El PP europeo acusa a la Comisión de “amenazas” y lobby a favor de una ley clave para la biodiversidad

El pulso por la Ley para la Restauración de la Naturaleza, último escenario de una dura batalla política europea con implicaciones más allá de la biodiversidad, ha subido este miércoles varios grados de tono después de que el Partido Popular Europeo (PPE) haya acusado a la Comisión Europea de “amenazar” a eurodiputados contrarios a la propuesta regulativa y de impulsar un lobby empresarial para presionarlos y ha...

El pulso por la Ley para la Restauración de la Naturaleza, último escenario de una dura batalla política europea con implicaciones más allá de la biodiversidad, ha subido este miércoles varios grados de tono después de que el Partido Popular Europeo (PPE) haya acusado a la Comisión Europea de “amenazar” a eurodiputados contrarios a la propuesta regulativa y de impulsar un lobby empresarial para presionarlos y hacer que voten a favor de la normativa. Mientras, eurodiputados progresistas y verdes han pedido a la presidenta del Ejecutivo europeo, Ursula von der Leyen, que se pronuncie públicamente a favor de una ley que cuenta con su visto bueno, pero que se ha convertido en el caballo de batalla de su familia política conservadora contra la institución que dirige.

A una semana de una votación clave en Estrasburgo del proyecto de ley que busca reparar el 80% de los hábitats comunitarios en mal estado, con un primer objetivo de recuperar al menos el 20% de las tierras y aguas degradadas para 2030, la tensión es máxima.

El próximo jueves, la Comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara debe votar la ley rechazada en las pasadas semanas en las comisiones de Pesca y Agricultura. Es el último paso antes de que llegue al pleno, en julio, para convertirse en la posición del Parlamento Europeo de cara a las negociaciones finales con el Consejo. Pero si vuelve a ser tumbada el día 15, supondrá el final del recorrido legislativo de la norma, que volverá a la casilla de salida, lo que implicaría casi con seguridad que no habrá una ley de biodiversidad antes de las elecciones europeas de dentro de un año.

Ello haría que la UE se vea en dificultades para cumplir con sus compromisos internacionales en materia de biodiversidad de cara a 2030, advierten defensores de la ley y organizaciones medioambientales. Además, la Comisión recuerda que el hecho de haber propuesto esta norma ha constituido un “fuerte ímpetu para impulsar a otros países a aumentar también su acción en materia de biodiversidad”, por lo que teme que su rechazo pueda poner en juego todos los ambiciosos compromisos internacionales alcanzados en la cumbre sobre biodiversidad de Montreal en diciembre pasado.

El PPE, dirigido por el alemán Manfred Weber, busca consolidar y hasta reforzar su posición como principal partido político en la Eurocámara, para lo que no ha dudado en acercar posiciones a la extrema derecha, que rechaza de pleno la Ley para Restaurar la Naturaleza. Erigido en el “defensor de los agricultores europeos y las comunidades rurales”, intenta además aprovechar la oleada de descontento de sectores como el campesino ante la cascada de políticas medioambientales surgidas de Bruselas en los últimos años y que ya han provocado varios sustos legislativos en Europa.

Legisladoras del PPE han pedido este jueves al vicepresidente de la Comisión responsable del Pacto Verde, Frans Timmermans, que “retire” una ley a la que achacan fallos “estructurales” y una falta de valoraciones de impacto ajustadas a la realidad. Además, lo han acusado de “amenazar” a varios eurodiputados para conseguir que cambien de opinión y apoyen la propuesta legislativa.

“Cuando el vicepresidente Frans Timmermans y su comisario [de Medioambiente, Virginijus] Sinkevicius, se dieron cuenta de que quizás no tendrían la mayoría en las comisiones, llamaron a varios eurodiputados a su oficina y los amenazaron (...) se ha cruzado una línea roja”, ha denunciado la eurodiputada democristiana alemana Christine Schneider en rueda de prensa en Bruselas. El PPE dice haber recibido quejas similares del comportamiento de los comisarios de al menos seis eurodiputados, entre ellos liberales de Renew.

Además, acusa a la Comisión de cabildear a favor de su ley a través de empresarios, lo que violaría su posición neutral. Según la eurodiputada holandesa Esther de Lange, varios parlamentarios han sido contactados por un lobby de empresas “coordinado por una organización cuyo secretariado está dentro de la dirección general de Medio Ambiente [de la Comisión], así que parece que la Comisión está financiando su propio lobby a favor de esta propuesta”. Se trata de la plataforma “Empresas Europeas y Biodiversidad”, que agrupa a unas 400 organizaciones y marcas diversas, como la asociación de la industria eléctrica europea Eurelectric, la firma de ropa para el aire libre Patagonia o la organización de cazadores FACE, comprometidas a “insertar la biodiversidad y consideraciones naturales clave en sus operaciones diarias”.

Consciente de la carga política de las cuestiones medioambientales —el propio Weber acusó a Sinkevicius de “hacer campaña para Pedro Sánchez” por sus críticas a la propuesta de regularizar regadíos cerca de Doñana—, la Comisión trata de mantener las distancias. Pero ante la acusación de hacer lobby, fuentes comunitarias han respondido que el Ejecutivo europeo “no dirige las actividades diarias y declaraciones de miembros de la plataforma ni esta representa las opiniones de la Comisión”.

Por su parte, el ponente de la ley en la Eurocámara, el socialista César Luena, ha vuelto a acusar a los populares de hacer “puro teatro” de última hora para seguir una “estrategia personal” de Weber en su “lucha electoralista contra Von der Leyen”, en la que ha quedado atrapada una ley para restaurar la naturaleza que es “buena” y que ha sido negociada durante meses con todos, incluido el PPE. “Hemos acercado nuestras posiciones a las del PPE y hemos hecho una ley de mínimos que da a los Estados toda la capacidad para diseñar los planes de restauración y establecer plazos”, ha declarado Luena tras conocer las acusaciones conservadoras. “Rechazar una ley después de haber estado meses negociando es una estrategia antisistema”, ha lamentado.

Conscientes de que el próximo jueves la votación será muy ajustada y de que no hay garantías suficientes de que la ley saldrá adelante, un grupo de eurodiputados socialistas, verdes, de La Izquierda y de Renew han enviado este jueves una carta a Von der Leyen pidiéndole que apoye “públicamente” la normativa que contó en su momento con su visto bueno.

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