El Gobierno declara inviable la construcción de la macrourbanización de Trebujena, frente a Doñana
“Estamos muy contentos”, dice el alcalde sobre el informe negativo de la CHG, que los ecologistas usarán para pedir que se vuelvan a declarar no urbanizables los terrenos donde se proyectó el complejo de lujo
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Gobierno de España, ha rechazado la viabilidad de la macrourbanización de lujo que se planteaba construir en Trebujena (Cádiz), a 260 metros del Guadalquivir, junto a Doñana, según el informe que ha hecho público este viernes. Tal y como adelantó este diario, el organismo dependiente del Gobierno ha informado desfavorableme...
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Gobierno de España, ha rechazado la viabilidad de la macrourbanización de lujo que se planteaba construir en Trebujena (Cádiz), a 260 metros del Guadalquivir, junto a Doñana, según el informe que ha hecho público este viernes. Tal y como adelantó este diario, el organismo dependiente del Gobierno ha informado desfavorablemente sobre la modificación del PGOU que abordó el Ayuntamiento por entender que “no está acreditada la disponibilidad de recursos hídricos necesarios” para abastecer el complejo y estar proyectada en una “superficie que se ve afectada por la Zona Inundable del Guadalquivir”.
El informe negativo de la CHG sepulta cualquier posibilidad de construir el macrocomplejo, que planteaba edificar sobre más de 2.000 hectáreas de suelo inundable un campo de golf, un hotel y 300 viviendas de lujos, un proyecto que se inició en 2003 y que la crisis del ladrillo hizo hibernar hasta que el anterior alcalde de Trebujena, Jorge Rodríguez, decidió rescatar para impulsar la economía del municipio. Su actual regidor, Ramón Galán, también de IU como su antecesor, se ha mostrado exultante por esta decisión. “Estamos muy contentos. Ha reinado la cordura y lo medioambiental, así que lo celebramos enormemente”, ha dicho a este diario.
A la vista de la valoración de la CHG, los ecologistas van a plantear al nuevo regidor que vuelva a modificar el PGOU, para que los terrenos que se declararon urbanizables para levantar el proyecto urbanístico vuelvan a considerarse rústicos, según ha comunicado a este diario Juan Clavero, portavoz de Ecologistas en Acción.
En el informe técnico, la CHG señala que, aunque en la modificación del PGOU que le corresponde evaluar se indica que “en su mayor parte” la demanda de agua se pretende satisfacer “con los recursos hídricos procedentes de la cuenca del Guadalete-Barbate”, que gestiona la comunidad andaluza, hay “otra mínima parte que procede de agua de los caños pluviales que corresponden a la cuenca del Guadalquivir” controlada por la confederación. Y es sobre el uso de esos recursos hídricos que son de su competencia sobre el que se señala que “las masas de agua existentes en la zona no pueden utilizarse como fuentes de recurso y aún no existe concesión vigente”.
La CHG también apunta que la modificación del PGOU hace referencia a la construcción de dos estaciones depuradoras de aguas residuales, pero advierte de que ni estas se han construido todavía, ni, en el caso de que se hubieran terminado, se cumpliría con lo dispuesto en el actual plan hidrológico sobre reutilización de aguas residuales regeneradas.
Sobre la inundabilidad, el organismo regulador recuerda que del examen del visor cartográfico del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables —”que permite a todos los interesados visualizar los estudios de delimitación del Dominio Público Hidráulico”, es decir, que su acceso es público— “se concluye que en el presente caso la superficie se ve afectada por la Zona Inundable del Guadalquivir por un período de retorno de 500 años”. El informe también señala que se vería afectada por la zona de flujo preferente, es decir, que en el caso de que se produjese una avenida se vería afectado al estar en la zona de desagüe por lo que se podrían dar “graves daños sobre las personas y bienes”.
El informe negativo de la CHG hace decaer la declaración ambiental favorable que la Junta de Andalucía emitió el pasado 12 de abril y que ha desatado una nueva tormenta política entre el Gobierno central y el andaluz en torno a la protección del entorno natural de Doñana.
El futuro de los 1,8 millones adelantados por el promotor
La macrourbanización vuelve a quedar aparcada, 20 años después de que se pusiera en marcha. Ahora queda por ver si la promotora decide emprender acciones legales contra el Ayuntamiento, a quien adelantó 1,8 millones de euros a cambio de una modificación en el PGOU para pasar los terrenos sobre la marisma de rústicos a urbanizables. El propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, dio por sentada esa opción cuando el jueves en el Parlamento aseguró que el Consistorio tenía la opción de renunciar al proyecto, pero que tendría que “devolver” el dinero recibido.
Una posibilidad que el alcalde rechaza de pleno. “No tenemos nada que devolver, solo que celebrar”, señala Galán. “Los belgas abonaron 1,8 millones en concepto de cuatro o cinco convenios que se han firmado con el Ayuntamiento en estos años por una serie de hitos realizados. En el último firmamos una cláusula que deja claro que si el proyecto decae por los trámites de otras administraciones, el Ayuntamiento no tendrá que devolver nada”. El regidor señala que después de las elecciones se sentará con los promotores y los ecologistas. “Nuestro planteamiento es seguir apostando por la ecología azul con proyectos de recuperación de las marismas como el que estamos desarrollando con la Junta”, añade.
Trebujena, gobernada durante 37 años por IU, se ha convertido no solo en escenario de una nueva batalla a cuenta de Doñana. El signo político del ayuntamiento ha sido utilizado por el PP y por Adelante Andalucía —antiguo socio de coalición— para cuestionar el compromiso medioambiental de esa formación. Galán es tajante y pone de nuevo la pelota sobre el tejado de la Junta, que emitió una autorización ambiental sin contar con el informe determinante de la CHG. “Hay que darle un tirón de orejas al delegado provincial de Medio Ambiente de Cádiz, que sacó una declaración ambiental incompleta, no sé con qué intereses”. Fuentes del Consistorio señalan que creen que no cabe ninguna indemnización porque el Gobierno local cumplió con su parte de cambiar el plan urbanístico, y que la decisión de anularlo depende de otra Administración.
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