Elizabeth Lira, académica: “Un Gobierno de la extrema derecha debe seguir buscando a los detenidos desaparecidos”

Elizabeth Lira (Santiago, 81 años) es una de las voces más relevantes en Chile por su dedicación y especialización en derechos humanos. Como sicóloga, trabajó durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) apoyando a las víctimas de la represión en la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC). También ha sido parte de dos instancias de verdad y reparación, como lo fueron la Mesa de Diálogo y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como la Comisión Valech.

En la víspera de la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre, y en la que las encuestas aventajan a José Antonio Kast, de la extrema derecha, frente a la representante de la izquierda Jeannette Jara, la académica de la Facultad Psicología de la Universidad Alberto Hurtado y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2017, mira con especial atención el panorama chileno. De llegar Kast a La Moneda, será el primer presidente desde 1990 que apoyó a la dictadura. El republicano es respaldado por los exabanderados Johannes Kaiser, de ultraderecha, y Evelyn Matthei, de la derecha tradicional, quienes en la campaña emitieron controvertidas declaraciones respecto del golpe de Estado.

Lira recibe a EL PAÍS en su departamento en Santiago de Chile, en un excepcionalmente día nublado de finales de noviembre.

P. ¿Le preocupa que eventualmente asuma un Gobierno de la derecha radical?

R. Sí. Pero también un Gobierno de ese tipo obliga a un tremendo desafío de la sociedad civil y de las organizaciones sociales de hacer presente ciertos valores históricos que la humanidad se ha dado en los últimos 80 años, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos que ser capaces de garantizar que las coyunturas políticas no modifican los valores sustanciales que son estratégicos, y cuyo sentido más importante es garantizar la paz social.

P. Al Gobierno podrían llegar fuerzas políticas como la de Kaiser, quien ha dicho que apoyaría un golpe de Estado si se produjeran las circunstancias de 1973 ¿le preocupa?

R. Sí, en el sentido de que su planteamiento no sea contrarrestado por otros que tengan más sentido de las consecuencias que tiene eso. El plantearlo de esa forma simplifica el problema, sobre todo porque 52 años después uno no puede volver a las mismas soluciones, especialmente porque hoy los problemas son mucho más complejos y tenemos mucha más información de cómo funciona la sociedad y las demandas de los distintos grupos.

P. ¿Por qué le parece una simplificación?

R. Porque tenemos un gran progreso en la formación en derechos humanos en las Fuerzas Armadas, la Policía de Investigaciones y en Carabineros y nos hemos alineado con la educación de las policías de los países desarrollados. Reducir el tema y situarlo solo en lo que fue la dictadura y el golpe militar es no comprender que los derechos humanos son universales y de una ética política que comparten los pueblos y que es parte de la civilización. Se trata de poner a los derechos humanos en términos afirmativos, en cómo nos relacionamos con los niños, las mujeres, los discapacitados, los ancianos. Es decir, hay distintos sectores que se han identificado como grupos de especial protección y que el Estado tiene responsabilidad sobre ellos.

P. Matthei dijo en la campaña que, al comienzo de la dictadura, entre 1973 y 1974, era inevitable que hubiese muertos.

R. Es cuestión de estudiar un poco más y darse cuenta de que el golpe no fue inevitable y que las muertes sí eran evitables. Hay casos que lo muestran con mucha nitidez. Por ejemplo, por los mismos delitos, el Consejo de Guerra de Puerto Montt [tras el golpe] fusiló a 10 personas y el Consejo de Guerra de Valdivia, los condenó a 30 años [de cárcel]. Unos están vivos y los otros están muertos. Eso nos muestra cómo la incidencia de los juicios de personas permitió salvarle la vida a unos y a otras no.

P. En la campaña se debatió un posible indulto a los condenados por violaciones a los humanos que están en la cárcel en Punta Peuco ¿que podría implicar su liberación?

R. Un presidente tiene la facultad de hacerlo y nadie se puede oponer. Muy probablemente, la mayoría de los condenados son personas mayores que llevan bastante tiempo cumpliendo esa pena y eso hace que muchos los vean como merecedores de misericordia. Pero para otras personas, acá hay un tema de principios, que es como se hizo en Alemania después de los juicios de Núremberg, en que, por muy mayores que fueran, esas personas continuaron en la cárcel hasta el fin de sus días por sus crímenes contra la humanidad: tortura, secuestro, desaparecimientos.

El problema es otro: cómo la sociedad chilena, desde el primer momento, al interponer recursos de amparo, buscó por la vía judicial el reconocimiento de las víctimas y sus derechos y ese es un camino civilizado. Esa es la ruta que elegimos como sociedad.

P. ¿Sería grave como señal?

R. Creo que es altamente probable que eso ocurra [los indultos]. Acá hay varios puntos de vista, y uno es del familiar. Aceptar el indulto es casi como aceptar que hay que perdonar, y el perdón es algo muy personal. La señal como sociedad es la más difícil de interpretar, porque para algunos es suficiente el tiempo que han cumplido de condena y, para otros, todo cumplimiento es insuficiente. El problema hay que mirarlo en términos mucho más estratégicos ¿qué le decimos a una sociedad? ¿cometer crímenes contra la humanidad puede ser indultable? Por otro lado, quien indulta es alguien que se identifica o justifica lo que hicieron esas personas.

P. ¿En qué sentido?

R. Sería muy distinto que fueran indultados por personas que tienen una idea diferente. Pero, en el fondo, si indultas a personas con quienes te identificas, pierdes la noción del contexto cultural, histórico y político de este país. Esto es importante no solo por el pasado; es por el futuro. No podemos justificar las violaciones a los derechos humanos como forma de resolver los conflictos políticos. Esta generalización, y el pensar que por el solo hecho de que están condenados merecen el indulto, es lo que me hace ruido. Me parece que uno tendría que ver caso a caso, pues hay distintas situaciones, así como personas con enfermedades terminales. Pero una decisión masiva, en el fondo, abre la puerta a la no institucionalidad de la resolución de nuestros conflictos.

P. Si Kast llegara a La Moneda ¿es relevante o no que por primera vez Chile tenga un presidente que apoyó a Pinochet?

R. Es importante desde un punto de vista simbólico, pero no debiera serlo si tenemos la capacidad de poder convivir y resolver los problemas que tenemos, a pesar de esas visiones. La duda que me cabe es que lo que tengamos sean formas muy simplificadoras, que es un poco lo que hemos visto, para enfrentar problemas que son muy complejos.

P. ¿Como cuáles?

R. El problema de la historia política de este país, del hecho que tengamos una cantidad enorme de personas que tuvieron que salir del país para salvar su vida y que sigamos teniendo desaparecidos. Y que Chile tenga como una relativización de lo que significaron las violaciones a los derechos humanos, porque eso me parece grave. Lo que no podemos instalar, precisamente por el grado de violencia criminal que hoy tenemos, es una relativización de la vida y la dignidad de las personas. Porque, de otra manera, instalamos un tipo de convivencia inviable.

P. Hay mucha gente en Chile que considera que estos temas son del pasado.

R. En Chile existe un problema de negación de la gravedad de las consecuencias de los hechos; no de los hechos mismos porque nadie niega que ocurrieron. La gravedad es que hayamos definido el conflicto político como una guerra, y que fusiláramos a gente con y sin sentencia. Y la justificación de eso es algo que no debiéramos tener como sociedad, porque esto es por los derechos de todos. La situación de los detenidos desaparecidos es una pesadilla actual, porque el Estado tiene la obligación de responder qué pasó con esas personas. No se pueden dar respuestas simplificadas que digan ‘no, no tengo idea’ o ‘no tenemos responsabilidad’. Un Gobierno de la extrema derecha debe seguir buscando a los detenidos desaparecidos porque es una responsabilidad del Estado y no de un Gobierno. ¿Cómo va a justificar que no se responde por los detenidos desaparecidos?

P. ¿Eso implica darle continuidad al Plan de búsqueda que impulsó el Gobierno de Boric?

R. Sí, y mejorarlo y darle más recursos. Distintas universidades, pero principalmente la Universidad Católica y el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, han estado detrás de iniciativas para que este Plan de Búsqueda sea eficaz. El mejor ejemplo es el de Colombia, que en 2016 creó una instancia estatal, Unidad de búsqueda de personas dadas desaparecidas. Lo hizo con un presidente de una orientación política. Después vino otro que no estaba de acuerdo, pero lo mantuvo y le dio continuidad porque tiene que respetar los acuerdos del Estado. La noción que tienen los colombianos es que forma parte de la paz resolver lo que pasó con estas personas.

P. ¿Y en el caso de Chile?

R. Por supuesto que es parte de la paz. Nosotros damos por hecho que tenemos paz porque no tenemos una guerra, pero la paz se construye en la convivencia, en el respeto por la institucionalidad y de la amistad cívica, donde uno forma parte de una misma sociedad, aunque piense, totalmente, lo contrario.