Migración, vivienda y convivencia intercultural
La migración no es el problema: es el espejo que revela las profundas fallas estructurales del modelo habitacional y de las políticas públicas en Chile. Persistir en discursos que criminalizan o responsabilizan a las personas migrantes es injusto y políticamente irresponsable

Según el Censo 2024, la población migrante se ha más que duplicado desde 2017, superando los 1,6 millones de personas, es decir, el 8,8% de la población en Chile. Esto ha intensificado las presiones sobre los sistemas habitacionales urbanos, especialmente en la Región Metropolitana, donde vive el 60% de la población migrante, seguida por Valparaíso, con un 6,3%. Datos de la Casen 2022, en tanto, muestran que casi un 80% de los hogares migrantes dependen en gran medida del mercado de arriendo, y diversos estudios cualitativos, tanto de la academia como de ONG, evidencian las condiciones de hacinamiento y precariedad habitacional que enfrentan muchas familias migrantes. Peor es la situación de quienes son racializados en desventaja, quienes enfrentan discriminación en el acceso a viviendas y habitaciones subarrendadas y, además, racismo y exclusión en sus barrios. Lo mismo ocurre con quienes viven en galpones, conventillos y campamentos, donde enfrentan, además, aprovechamiento y lucro excesivo por parte de chilenos y también de otras personas migrantes que llevan más años en Chile.
Este no es un problema solo de la población migrante en Chile, sino de la sociedad en general. Este mercado habitacional genera, inevitablemente, jerarquías y relaciones de desigualdad determinadas por la tenencia y la protección habitacional de las que se goza, lo que conlleva tensiones y conflictos que están lejos de ser producto de la convivencia entre distintas “culturas”, sino más bien el resultado de políticas públicas que no se ajustan a una sociedad crecientemente multicultural y que no protegen a las personas migrantes ni a sus familias, muchas de las cuales ya son incluso chilenas, incluyendo jóvenes migrantes de segunda generación.
Esta presión habitacional y el déficit de vivienda tampoco se ajustan a los cambios demográficos de una población envejecida y con bajas tasas de natalidad, para la cual las migraciones son, justamente, parte de la solución y no el problema. Esta presión no hace más que tensionar las relaciones sociales entre vecinos y amenaza la cohesión social de toda la población. Sin embargo, esta precariedad habitacional y la crisis de la vivienda castigan y culpan a quienes también la padecen: las personas migrantes. Es el Estado, a través de sus políticas migratorias y habitacionales, el que debe hacer frente a estos nuevos cambios demográficos —favorables para el desarrollo del país— y ajustar sus políticas a la realidad actual: una realidad donde los movimientos migratorios seguirán ocurriendo, con o sin zanjas, y donde se necesitan respuestas de política pública efectivas.
Debemos considerar que, a diferencia de los mitos existentes que señalan que las personas migrantes son una carga para el Estado, ellas contribuyen al PIB. En 2024, por ejemplo, su aporte fue de un 10,3%. Esto se debe a que la mayoría de las personas que migran a Chile son activas laboralmente y permiten sortear la tasa de reposición trabajador/dependiente. Sin embargo, a pesar de su contribución esencial a la sociedad chilena, más allá de lo económico, muchos carecen de protección ante la discriminación en el trabajo y en el acceso a una vivienda digna.
Mi estudio etnográfico muestra que existe un sobreprecio etnorracial en el arriendo. Es decir, muchas personas migrantes racializadas en desventaja, debido a un racismo antiindígena y antinegro histórico en Chile, terminan pagando más por una habitación en conventillo, vivienda, cité, departamento o terreno en asentamiento informal que otras personas chilenas u otras personas migrantes no racializadas en desventaja. Desde hace años, tanto la nacionalidad como el prejuicio racial se entrecruzan para determinar el acceso a la vivienda y, más aún, a una vivienda digna.
Es necesario regular el mercado de arriendo para evitar estas discriminaciones en el acceso, regular los precios y fiscalizar oportunamente a quienes subarriendan y arriendan habitaciones en conventillos. Al mismo tiempo, la regularización migratoria es clave para evitar la informalidad y el lucro excesivo, porque permite igualar la cancha en el acceso a una vivienda digna y a precios asequibles. Debemos reivindicar el derecho a la vivienda y a la no discriminación a través de políticas públicas claras, siguiendo el ejemplo de otros países, como Suecia. A la vez, debemos generar políticas habitacionales considerando la realidad migratoria para evitar los conflictos sociales que se confunden con “diferencias culturales”, cuando en realidad son producto de políticas centralizadas que jerarquizan a sus ciudadanos, priorizando a las personas chilenas por sobre quienes han migrado hacia Chile y, así, reproduciendo la idea de que los migrantes son ciudadanos de segunda categoría. Estas políticas inevitablemente permean a la sociedad y amenazan la convivencia intercultural y la convivialidad en una población crecientemente heterogénea, porque distinguen entre un “nosotros” y “ellos”, lo que deviene en tensiones de poder a nivel cotidiano.
Nos enfrentamos a un dilema que no es nuevo, que se repite a nivel global, pero que también se agudiza cada vez que hay elecciones presidenciales, cuando el chivo expiatorio es la migración internacional. Este mismo problema se enfrentó también a fines del siglo XIX con la llamada “cuestión social”, cuando hubo un incremento de la migración rural-urbana y emergieron los cités como una solución habitacional para sustituir los desregulados conventillos. Hoy no son migrantes rurales chilenos, sino migrantes latinoamericanos y caribeños quienes enfrentan condiciones similares a las que vivían muchos chilenos. Los migrantes internos de aquella época también enfrentaron discriminación y exclusión a partir de lógicas racistas y antiindígenas. Hoy, la exclusión la viven las personas migrantes que, al no ser chilenas, enfrentan mayor exclusión y quedan a merced del mercado informal.
Es por ello necesario desplazar el foco del debate. La migración no es el problema: es el espejo que revela las profundas fallas estructurales del modelo habitacional y de las políticas públicas en Chile. Persistir en discursos que criminalizan o responsabilizan a las personas migrantes no solo es injusto, sino también políticamente irresponsable, ya que no reconoce los cambios de la sociedad chilena a lo largo de los años. Si no somos capaces de reconocer que la crisis de la vivienda es un problema compartido, de larga data y que afecta la cohesión social, seguiremos administrando el conflicto en lugar de resolverlo.
La pregunta, entonces, no es cómo contener la migración o abordar el déficit habitacional, sino si estamos dispuestos —como sociedad— a construir condiciones dignas de vida para todas las personas que hoy habitan Chile.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.







































