El PP europeo contra todos: científicos y empresas apoyan la ley ambiental que rechazan los conservadores

El Partido Popular Europeo (PPE) empieza a quedarse bastante solo más allá de la Eurocámara con su estrategia de tumbar a toda costa la Ley para la Restauración de la Naturaleza (LRN), uno de los proyectos legislativos fundamentales en materia de biodiversidad de la Comisión Europea. Una estrategia con la que puede que espere congraciarse electoralmente con la extrema derecha con la que visiblemente busca alianz...

El Partido Popular Europeo (PPE) empieza a quedarse bastante solo más allá de la Eurocámara con su estrategia de tumbar a toda costa la Ley para la Restauración de la Naturaleza (LRN), uno de los proyectos legislativos fundamentales en materia de biodiversidad de la Comisión Europea. Una estrategia con la que puede que espere congraciarse electoralmente con la extrema derecha con la que visiblemente busca alianzas en el año electoral que se avecina.

Científicos y organizaciones defensoras de la naturaleza, pero también casi un centenar de grandes empresas como Inditex, Nestlé, Danone, Unilever o Ikea y un fuerte movimiento ciudadano, que supera ya las 800.000 firmas, han incrementado en los últimos días la presión para que salga adelante esta normativa que vivirá el jueves en Estrasburgo un momento clave: su votación en la Comisión de Medio Ambiente indicará si la propuesta tiene todavía posibilidades de avanzar legislativamente o si está condenada a ser letra muerta cuando llegue al pleno en julio.

Que la tensión es máxima quedó nuevamente de manifiesto el martes, cuando el presidente de dicha comisión, el liberal Pascal Canfin (Renew), acusó al líder del PPE, Manfred Weber, de “amenazar a sus propios colegas, incluso con la expulsión del partido, si votan el jueves a favor de la LRN”. Weber, cuyo partido acusaba a su vez hace solo una semana a la Comisión de “amenazar” a los eurodiputados que se oponen a la normativa, desestimó los señalamientos de Canfin como “falsos”. Son, afirmó en Estrasburgo, una “muestra del nerviosismo” de los demás grupos por la posibilidad de que fracase la propuesta legislativa que los conservadores insisten en que debe “recomenzar” de cero, es decir, que la Comisión presente una propuesta totalmente nueva, algo considerado inviable antes de las elecciones europeas de junio de 2024.

Nerviosismo hay, eso no lo niega nadie, porque la votación en la última comisión antes de ser debatida en el pleno de la Eurocámara va a ser muy ajustada, como reconoció el propio Canfin en un encuentro con periodistas. Pero “esta batalla política contra la LRN de Weber no es monolítica en su grupo”, subraya la eurodiputada de Ciudadanos y ponente alternativa de la LRN, Soraya Rodríguez, como Canfin de Renew. Un ejemplo es el conservador checo Stanislav Polcak, que el lunes anunció su intención de “apoyar” el jueves la propuesta, en contra de las firmes guías de su partido. No obstante, 24 horas después, dijo que, en vista de lo “ideologizado” que se había vuelto el debate, y que su postura chocaba contra la de su partido, ha decidido pedir ser “sustituido” en la votación del jueves, aunque votará “en conciencia” en julio.

La opinión que cunde entre diversos grupos políticos es que la oposición del PPE a la propuesta legislativa sobre biodiversidad va más allá que la mera normativa: Weber, coinciden varios políticos de formaciones diferentes, ha hecho de la LRN su gran bandera en su batalla política personal, por un lado, contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a quien pese a ser también del PPE ve demasiado alineada con posiciones de otras familias políticas (y ocupa el puesto a que él aspiraba) y, de paso, para hacer más guiños a una extrema derecha con la que busca alianzas para mantenerse como principal fuerza política en el Parlamento Europeo tras los comicios de dentro un año.

“Me preocupa que grupos como el PPE, que tienen un historial de trabajar juntos por el futuro de la UE y que normalmente asumen sus responsabilidades, las abandonen ahora, con la mente puesta en las próximas elecciones y sus futuros puestos”, ha declarado al comienzo de las sesiones parlamentarias el vicepresidente de Socialistas y Demócratas (S&D) Mohammed Chahim, responsable de las políticas del Pacto Verde. “Ser anti-Pacto Verde es la bandera política para sellar la alianza con ECR y ID”, las formaciones más a la derecha de la Eurocámara, coincide Canfin.

En un intento por salvar la propuesta legislativa, la Comisión Europea ha hecho circular entre Estados miembros y eurodiputados un documento en el que desmiente afirmaciones del PPE, como que la ley obligará a dedicar el 10% de cada explotación agrícola a crear corredores de biodiversidad como setos, flores o estanques (Bruselas replica que no es un objetivo obligatorio, sino solo una “referencia”). También se dice dispuesta a “flexibilizar” la normativa presentada en junio de 2022 para acabar con cualquier duda y “avanzar” en la aprobación del texto, que quiere reparar el 20% de la superficie terrestre y marina de la UE para 2030, y el conjunto de los ecosistemas que necesiten ser restaurados hasta 2050.

El PPE sostiene que son objetivos inalcanzables y reclama la “retirada” total de una ley con fallos “estructurales”, por lo que, dice, sus principios afectarán al sector agrícola y a la seguridad alimentaria, aunque esto haya sido desmentido categóricamente.

“Agricultores, pescadores, silvicultores y otros terratenientes no tendrán que cargar con el costo de la restauración de la naturaleza”, rebate la Comisión en el documento interno, que ha podido consultar EL PAÍS. Además, recuerda que “restaurar la naturaleza como propone la LRN permitiría fuertes beneficios económicos: se estima que cada euro invertido resultará en al menos ocho euros de beneficios”.

Una estimación que dan por válida los múltiples —y diversos— grupos y plataformas de apoyo a la LRN que se han ido formando en los últimos tiempos, incluido un sector reacio a pérdidas económicas: las empresas.

La LRN es una oportunidad que se da “solo una vez en cada generación” para “revertir las crisis de biodiversidad y climáticas”, afirman en un comunicado lanzado en abril y que suma ya más de medio centenar de compañías como Inditex, Coca Cola Europa, Iberdrola, Ikea, Danone, Spar, WindEurope o Accor. Estas firmas reclaman la “adopción urgente” de una ley “ambiciosa y legalmente vinculante” como “herramienta clave para afrontar las crisis de medio ambiente y biodiversidad, y para garantizar la sostenibilidad y viabilidad de la sociedad y la economía a largo plazo”. En otra carta lanzada esta semana, medio centenar más de responsables de consorcios internacionales insisten en la necesidad de aprobar una ley que “creará igualdad de condiciones para todas las empresas en Europa al proporcionar certeza regulatoria y establecer las condiciones para impulsar la innovación, transformar las prácticas y modelos empresariales, y garantizar que las compañías innovadoras son recompensadas por sus acciones para detener y revertir la pérdida de naturaleza”, escriben entre otros los consejeros delegados de Unilever, Alan Jope, o Ikea, Jon Abrahamsson Ring.

“Si la UE quiere restaurar la salud, productividad y resistencia de sus tierras y aguas, y que la naturaleza siga apuntalando la seguridad alimentaria europea, el empleo, la mitigación del cambio climático y la economía, tiene que aprobar e implementar su Ley para la Restauración de la Naturaleza”, urgían también a comienzos de mes 160 científicos internacionales. En otra iniciativa, más de 3.300 científicos lanzaron esta semana otra declaración afirmando que “los argumentos que sugieren que se amenazan la seguridad alimentaria y los empleos no solo carecen de evidencias científicas, sino que las contradicen”.

Mientras, varias ONG, así como el grupo de Los Verdes, han lanzado sendas iniciativas de recogida de firmas ciudadanas a favor de la LRN que, al filo de los debates en Estrasburgo, superaban ya los 800.000 participantes.

La propuesta de ley está también pendiente de que los Veintisiete aprueben su posición común, por mayoría cualificada, algo que deberían hacer en un Consejo de Ministros de Medio Ambiente el 20 de junio, es decir, antes de la cita ante el plenario de la Eurocámara. Si finalmente lo hacen —y hay señales positivas, como la recepción “favorable” a una nueva propuesta de compromiso de la presidencia sueca manifestada por Bélgica, uno de los más reticentes junto con Países Bajos—, ello aumentará aún más la presión sobre el PPE.

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