdicios alimentarios, que no solo suponen 132.000 millones de euros anuales de pérdidas, sino también son responsables de 252 millones de toneladas de CO2, alrededor del 16% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero del sistema alimentario europeo.

“Si los desperdicios de comida fueran un Estado, sería el quinto mayor emisor de gases de efecto invernadero de la UE”, ha explicado el vicepresidente de la Comisión responsable del Pacto Verde europeo, Frans Timmermans.

Bruselas quiere que, para 2030, se exija a los Estados miembros reducir un 30% per capita el desperdicio alimentario en supermercados, restaurantes y hogares, así como otro 10% más en el ámbito de la manufactura y el procesado. Las cifras, que serán revisadas a finales de 2027 para ver si es posible corregirlas al alza, van “hacia la ambición global” de reducir a la mitad el desperdicio alimentario, como figura en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.

La reducción de residuos alimentarios también tendrá un efecto positivo en el bolsillo de los europeos: la Comisión calcula que, si se cumplen las metas propuestas, un hogar de cuatro personas ahorrará una media de 400 euros anuales.

En la misma línea van las propuestas para reducir los desechos textiles y promover el “reutilizado y reciclaje” de los mismos, de los que actualmente solo se recupera un 22%; el resto acaba, a menudo, “incinerado o en vertederos”.

A partir del 1 de enero de 2025, los Veintisiete ya deberán realizar recogidas separadas de residuos textiles. Para darle un impulso más a la priorización del separado de estos desechos, y facilitar así su reutilización o reciclaje, Bruselas quiere ahora que se apliquen de forma “obligatoria y armonizada” los denominados esquemas de “responsabilidad ampliada del productor”, que asigna a los productores la responsabilidad de los impactos ambientales de sus productos. Como ya sucede en sectores como el empaquetado, las baterías o los equipos electrónicos, los productores deberán “cubrir el coste de la gestión de los desechos textiles”. Algo que, según la Comisión, les dará “incentivos para reducir los desechos e incrementar la circularidad de los productos textiles, diseñando mejores productos desde el principio”.

“A corto plazo, [las medidas] ayudarán a financiar una gestión de desechos en línea con el principio de quien contamina paga”, ha explicado el comisario de Medio Ambiente, Viriginijus Sinkevicius. A más largo plazo, permitirán aumentar al “circularidad de la producción textil, impulsar los modelos de negocios de economía circular y combatir la fast fashion”.

Además, Bruselas quiere prohibir que los tejidos desechados se envíen a terceros países sin reglas medioambientales equivalentes, para impedir que sean “camuflados” como materiales reutilizados.

Protección de los suelos

Más allá de un obvio ahorro económico, estas propuestas buscan complementar, en el marco de los ambiciosos objetivos medioambientales que se ha impuesto la UE, las iniciativas para recuperar las tierras y materias primas sobreexplotadas. Para ello, Bruselas ha presentado también este miércoles otro paquete para proteger los suelos y hacer los cultivos más eficientes y resistentes a plagas y clima extremo mediante las denominadas nuevas técnicas del genoma de las plantas (NGT, por sus siglas en inglés).

“Queremos dar a nuestros agricultores las herramientas para producir alimentos sanos y seguros, adaptados a nuestras condiciones climáticas cambiantes y con respeto a nuestro planeta”, ha dicho la comisaria europea de Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, responsable de la propuesta para lograr “sistemas de alimentación más resilientes con nuevas técnicas del genoma”.

La técnica propuesta es distinta a la de los OGM o transgénicos, donde se introduce en una planta código genético foráneo para mejorarla, un proceso muy regulado en Europa y solo autorizado si cuenta con un dictamen ad hoc favorable de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

A diferencia de los OGM, las nuevas técnicas solo modifican el genoma de la propia planta o introducen material equivalente. La legislación propone dos categorías de plantas producidas por NGT: aquellas comparables a las modificaciones que se producen naturalmente en plantas convencionales (cisgénesis), y que solo estarán sometidas a un procedimiento de verificación, y otras con unas modificaciones más complejas (mutagénesis) que se regirán por requisitos similares a la legislación actual sobre transgénicos.

Bruselas considera que el reglamento propuesto va a “incrementar la diversidad y calidad de semillas, esquejes y otro material reproductivo” de las plantas, a la par que “garantizará cosechas estables” con variedades de plantas más resistentes, lo que permitirá a su vez reducir, por ejemplo, el uso de pesticidas.

Unos argumentos que, según destaca la agencia Efe, no convencen a plataformas ecologistas y pequeños agricultores que han reunido casi medio millón de firmas contra estos “nuevos OGM” que, afirman, responde a la presión de empresas como Bayer/Monsanto. Reclaman, además, que se pueda aplicar el principio de precaución para bloquear esos cultivos, extremo que no contempla la Comisión.

Además de la modificación genética, se quiere mejorar la salud del suelo. En la UE, entre el 60% y 70% de los suelos están actualmente “enfermos”. La erosión se lleva además cada año miles de millones de toneladas de tierra, lo que significa, recuerda la Comisión, que la capa superior fértil de la tierra “está desapareciendo rápidamente”. Los costes asociados a esta degradación del suelo, recuerda una Bruselas siempre preocupada por ponerle una cifra a sus medidas, o a la no aplicación de las mismas, superan los 50.000 millones de euros anuales. Por ello, la Comisión quiere, entre otros, una nueva directiva que obligue a los Estados a controlar el estado de sus suelos, definir los principios de su gestión sostenible y que los países promocionen su implementación para recuperar la buena salud de los microorganismos de la tierra.

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