El desastre de Aznalcóllar cumple 25 años a dos meses del juicio clave por la limpieza de lodos tóxicos

La catástrofe ecológica de Aznalcóllar (Sevilla), que en 1998 vertió cinco millones de metros cúbicos de lodos tóxicos cerca de Doñana, cumple este martes 25 años a dos meses del inicio del juicio clave que resolverá si la multinacional minera Boliden debe pagar la limpieza de la Junta andaluza, tasada en 89 millones. El histórico desastre medioambiental, uno de los mayores que ha sufrido España en las últimas décadas, marc...

La catástrofe ecológica de Aznalcóllar (Sevilla), que en 1998 vertió cinco millones de metros cúbicos de lodos tóxicos cerca de Doñana, cumple este martes 25 años a dos meses del inicio del juicio clave que resolverá si la multinacional minera Boliden debe pagar la limpieza de la Junta andaluza, tasada en 89 millones. El histórico desastre medioambiental, uno de los mayores que ha sufrido España en las últimas décadas, marcó un punto de inflexión para la conciencia social y las autoridades, pero un cuarto de siglo después no hay culpables ni responsable privado que aportaran fondos para la costosa limpieza.

“La tarde antes del desastre, dos técnicos con monos azules estuvieron sobre el muro de la balsa y a las 1.30 de la madrugada cayó un poste y fueron los eléctricos, que notaban ruidos. Poco después, pasadas las 5, el muro venció. Esa mañana vimos nuestro futuro tan negro como estaba todo aquello”. Agapito Ramírez, expresidente del comité de empresa de Boliden y minero del turno de tarde ese día, recuerda los momentos previos a que se abriera una brecha de 50 metros en el muro de contención de la balsa que daba al río Agrio. Por ese inmenso agujero salieron los lodos y aguas ácidas contaminadas con zinc, plomo y azufre durante 62 kilómetros, hasta frenarse poco antes de contaminar Doñana.

Un cuarto de siglo después, un parque solar ocupa los terrenos degradados donde estuvo la balsa, el medio ambiente se ha recuperado en el cauce del Guadiamar ―convertido en corredor ecológico―, pero la herida aún escuece. La multinacional sueca Boliden no pagó los 43,7 millones que costó la limpieza al Ministerio de Medio Ambiente de la época, a pesar de su victoria judicial en el Tribunal Supremo, ni tampoco los 89 millones que le reclama ahora la Junta andaluza por sus trabajos de reparación ambiental. El próximo 4 de julio el Juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla celebrará el juicio por el pleito interpuesto por el Gobierno andaluz y que puede poner fin a un laberinto judicial dilatado y que acabará previsiblemente en el Supremo dentro de un lustro.

La mina se reabrirá en los próximos años, esta vez sin balsa de residuos mineros, con los ecologistas en contra y el Ayuntamiento de Aznalcóllar a favor para insuflar 400 empleos directos y hasta 1.600 indirectos a una comarca deprimida, según Minera Los Frailes, la nueva empresa al frente de la explotación. El alcalde y minero en excedencia, Juan José Fernández (IU), afirma esperanzado: “El corazón de Aznalcóllar volverá a latir y tenemos recursos para salir adelante con una minería sostenible. Las tecnologías han cambiado mucho y los minerales son esenciales para la transición ecológica. Además, el proyecto de ahora carece de balsa y no hay peligro de contaminación”. Fernández quiere que la empresa incorpore a tantas mujeres como hombres en la próxima plantilla, en un sector que tradicionalmente ha excluido la mano de obra femenina.

Lola Yllescas, portavoz de Ecologistas en Acción, echa la vista atrás y critica: “Los culpables son la minera Boliden, pero también la Junta y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que no ejercieron el seguimiento y control que deberían haber hecho. No parece que hayamos escarmentado mucho viendo el proyecto de recrecimiento de las balsas de Riotinto”. A 35 kilómetros de Aznalcóllar, la Junta de Andalucía prevé autorizar este año que las tres balsas mineras de la explotación de Riotinto, con 182 millones de metros cúbicos de restos mineros, se recrezcan 42 metros. María José Caballero, portavoz de Greenpeace, avisa de que una nueva sombra del desastre está cerca: “Los expertos avisan de que en Riotinto las balsas no están construidas con las técnicas y materiales adecuados, y su recrecimiento puede hacer mucho más grave el problema. Las balsas tienen un 95% de posibilidades de colapsar”.

Antes de que los lodos tóxicos inundaran los ríos Agrio y Guadiamar, muchas voces críticas vieron venir el desastre. Dos años antes de la rotura de la balsa, el ingeniero de Boliden Manuel Aguilar alertó de que la balsa no aguantaría la presión y cedería antes o después. Pero su denuncia cayó en saco roto. “El problema de esto es que [la balsa] ha llegado a su límite total. Aparte de eso, la mala ejecución es evidente desde que vinieron los suecos en 1989, que para ahorrar dinero suprimieron filtros y el compactado de la escollera, y se hizo en plan vertedero con los camiones de 85 toneladas (…) Esto puede reventar cualquier día”, avanzó en 1996 en declaraciones a Canal Sur Aguilar, hoy fallecido.

Ahora el futuro pasa por una mina subterránea y la nueva empresa asegura que los lodos tras depurar el cobre, zinc y plomo serán solidificados y devueltos a las galerías de donde se extraigan. Será dentro de tres años, después de construir una planta depuradora, otra para el tratamiento de los minerales y una tercera para la pasta resultante con los desechos. “Estamos en la recta final, en los próximos meses la Junta nos dará la autorización ambiental para empezar a construir la planta depuradora. Los estériles se eliminarán y tras cementarlos se ingresarán de vuelta en los huecos de la mina”, explica Miguel Ángel González, director de operaciones de Minera Los Frailes, firma que explotará Aznalcóllar.

Minera Los Frailes ganó en 2015 el accidentado concurso público de la Junta para alzarse con la mina, adjudicación que más tarde fue denunciada en los tribunales por presuntas irregularidades y cuyo juicio se celebrará en 2025 debido al colapso que sufre la Audiencia de Sevilla. Entre los 16 procesados por tráfico de influencias, malversación y prevaricación figuran empresarios, funcionarios y técnicos de la Junta.

El balance de 4.634 hectáreas contaminadas de lodos, 37 toneladas de peces muertos y costosas expropiaciones de terrenos es desolador, pero ahora la batalla jurídica de la Junta contra Boliden abre un hilo de esperanza para que la multinacional repare el daño causado tras cerrar su filial en España, Apirsa, en 2001. Las tareas de limpieza sumaron 132 millones.

Mientras, Ramírez vierte sospechas sobre las intenciones de la multinacional sueca, cotizada en Bolsa y con una plantilla de 6.000 trabajadores: “Poco antes del desastre los suecos se llevaron incentivos regionales y nacionales por casi 10.000 millones de pesetas y sacaron dos seguros por 15.000 millones. Hay indicios y datos que apuntan a que el proyecto no era muy viable, cogieron el mineral restante, engordaron sus empresas con compras infladas y los Gobiernos les permitieron llevarse la maquinaria a Suecia y Chile”, censura. La vía penal se cerró en 2001 tras la imputación de 21 técnicos y responsables de Boliden y las empresas constructoras.