La Fiscalía pone la quema de rastrojos en el punto de mira de la lucha contra los incendios

Detrás de la mayoría de incendios forestales que investigan los fiscales especializados en Medio Ambiente no hay una acción deliberada, sino negligencias. En 2022, por ejemplo, el 63,5% de los fuegos investigados por el ministerio público tuvieron su origen en acciones descuidadas, imprudencias o en la dejadez. Aunque la cas...

Detrás de la mayoría de incendios forestales que investigan los fiscales especializados en Medio Ambiente no hay una acción deliberada, sino negligencias. En 2022, por ejemplo, el 63,5% de los fuegos investigados por el ministerio público tuvieron su origen en acciones descuidadas, imprudencias o en la dejadez. Aunque la casuística es muy variada, las quemas de rastrojos ocupan un lugar predominante. Por eso, Antonio Vercher, el fiscal de sala de Medio Ambiente y Urbanismo, ha puesto en el punto de mira de la lucha contra los incendios la quema de rastrojos. “Un importantísimo número de los incendios forestales que dan lugar a procedimientos penales en nuestro país se producen como consecuencia de este tipo de prácticas”, advierte.

Vercher, en un escrito enviado la semana pasada a todos los fiscales de medio ambiente de España, les pide que presten especial atención a estas quemas de rastrojos y les recuerda que la nueva ley de residuos, aprobada en 2022, establece con carácter general el veto de “la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola”, aunque tras las protestas de una parte del sector, el Gobierno dejó fuera de esta veto a las pequeñas y las microexplotaciones agrarias. El resto deberán contar con una autorización de los Gobiernos autónomos y justificar adecuadamente que no tienen otra forma de deshacerse de esos residuos y, de lo contrario, existe un riesgo de “propagación de plagas” o, precisamente, de incendios.

Todo esto no impide que las comunidades autónomas puedan decretar la prohibición total de acometer quemas en situaciones de riesgo. En 2020, por ejemplo, más de la mitad (el 53,5%) de los fuegos investigados por los fiscales se originaron por una negligencia a la hora de deshacerse de esos residuos agrícolas, por lo que es una de las primeras medidas preventivas que adoptan las Administraciones cuando los pronósticos son negativos.

Aunque siempre resulta complicado predecir cómo será una temporada de incendios, los primeros datos hacen que muchos expertos estén preocupados por lo que pueda ocurrir en los próximos meses. En su escrito, fechado el 16 de mayo, Vercher recalca que las previsiones “apuntan a una alta probabilidad de que las temperaturas sean superiores en toda España a lo ordinario” durante lo que queda de primavera y el verano. Además, “existe una probabilidad de menores precipitaciones”. Por lo que el coordinador de los fiscales medioambientales alerta: “el aumento gradual de las temperaturas y el menor volumen de precipitaciones con carácter general hacen preciso extremar la vigilancia y las precauciones”.

Vercher también recuerda en el escrito la labor que están realizando ya los cuerpos policiales para detectar las “acumulaciones de restos vegetales en zonas de monte” que por estar abandonadas o por su localización junto a áreas frondosas, pueden favorecer la propagación de las llamas en el caso de que salte la chispa. Entre las recomendaciones a los fiscales que recoge Vercher, se recalca “la importancia de la vigilancia respecto al cumplimiento de la obligación de tener planes de prevención de incendios”. Todos los ayuntamientos con superficie forestal deben contar con este tipo planes, que incluyen medidas para evitar que salten las llamas y para coordinarse mejor cuando se inicie el fuego para minimizar los daños.

Daños colaterales

Si bien los impactos más visibles de los incendios forestales suelen ser los que afectan directamente a los vecinos, como sus viviendas o animales, los fuegos dejan detrás un rastro en la flora y la fauna que los investigadores cada vez se esfuerzan más por poder valorar para pedir que sean subsanados por los responsables del desastre. Estos daños llegan a menudo hasta el subsuelo, por el aumento de la erosionabilidad del terreno fruto de la pérdida de la cubierta vegetal, y puede afectar en la calidad del agua y también a la cantidad, al causar cambios en el terreno que impida que el agua se filtre correctamente.

Los investigadores no tenían hasta ahora forma de cuantificar esos daños en acuíferos y aguas subterráneas, por lo que la Fiscalía de Medio Ambiente ha pedido ayuda al Instituto Geológico y Minero, que ha ideado una fórmula matemática para poder cifrar el impacto en función de distintas variables.

El fiscal de Medio Ambiente ha dirigido otro escrito a las fiscalías territoriales en el que da cuenta de esta nueva vía e insta a que se aplique en todos los incendios en los que pueda pedir responsabilidad por el impacto sobre las aguas subterráneas. Este impacto, explica Vercher, puede ser de dos tipos: sobre la cantidad de los recursos hídricos subterráneos o sobre su calidad. Los incendios, explica el fiscal, tienden a reducir la cantidad de agua que se infiltra en el subsuelo debido al incremento de la escorrentía superficial y a la pérdida de permeabilidad algunas zonas debido al arrastre de partículas procedentes del suelo hacia el interior que lo acaban impermeabilizando. Es decir, el agua fluye pero no se filtra.

Para estimar este impacto, el escrito del fiscal describe las variables que hay que tener en cuenta, como el tipo de acuífero (en función del tipo varía la posible afección), su posición, el uso al que estuviera destinado ese agua y el área del acuífero afectada. Para trasladar el valor del impacto a términos económicos, la Fiscalía propone poner en relación la superficie quemada y la estimación de los metros cúbicos afectados o perdidos por hectárea, para obtener así el volumen de agua subterránea afectada o perdida. A partir de ese resultado, los fiscales pueden estimar el importe total perdido utilizando las cifras que usan las Confederaciones Hidrográficas para aprobar indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico en casos, por ejemplo, de captación ilegal de agua.

El escrito enviado a los fiscales insta también a valorar los gastos ocasionados por la extinción del incendio, en el que deben incluirse “toda suerte de vehículos y medios instrumentales y humanos de los que se haya hecho uso”, e incluso el precio del agua utilizada para la extinción. “Este último gasto tiene un valor económicamente evaluable, el cual esta constituido no sólo por el del precio del agua utilizada, sino también por la valoración de las carencias que en ocasiones se producen en el lugar del que se extrae”, advierte Vercher.

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