El mapa de los macroproyectos de energía renovable: viaje al próximo bum solar y eólico en España

Como el resto de los miembros de la UE, España cuenta con un plan climático para instalar de forma masiva energía renovable para cumplir con sus compromisos europeos y ante la ONU de lucha contra el cambio climático. La autorización ambiental de los proyectos, que en algunos casos está despertando el rechazo de distintos colectivos por los impactos en el territorio, depende de varias Administraciones. Pero las grandes instalaciones —aquellas que tienen una potencia superior a los 50 megavatios (MW)— deben ser autorizadas por el Gobierno central, en concreto, por el Ministerio para la Transició...

Como el resto de los miembros de la UE, España cuenta con un plan climático para instalar de forma masiva energía renovable para cumplir con sus compromisos europeos y ante la ONU de lucha contra el cambio climático. La autorización ambiental de los proyectos, que en algunos casos está despertando el rechazo de distintos colectivos por los impactos en el territorio, depende de varias Administraciones. Pero las grandes instalaciones —aquellas que tienen una potencia superior a los 50 megavatios (MW)— deben ser autorizadas por el Gobierno central, en concreto, por el Ministerio para la Transición Ecológica. Durante los últimos años, la avalancha de proyectos de toda índole y la falta de manos en las Administraciones para poder analizarlos, han terminado en un enorme atasco que se ha liberado en apenas dos meses. El ministerio tenía hasta el 25 de enero para resolver las declaraciones de impacto ambiental (DIA) de un paquete de 202 proyectos que cuentan con el permiso para conectarse a la red eléctrica, requisito indispensable para que puedan operar. De esos 202, 152 han recibido el visto bueno ambiental, es decir, una DIA positiva. Suman una potencia de 27.943 MW y la mayoría son plantas fotovoltaicas: 130, con una potencia total de 24.752 MW. Además, hay 20 eólicos con DIA positiva (2.897 MW) y dos híbridos (294 MW).

El ministerio apenas ha dado más detalles que esos, por lo que para obtener más información hay que acudir al Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se han ido publicando las resoluciones de cada uno de los expedientes. Según el análisis que ha llevado a cabo EL PAÍS de la información de cada autorización, los macroproyectos de renovables con permiso ambiental se extienden por 243 municipios, con una especial presencia en las provincias de Madrid, Toledo y Valladolid en el caso de las instalaciones solares. En los eólicos, mucho menos numerosos, las provincias con más proyectos son A Coruña y Burgos. Respecto a los promotores, 36 grandes empresas y fondos están detrás de los proyectos autorizados, entre los que destacan Iberdrola, Enel y TotalEnergies.

En el siguiente mapa y buscador se pueden consultar los municipios en los que hay macroproyectos solares y eólicos con la autorización ambiental del ministerio, además de su promotor y accionista principal que ha recopilado este periódico.

Los proyectos eólicos con el visto bueno medioambiental suman en total 489 aerogeneradores nuevos. Los proyectos solares suponen una superficie vallada de algo más de 42.500 hectáreas, una extensión parecida a la que ocupa Andorra (46.800 hectáreas) o el equivalente al 0,08% del territorio de España. En todo el país, por ejemplo, hay en estos momentos 65.000 hectáreas de cultivos con invernaderos.

Pero que los proyectos se extiendan por una área vallada de 42.500 hectáreas no significa que toda esa superficie vaya a estar cubierta por paneles solares. Porque dentro de la zona perimetrada puede dejarse una parte sin ocupar para preservar masas vegetales, por ejemplo, o para vías de comunicación. Solo en 22 de los 130 proyectos solares autorizados se especifica la superficie efectiva de ocupación en los expedientes publicados en el BOE. Aunque muy incompleta, esa información sirve para hacerse una idea: de media, el área efectiva que ocupará el parque solar ronda el 40% de la zona vallada.

Si se atiende al proceso de autorización ambiental del ministerio, el verdadero salto en los próximos meses se producirá en la solar, que acumula la mayoría de los permisos de macroproyectos, con 24.752 MW de potencia, más de la que existe en estos momentos. Ahora, España cuenta con 19.500 MW de solar instalados. Pero que un proyecto haya recibido una declaración de impacto ambiental favorable no significa que necesariamente se vaya a construir y empezar a operar, advierten fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

Durante la fase de autorización ambiental, los técnicos han estado evaluando las propuestas y en la mayoría de los casos han obligado a reducir la superficie o el número de aerogeneradores para evitar daños en las zonas de más valor ecológico. También se incluyen en los condicionados acciones de compensación y de prevención que pueden hacer que ya no resulte rentable al promotor poner en marcha esa instalación. Fuentes del ministerio no especifican cuántos de los macroproyectos calculan que entrarán en funcionamiento, algo que debe ocurrir antes de junio de 2025 si los promotores no quieren perder sus derechos.

Multinacionales, fondos y la inversión de Jaime Botín

Pero, ¿quién está detrás de las autorizaciones concedidas? A través del Registro Mercantil, EL PAÍS ha comprobado los accionistas de todas las sociedades que han presentado los proyectos que han recibido autorización ambiental: las 152 instalaciones de energías renovables aprobadas están en manos de 36 grandes empresas españolas, multinacionales y fondos de inversión (en el BOE solo aparecen los nombres de las pequeñas empresas, casi siempre sin empleados, que presentan los proyectos para su matriz).

Más de la mitad de los proyectos (72) los llevarán a cabo empresas de capital extranjero. La italiana Enel (dueña de Endesa) es la que más ha conseguido: 14 fotovoltaicos y seis eólicos. La francesa TotalEnergies tiene otros 12 y la austriaca Verbund AG, ocho. Al menos tres proyectos están controlados por fondos de inversión con sede en Luxemburgo. Solo hay una empresa no europea: el grupo saudí Al Fanar, centrado en el sector eólico.

Entre las españolas destacan los 17 proyectos de Iberdrola (tres eólicos) y los cinco de Solaria, propiedad de Enriquez Díaz Tejeiro, una de las 100 personas más ricas de España. Entre los nombres conocidos que están invirtiendo en este tipo de instalaciones está también el de Javier Botín, hijo del expresidente del Banco Santander. A través de la sociedad de gestión de activos que controla junto al dueño de la metalúrgica Sindenor (Juan Antonio Jainaga) ha conseguido el permiso para el parque fotovoltaico Zalea, cerca de Málaga.

En el siguiente gráfico se recogen las principales empresas adjudicatarias de los proyectos.

El mayor proyecto eólico, el que se desarrollará en la comarca turolense del Maestrazgo, lo gestionará Forestalia, cuyos principales accionistas son los hermanos Sampar-Rivas. Este macroproyecto tiene autorizados 118 aerogeneradores, que se instalarían en nueve municipios, con una potencia total de más de 700 MW. La fase de tramitación ambiental ha supuesto una reducción del número de molinos del 25%. El promotor había propuesto la instalación de 161, pero se han eliminado 43 por los diversos impactos potenciales detectados, como el paisajístico o la mortandad de aves.

Las colisiones de pájaros con los aerogeneradores suponen uno de los grandes problemas ambientales de la energía eólica, además de las líneas para transportar la electricidad que se genera. Y, cuando los parques están en zonas sensibles, se analiza la mortandad que puede provocar cada molino para establecer si es admisible o no. En el caso del parque eólico del Maestrazgo, donde se han identificado 79 especies de avifauna, destacan el buitre leonado, el alimoche y el águila real. También se ha constatado (aunque de forma más ocasional) la presencia de águila perdicera y quebrantahuesos. Varios de los aerogeneradores se han suprimido cuando se ha considerado que causarían altos daños en estas especies protegidas o cuando se ha concluido que supondrán un gran impacto visual desde alguno de los municipios de la zona.

En el caso de la solar, el proyecto de más potencia y superficie con una autorización ambiental es Maira, que se extiende por los municipios burgaleses de Briviesca, La Vid de Bureba, Berzosa de Bureba, Los Barrios de Bureba, Llano de Bureba y Oña. Se trata de la agrupación de cuatro parques, que suman una potencia total instalada de 595 MW y una superficie vallada de 1.066,69 hectáreas, que en su inmensa mayoría está ocupada ahora por cultivos de secano, con lo que la cubierta forestal ya había sido eliminada para los usos agrícolas y ganaderos (esto mismo ocurre en la mayoría de los grandes proyectos autorizados por el ministerio). El promotor de Maira es Solaria, de Enriquez Díaz Tejeiro.

La autorización ambiental es un hito muy importante en el proceso, pero no el definitivo. Durante los próximos meses, los promotores deberán conseguir el permiso previo y el de construcción para poder empezar las obras. En el caso de los macroproyectos, para los de más de 50 MW de potencia, de nuevo es el ministerio el que debe emitir esas licencias. Por último, los proyectos deberán recibir antes del 25 de junio de 2025 el permiso final, el de explotación. Fuentes del sector temen que ahora se pueda generar un nuevo cuello de botella.

También existe un temor logístico ante una posible falta de los componentes necesarios y de la mano de obra que se requiere en un plazo tan corto de tiempo, poco más de dos años. “Las grandes compañías tienen más capacidad de acaparar materiales y trabajadores”, resaltan fuentes del sector de las renovables. Porque, además de los proyectos autorizados por el ministerio, existen otros cientos de instalaciones más pequeñas (de menos de 50 MW) que han sido tramitadas ante las comunidades autónomas y que también tenían de plazo hasta el 25 de enero para recibir la autorización ambiental. En definitiva, un nuevo bum renovable que debe servir a España para romper con su peligrosa adicción a los combustibles fósiles.

El petróleo, el gas natural y el carbón son los responsables de la mayoría de los gases de efecto invernadero que sobrecalientan el planeta. Para evitar que la crisis climática se adentre en los niveles más peligrosos, esas emisiones deben caer en todo el mundo ya de forma rápida y profunda hasta prácticamente desaparecer en la segunda mitad del siglo. Y el IPCC —el panel de científicos internacionales que sienta las bases sobre el cambio climático— ha dejado claro que el uso global de los combustibles fósiles debe, prácticamente, desaparecer. La alternativa más clara en estos momentos son precisamente las energías renovables. Y la eólica y la solar ocupan un lugar destacado en esta transición, como señala también el IPCC.

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