Una ley anti-Doñana

Doñana ha entrado de lleno en el escenario político y eso debería ser algo positivo, señal de una sociedad madura que entiende la importancia de la conservación de este ecosistema único que presta impagables servicios ambientales a la sociedad y estratégico para la biodiversidad española, europea y global. Por algo es un patrimonio de la humanidad que España se ha comprometido a preservar. Sin embargo, ese protagonismo actual ...

Doñana ha entrado de lleno en el escenario político y eso debería ser algo positivo, señal de una sociedad madura que entiende la importancia de la conservación de este ecosistema único que presta impagables servicios ambientales a la sociedad y estratégico para la biodiversidad española, europea y global. Por algo es un patrimonio de la humanidad que España se ha comprometido a preservar. Sin embargo, ese protagonismo actual nada tiene que ver con ese compromiso; muy al contrario, Doñana se ha convertido en rehén de cara a las próximas elecciones locales y autonómicas con el que arañar un puñado de votos. Solo así se explica la proposición de ley que el Partido Popular y Vox han vuelto a tramitar a pesar de la oposición de la ciencia, el Gobierno central, la Comisión Europea, la UNESCO, el Consejo de Participación de Doñana, los supermercados europeos, la mayor parte de los regantes legales del entorno del parque nacional y, con toda seguridad, de la mayoría de la sociedad.

Desde que WWF nació en Doñana hace 70 años precisamente para salvar estas marismas de su destrucción y lograr su declaración como parque nacional, no hemos dejado de denunciar las numerosas amenazas que acechan a este humedal que hoy es un espejismo de lo que fue. Una de esas amenazas sobre las que las administraciones han mirado para otro lado durante años ha sido la expansión de los invernaderos de fresas y frutos rojos que han crecido sin control, aislando la biodiversidad del parque, secando los arroyos y sobreexplotando los acuíferos con total impunidad.

En los últimos veinte años en WWF hemos documentado con imágenes de satélite cientos de pozos y fincas ilegales que roban el agua a la vista de quien quiera mirar. La inacción de las administraciones y la degradación de Doñana nos llevó a presentar una queja ante la Comisión Europea que supuso una condena a España por parte del Tribunal de Justicia de la UE. Diez años después, gran parte de los campos de fresas que rodean Doñana siguen siendo un territorio en el que reina la omertá y muy pocos se atreven a denunciar, aunque por suerte esto está empezando a cambiar. La proposición de ley es una burla al Tribunal de Justicia de la UE y a la Comisión Europea que en tres ocasiones ha mostrado su “inquietud y estupefacción” por la “violación flagrante de la sentencia del Tribunal Europeo” y advertido de que, de seguir adelante, supondrá sanciones que terminaremos pagando todos los ciudadanos.

Esta ley anti-Doñana empeorará la situación ecológica y social aún más. Aumentará la superficie de regadío y la presión sobre el ecosistema, no solamente permitiendo a los ilegales seguir robando agua subterránea mientras llega una prometida e inexistente agua superficial, sino además legalizando la transformación de cientos de hectáreas forestales y de secano de alto valor para la biodiversidad en cultivos bajo plástico. Y todo ello con un trámite de urgencia totalmente injustificado que solo pretende modificar la normativa actual por la puerta de atrás, evitando la participación pública, el trámite de evaluación de impacto ambiental y los informes preceptivos de la Confederación Hidrográfica y del Consejo de Participación de Doñana que ya han expresado su total oposición.

La proposición de ley es un torpedo en la línea de flotación del llamado plan de la fresa, aprobado en 2014 tras siete años de compleja tramitación para poner fin a la expansión caótica de los cultivos bajo plástico, un procedimiento garantista en el que participaron todos los afectados, incluido WWF, y que contemplaba la obligación expresa de eliminar la superficie regada sin permiso. Modificar unilateralmente dos aspectos vertebrales, como son cambiar la fecha de regularización de fincas que estuvieran en riego de 2004 a 2014 para incluir ahora a los ilegales y permitir legalizar las fincas que hayan cambiado de cultivo forestal a agrícola sin permiso, supone un golpe letal al único mecanismo existente para ordenar estas explotaciones y avanzar en su sostenibilidad. Si se aprueba, significaría recompensar reconociendo un derecho y multiplicando hasta por diez el valor de sus tierras hoy de secano a quienes ocuparon ilegalmente los montes y se lucran robando un bien público procedente de un acuífero sobreexplotado, a quienes ningún tribunal ha reconocido ningún derecho histórico ni injusticia que reclamar y que hacen competencia desleal a quienes respetan las normas. Un efecto llamada para nuevos ilegales que pensarán que algún día tendrán también su oportunidad. En un momento de máxima competencia con las fresas de otros países, trasladar a los consumidores europeos el mensaje de que en Andalucía se recompensa a los ilegales que destruyen un espacio esencial para las aves europeas es la peor campaña de imagen imaginable para los productos de Huelva.

Por encima de intereses políticos y de las pretensiones de unos pocos, el presidente Moreno Bonilla tiene la responsabilidad y la oportunidad histórica de preservar este icono mundial antes de que sea demasiado tarde y el primer paso es retirar esta proposición de ley descabellada. A partir de ahí, lo verdaderamente urgente es hacer política con altura de miras en una mesa en la que se sienten todas las administraciones y actores involucrados para trazar una hoja de ruta ecológica, económica y social con objetivo de salvar Doñana.

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