La Guardia Civil investiga a una treintena de agricultores de Málaga por extracción y uso ilegal de agua para regar aguacates y mangos

Una treintena de agricultores de la comarca de la Axarquía, al este de la provincia de Málaga, están siendo investigados por la Guardia Civil por riegos ilegales. A unos se los acusa de llevar a cabo captaciones de agua irregulares, según han apuntado fuentes de la Fiscalía malagueña. A otros, de desviar recursos hídricos de las comunidades de regantes de la zona para terrenos que no tienen permiso para ello. Todos están relacionados con el cultivo de plantas subtropicales, sobre todo aguacates y mangos, ...

Una treintena de agricultores de la comarca de la Axarquía, al este de la provincia de Málaga, están siendo investigados por la Guardia Civil por riegos ilegales. A unos se los acusa de llevar a cabo captaciones de agua irregulares, según han apuntado fuentes de la Fiscalía malagueña. A otros, de desviar recursos hídricos de las comunidades de regantes de la zona para terrenos que no tienen permiso para ello. Todos están relacionados con el cultivo de plantas subtropicales, sobre todo aguacates y mangos, principal motor económico de una zona que es la productora más importante de estas frutas en Europa, con algo más de 7.000 hectáreas.

Es también el sector al que los ecologistas acusan de despilfarrar la poca agua que le queda a la zona tanto en el subsuelo como en su principal embalse, La Viñuela, que se encuentra en la actualidad a menos del 10% de su capacidad, según la red Hidrosur. En el caso llegó a haber hasta 180 implicados, aunque se ha ido centrando en los principales responsables, 36 personas. Hasta 26 de ellas han declarado ya ante la Guardia Civil acusadas de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y de distracción de aguas.

La investigación, aún abierta, está siendo desarrollada por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Arrancó en 2018 a raíz de la denuncia de algunos regantes y de las declaraciones en diversos medios de comunicación de la asociación Ecologistas en Acción. Ha sido un trabajo complejo, con un ritmo pausado debido a la dificultad de las averiguaciones y la opacidad del sector, además de los problemas surgidos más tarde por la llegada de la pandemia.

Durante los últimos cinco años, los agentes han ido comprobando la existencia de numerosos pozos ilegales, uso irregular del agua del pantano y robos de agua en las canalizaciones de unos agricultores a otros, según cuentan fuentes del caso.

Eran recursos extraídos de manera ilegal en una zona donde la competencia es feroz debido al enorme crecimiento de los cultivos tropicales, que requieren grandes cantidades de agua en una comarca donde no la hay. Una situación que ahora es más problemática debido a la escasez de lluvias en los últimos años. Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, anunció la semana pasada que tras el verano habrá restricciones de agua si no llueve en las próximas semanas.

El caso llegó a tener a 180 personas implicadas, aunque más tarde se redujo a 115. Es la cifra que el Seprona envió en su documentación a la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga en septiembre, y que esta envió al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vélez-Málaga. Poco a poco, la investigación, sin embargo, ha ido centrando las acusaciones en los principales implicados en esta guerra del agua y pozos ilegales “que son muy difíciles de encontrar”, según fuentes del caso.

Finalmente, son 36 personas las investigadas, de las que 26 ya han comparecido ante la Guardia Civil para que se les tome declaración. Se trata de riegos que afectan a más de dos millones de metros cuadrados, unas 220 hectáreas, de aguacates y mangos. Muchas de ellas por encima de la cota de 140 metros de altura, frontera recogida en el plan Guaro —que ordena el regadío de la zona— para utilizar agua de La Viñuela en fincas de subtropicales.

Se les imputan los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y de distracción de aguas, según la información adelantada por Sur este lunes. En el primero de los casos, se acusa a los agricultores de extraer de manera clandestina más de un millón de metros cúbicos de agua subterránea. En el segundo, de desviar el agua gestionada a través de varias comunidades de regantes hacia parcelas no autorizadas para ello. El juzgado, que lleva ahora la instrucción, ha librado un oficio al Seprona para que informe a los investigados de que “cesen las extracciones de agua hasta que se compruebe si el procedimiento es legal o no”, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El verano del año pasado, con el pantano de La Viñuela bajo mínimos, algunos agricultores de la comarca de la Axarquía empezaron a sacrificar árboles de aguacate para salvar las cosechas. El embalse estaba entonces cercano a su muerte técnica —el nivel al que ya no se puede utilizar agua ni para regar ni para consumo humano— y la situación es aún peor este año. A estas alturas del año, pero en 2022, el espacio acogía 27,99 hectómetros cúbicos, mientras que en este momento tiene prácticamente la mitad: 16,12 hectómetros cúbicos. Es decir, apenas el 9,81% de su capacidad.

Para Ecologistas en Acción, la causa de todo ello es el crecimiento descontrolado de las tierras dedicadas a cultivos subtropicales. “Hay una cantidad de hectáreas de riego muy por encima de la de los recursos hídricos”, subraya Rafael Yus, portavoz de Ecologistas en Acción y coordinador de la publicación La burbuja de los cultivos subtropicales y el colapso hídrico de la Axarquía, con más de 600 páginas. “La superficie de estos árboles no puede seguir aumentando sin control. Ya será imposible reducirla, pero al menos se debe mantener. Y eso es responsabilidad de las administraciones”, insiste Yus, que cree que en la zona hay “cientos” de pozos ilegales. Según los especialistas, cada hectárea de aguacate necesita unos 7.000 metros cúbicos de agua al año y cada hectárea de mango, unos 5.500 litros, muy por encima de cultivos tradicionales de este rincón de la geografía malagueña como el olivo y el almendro. Sin embargo, la superficie de subtropicales no deja de crecer en la zona en los últimos años por su alta rentabilidad, ahora cuestionada por el cambio climático.

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha expresado esta mañana “la condena más absoluta” por parte del Gobierno andaluz “a todo aquel que se salta la ley”. “Contra la sequía solo cabe la planificación, inversión y licitación de obras”, ha añadido, al tiempo que ha anunciado que en 2023 se invertirán 43 millones de euros para aportar más de 31 hectómetros cúbicos a La Axarquía, de los que 19 serán para regadío. Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha afirmado que “en pocos días” se terminarán las diligencias que aún quedan por hacer en el caso por parte de la Guardia Civil.

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