Más allá de quién esté en La Moneda

Un cambio de mando con cambio de coalición gobernante, como el que se concretó recientemente en Chile, implica un giro en la conducción del país e inevitablemente también un nuevo orden de objetivos y prioridades. En esta alternancia, el presidente José Antonio Kast comienza a dar luces de lo que será su “Gobierno de emergencia” y la nueva ministra de la Mujer evita referirse a derechos reproductivos o al proyecto de aborto sin causales en actual tramitación en el Congreso.

Muchas veces se pierde de vista que cuando se pone este tema sobre la mesa, no es para hablar de política, sino de salud pública. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que “el aborto seguro forma parte de los servicios esenciales de salud reproductiva que los Estados deben garantizar en todos los niveles de atención”. Asimismo, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) sostiene que el aborto “constituye un componente esencial de la atención médica integral y es necesario para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de las personas”. A esto se suma que la obligación estatal de garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva seguros, oportunos y libres de discriminación cuenta con respaldo en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos.

Sin embargo, resulta relevante señalar que el aborto en Chile —salvo en las tres causales establecidas por la Ley 21.030— es la única prestación de salud que se encuentra tipificada de manera explícita en el Código Penal y no en el Código Sanitario. Esto a pesar de que las directrices emanadas de organismos internacionales en materia de salud —como las anteriormente señaladas— constituyen habitualmente un referente fundamental para el diseño de políticas públicas sanitarias.

Más allá de quién esté en La Moneda, antes, ahora o después; más allá de las diversas posiciones éticas, valóricas o religiosas que puedan existir en torno a esta materia, el aborto es, en términos objetivos, un problema sanitario. Existe una alta probabilidad de que la próxima mujer que ingrese a un servicio de urgencia, público o privado, en nuestro país por un aborto provocado complicado, no presente un feto con malformaciones graves, ni una patología materna que se vea agravada por la gestación y que ponga en riesgo su vida. Asimismo, es altamente probable que no se trate de un embarazo producto de una violación.

En términos estadísticos, el Instituto Guttmacher estima que cada año se realizan entre 60.000 y 300.000 abortos clandestinos en el país. Si a esta cifra se suma que 1.075 personas se sometieron a este procedimiento de forma legal por alguna de las tres causales de la Ley IVE o 21.030 —de acuerdo con el Informe Anual 2024 de Observadoras de la Ley de Aborto en Chile (OLA)—, se puede concluir que solo entre un 0,36% a un 1,76% de los abortos hoy están siendo abordados por el sistema de salud. El resto permanece en las sombras, con cifras inexactas y peligrosas. En consecuencia, la legislación vigente parece estar lejos de constituir una herramienta efectiva para reducir la incidencia de abortos en Chile.

La experiencia histórica de las políticas públicas en salud reproductiva ofrece antecedentes relevantes. En 1965, el Gobierno de la época inició la distribución gratuita de métodos anticonceptivos en los consultorios de atención primaria. Esta decisión respondió a una lógica sanitaria: se comprendió que la ampliación del acceso a métodos de regulación de la fertilidad constituía la única estrategia eficaz para disminuir las muertes asociadas a abortos clandestinos; en 2010, la Ley N.º 20.418 estableció un nuevo hito al garantizar el acceso gratuito a métodos anticonceptivos, sin exigir la existencia de una relación de pareja estable y permitiendo su acceso desde los 14 años, sin necesidad de autorización parental; en 2015 se produjo un avance adicional cuando la píldora anticonceptiva de emergencia pasó de un régimen de venta con receta médica a un régimen de venta directa, sin prescripción.El impacto de estas políticas públicas ha sido significativo. La tasa de embarazo adolescente disminuyó desde 44,1 por cada 1.000 adolescentes en 2014 a 9,0 por cada 1.000 en 2024, actualmente la cifra más baja registrada en América Latina, de acuerdo con datos del Departamento de Estadísticas e Información del ministerio de Salud.

Los avances alcanzados, nos hablan de logros significativos en materia sanitaria, pero también evidencian la necesidad de seguir avanzando y la importancia de no retroceder. Más allá de quién esté en La Moneda, garantizar la seguridad y el acceso oportuno a salud a las mujeres y personas gestantes debe seguir siendo una prioridad, al igual que la Educación Sexual Integral para la prevención del embarazo no deseado y la protección de niños, niñas y adolescentes. Todo sobre la base de argumentos científicos y diálogos interdisciplinarios que dejen a un lado las ideologías y simpatías políticas o valóricas personales.Como médicas comprometidas con la promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos, y con una profunda vocación de educación y acompañamiento a la comunidad, sostenemos que el desafío sigue siendo avanzar hacia más salud, más derechos y más protección integral de las personas.