Holanda crea un ministerio para reducir el impacto de las cada vez más grandes granjas porcinas

Con casi 11,4 millones de cabezas en 2021, la cabaña porcina es de gran importancia económica para Países Bajos. En una tierra densamente poblada, sin embargo, la explotación intensiva conlleva riesgos para la salud y el entorno, y el sector afronta un doble problema: debe reducir sus emisiones contaminantes y hacerse sostenible. El Ministerio de Agricultura holandés subvenciona desde 2019 la clausura voluntaria de granjas de diversos tamaños cercanas a zonas pobladas para evitar las molestias de los olores. Por su p...

Con casi 11,4 millones de cabezas en 2021, la cabaña porcina es de gran importancia económica para Países Bajos. En una tierra densamente poblada, sin embargo, la explotación intensiva conlleva riesgos para la salud y el entorno, y el sector afronta un doble problema: debe reducir sus emisiones contaminantes y hacerse sostenible. El Ministerio de Agricultura holandés subvenciona desde 2019 la clausura voluntaria de granjas de diversos tamaños cercanas a zonas pobladas para evitar las molestias de los olores. Por su parte, el nuevo Gobierno de centroderecha, que prevé presentarse el 10 de enero, incluye un Ministerio de la Naturaleza y el Nitrógeno, integrado dentro del Ministerio de Agricultura y encargado de la reducción de las emisiones de todo el sector ganadero nacional. Los nitratos, derivados del nitrógeno, pueden contaminar los suelos a través de los fertilizantes agrícolas o por los excrementos de los animales.

Las granjas porcinas han ido reduciendo su número en los últimos años debido a las jubilaciones de sus titulares, cierres por el olor y el aumento de las exigencias de sostenibilidad. En el año 2000 había 14.520, mientras que en 2020 la cifra era de 3.600. Sin embargo, se ha producido una mayor concentración de animales en cada una: si en 2011 eran 1.900 cerdos por granja, en 2021 eran 3.400, según las estadísticas oficiales. El número de cabezas se ha mantenido estable en la última década, con unos 12 millones de animales en un país de 17,4 millones de habitantes. Por comparar, en España (47 millones de habitantes), donde las macrogranjas están soliviantando a muchos pueblos de la España vacía, la cifra ha pasado de unos 25 millones de animales en 2011 a más de 32 millones en 2020, según el Ministerio de Agricultura español.

Desde el punto de vista técnico, en Países Bajos se entiende por macrogranja la que tiene más de 7.500 lechones criados para carne, o bien más de 1.200 cerdas reproductoras. El olor, debido sobre todo al amoniaco, puede llegar hasta las casas situadas a un kilómetro y es especialmente notorio en las regiones del sur y el este. Allí se concentra el 83% de estas empresas a escala nacional. “Los olores son fáciles de explicar: los cerdos no salen al exterior, como las vacas. Cumplen su ciclo vital en los espacios donde se alojan, y el estiércol suele almacenarse [como medio líquido o semisólido] por debajo de los propios animales generando gases”, afirma, al teléfono, Frederieke Schouten, veterinaria y directora de la ONG holandesa Varkens in Nood (cerdos en apuros).

Además del olor característico, la experta añade que estas condiciones de confinamiento pueden dañar el sistema respiratorio de los animales. “Hay sistemas de ventilación que lanzan el aire hacia fuera, pero empeoran la situación de los cerdos porque todo está cerrado y los gases tóxicos se acumulan dentro. El nuevo Gobierno habla de economía circular y reducción de gases como el nitrógeno. Hay que ver el efecto que ello tiene en la limitación del sector ganadero en su conjunto pedida por la gente”, dice. Apunta también que para 2030 se espera que queden un millar de granjas porcinas, “una tendencia que debería pararse porque unos colegas apartan a otros del negocio por la necesidad de crecer”. En su opinión, el riesgo para los animales aumenta a medida que se intensifica la ganadería, porque “los cerdos necesitan estar al aire libre para su salud y bienestar”.

El plan de Agricultura para combatir el olor de las explotaciones porcinas contempla la clausura permanente así como el desmantelamiento de las instalaciones cuyos dueños estén dispuestos a hacerlo por este motivo. Según la carta remitida en junio de 2021 al Congreso por Carola Schouten, ministra del ramo que no repite en el cargo en el nuevo Gabinete, en ese momento se habían aprobado 430 solicitudes de compensación. Una vez confirmadas, el propietario de la empresa disponía de ocho semanas para firmar el acuerdo de poner fin a la crianza. También se comprometía a no abrir de nuevo una firma similar.

“En la práctica, hemos visto que necesitaban más tiempo para tomar una decisión ponderada, y aunque el plazo se amplió, al final solo firmaron 278“, sigue la nota. Portavoces ministeriales añaden que si las 278 granjas echan el cierre, ello supondrá para el granjero “una reducción de 580.477 derechos de producción de cerdos, que no equivale exactamente el número de animales de cada granja”, puntualizan. Cada animal tiene una categoría distinta por su impacto en el entorno, ya sean hembras gestantes, cerdos para carne o lechones.

En la misma nota, la ministra Schouten explica que había reservado 430 millones de euros para aplicar este plan, “pero al haberse apuntado menos granjeros el monto final queda en 277 millones”. Para los que opten por la transición sostenible, se exige la prevención “en origen de las emisiones de amoniaco, metano, olor y partículas en suspensión”. Para lograrlo, pueden acogerse a una subvención que cuenta con un presupuesto total de 172 millones de euros. El proyecto seguirá adelante en 2022.

Devolver el espacio a la naturaleza

La Organización de Productores de Porcino (POV, en sus siglas neerlandesas) dice que el acuerdo de la coalición de Gobierno señala que “muchas granjas —entre un 20% y un 30%— serán compradas en los próximos 14 años para devolver ese espacio a la naturaleza, dedicarlo a la construcción de viviendas o bien a la agricultura”. Sus portavoces señalan que “no se sabe en este momento qué efecto tendrá para la ganadería porcina al margen de los cierres voluntarios”.

El programa, elaborado por el propio sector para ser más sostenible, presenta varios retos. Entre ellos, el cuidado del entorno, situarse en el centro de una economía circular, contribuir a la transición energética y criar animales sanos en granjas respetuosas con su bienestar. En el organismo añaden que los granjeros de porcino que cierran “suelen ser mayores y se jubilan. Algunos abren un negocio distinto, por ejemplo de transporte, y otros se marchan a empresas agrícolas”. Concluyen apuntando que los planes anunciados en el pacto de Gobierno “prometen una mejora económica, y en el seno de POV tenemos muchas preguntas sobre cómo lo logrará. En nuestra opinión, habrá sitio para granjas grandes y pequeñas en el país”.

Cerca de 1,5 millones de lechones son exportados al año a España desde Países Bajos. La veterinaria Schouten señala que “los granjeros holandeses se muestran preocupados por si sus lechones no serán bienvenidos en España dado que la producción local sigue creciendo allí”.

La adaptación del modelo productivo ganadero ocupa también al Gobierno español. Este diciembre, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, apuntó que “la ganadería intensiva no es un sistema sostenible, contamina y no genera empleo, y tiene que ser sustituida por la ganadería extensiva, que sí protege el medioambiente”. Dos meses antes, un informe de Ecologistas en Acción comparaba centenares de municipios de menos de 5.000 habitantes alejados de una gran ciudad y con granjas porcinas intensivas, con otros de población similar sin estas explotaciones. Según sus conclusiones, “no hay una relación positiva entre la ganadería industrial porcina y la lucha contra la despoblación”. Por su parte la patronal Interporc, que agrupa al sector porcino español, señala que las más de 86.000 granjas de cerdos presentes en España dan empleo a 400.000 familias, ya sea directa o indirectamente, la mayor parte en zonas rurales.

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