Los ecologistas acusan a Berkeley de prácticas antidemocráticas por presionar al CSN por la mina de uranio

Las cinco principales organizaciones ecologistas con representación en España han condenado este viernes las presiones de la compañía Berkeley al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que consideran unas “maniobras antidemocráticas y contrarias a la mínima ética empresarial”. El CSN ha enviado esta semana un escrito al Congreso de los Diputados y a la Abogacía del Estado para quejarse de las cartas que ha recibido en los tre...

Las cinco principales organizaciones ecologistas con representación en España han condenado este viernes las presiones de la compañía Berkeley al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que consideran unas “maniobras antidemocráticas y contrarias a la mínima ética empresarial”. El CSN ha enviado esta semana un escrito al Congreso de los Diputados y a la Abogacía del Estado para quejarse de las cartas que ha recibido en los tres últimos meses relacionadas con el informe que debe emitir sobre la autorización del proyecto de la mina de uranio de Retortillo (Salamanca). El órgano supervisor considera que esas cartas firmadas por la empresa, por asociaciones de accionistas y por los abogados de la compañía contienen “solicitudes e insinuaciones impropias”, como adelantó este jueves EL PAÍS.

“El objetivo de la empresa es que se resuelva lo más rápido posible el expediente de solicitud de autorización de explotación de una mina de uranio a cielo abierto y la construcción de una planta de fabricación de concentrados de uranio de Retortillo”, han explicado este viernes a través de un comunicado estas cinco organizaciones verdes —Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF—.

Estas ONG “rechazan las prácticas de esta empresa privada y piden al CSN que mantenga su total independencia ante estas maniobras antidemocráticas y contrarias a la mínima ética empresarial”. E insisten en pedir al “presidente del CSN que haga caso omiso a las inadmisibles presiones de Berkeley y tome la decisión sobre este proyecto con total independencia”, tomándose “el tiempo que sea necesario, sin atender a los intereses económicos y las prisas que pretende imprimir el promotor”.

En las cuatro cartas llegadas en los últimos meses —la primera data del 16 de octubre— se insiste en que el CSN debe resolver lo antes posible este asunto. Y se exige reiteradamente que esa resolución llegue antes de que se apruebe la ley de cambio climático que se está tramitando en el Congreso. PSOE y Unidas Podemos han pactado incluir en esa norma una enmienda para vetar en España la minería de uranio. Por eso la compañía presiona para que el CSN se pronuncie antes de que la norma esté aprobada.

Además, en las cartas se advierte de que si el proyecto no sale adelante la empresa emprenderá una batalla judicial contra el Gobierno e, incluso, contra el CSN, como se insinúa en una de las misivas. “Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF rechazan las amenazas de Berkeley de emprender acciones judiciales si el Parlamento Español, en el ejercicio de sus funciones, toma la decisión de prohibir la peligrosa minería de uranio en nuestro país”, han señalado este viernes la cinco organizaciones. A su entender es “lógico” un veto a este tipo prácticas “en un contexto de transición energética hacia otras fuentes renovables y no contaminantes, y en una estrategia de abandono de la energía nuclear”.

Las asociaciones verdes consideran que Berkeley utiliza “técnicas de intimidación más propias de Estados no democráticos” para “amedrentar al Gobierno” y a los diputados. Sin embargo, la compañía, a través de un comunicado enviado el jueves, sostuvo que las cartas enviadas al CSN están “dentro de la absoluta legalidad y del máximo respecto por las instituciones y organismos de la Administración”. Además, defendió que los escritos se enviaron debido al “dilatado tiempo que se está empleando en la evaluación del proyecto”.

Presiones políticas

En su queja al Parlamento el CSN, que es el organismo público e independiente que vela por la seguridad nuclear en España, incluyó una quinta carta, fechada en julio de 2019. Este escrito estaba firmado por el exdirector general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León Ricardo González Mantero. Este cargo público, en la misma línea de la empresa, defendía el proyecto de la mina e instaba a que el informe definitivo sobre la planta se llevara al pleno del CSN para su aprobación. Tras describir los supuestos beneficios que tendría este proyecto y las autorizaciones que ya ha recibido, González Mantero aseguraba que “por motivos que, lamentablemente, no parecen exclusivamente técnicos”, la tramitación de la autorización “aparentemente se ha detenido”. El presidente del CSN considera que esta carta también contiene “solicitudes e insinuaciones impropias”.

Tras conocerse este escrito, el PSOE de Castilla y León registró este jueves en el Parlamento regional una batería de iniciativas para que la Junta explique el caso. Los socialistas quieren, entre otras cosas, que comparezca el consejero de Economía y Hacienda y el director general de Energía y Minas para conocer las “gestiones realizadas por la Junta de Castilla y León” en relación a la mina de uranio.

Además, Unidas Podemos ha pedido este viernes la comparecencia en el Congreso de los Diputados del presidente del CSN para que pueda explicar las presiones que ha recibido en las últimas semanas. El diputado Juan López de Uralde, ha criticado “estas prácticas inaceptables” que también considera “antidemocráticas”.

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