Las claves del caso de Bernarda Vera, la profesora detenida desaparecida en la dictadura de Pinochet que podría vivir en Argentina

El 30 de agosto de 2023, el Gobierno de Gabriel Boric oficializó el Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia, en la víspera de los 50 años del golpe de Estado. Es una política pública a cargo del ministerio de Justicia que reconstruye las trayectorias —desde su detención hasta su destino final— de las 1.162 personas que fueron desaparecidas por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Fue en ese contexto que una de sus investigadoras, la periodista Pascale Bonnefoy, que a principios de 2024 indagaba sobre las víctimas de Neltume, en el sur chileno y que eran del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), preguntó en la zona por Bernarda Rosalba Vera Contardo, de nombre político Anita, quien está en el listado oficial de víctimas del Informe Rettig (1991). Sin embargo, saltaron las alertas cuando testimonios extrajudiciales levantados por Bonnefoy arrojaron indicios de que la mujer, quien estaba condenada a muerte, habría logrado huir de Chile a finales de 1973 —sin que su familia lo supiera— y que hoy podría residir en Argentina.

El Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación (Rettig), que impulsó el presidente Patricio Aylwin (1990-1994), señala que Bernarda Vera, una profesora que en 1973 tenía 27 años y una hija de cinco, fue detenida por militares el 10 de octubre de 1973 y que “se presume que fue ejecutada en el puente Villarrica sobre el río Toltén” junto a otros 15 detenidos de Liquiñe.

A 52 años de esos hechos, Chilevisión informó este domingo haber dado con el paradero de la mujer en Argentina, y ha exhibido imágenes. En el reportaje, un expolicía que investigó casos de derechos humanos, Sandro Gaete, y quien renunció en 2024 como coordinador de Plan de Búsqueda, cuestionó que el ministerio de Justicia, aunque estaba al tanto, no entregara rápidamente la información a los tribunales.

El caso ha generado impacto en Chile y la información fue enviada en mayo pasado por el programa al juez de derechos humanos Álvaro Mesa, quien abrió una indagatoria reservada. El ministro de Seguridad de Boric, Luis Cordero, quien lideraba la cartera de Justicia cuando en el Plan de Búsqueda se levantaron las primeras alertas, ha llamado tanto a la “cautela” como a “no sacar ventajas políticas”. “Hoy nosotros tenemos antecedentes que hacen plausible una investigación que está en curso. No tenemos la certeza de que la persona que actualmente se encuentra en Argentina sea efectivamente Bernarda Vera”, dijo este martes a CNN.

Argentina y Suecia

En septiembre, el boletín 10 del Plan de Búsqueda, que informa de sus avances, se refirió a Vera, aunque sin mencionar su nombre. “En algunos casos, muy excepcionales, este proceso ha revelado incongruencias con las conclusiones de las Comisiones de Verdad. Un primer caso refiere a una persona, condenada a muerte por un Consejo de Guerra en 1973, que fue calificada por la CNVR (Comisión Rettig), con los antecedentes disponibles en la época como víctima de desaparición forzada”. Un segundo caso es el de Luis Alberto Pino Soto, un estudiante de 14 años de Arica, desaparecido en 1986 y que si bien fue calificado en el Informe Rettig no quedó en los registros “por un error de transcripción”.

La indagatoria de las trayectorias de las víctimas implica la reconstrucción del momento en que fueron detenidas hasta su paradero final. Y fue en esas circunstancias que Bonnefoy llegó al caso de Vera. La periodista dio cuenta de sus primeros hallazgos al programa y a Cordero en mayo de 2024, en base a testimonios extrajudiciales que señalaban que la mujer pudo escapar con un grupo de miristas hacia Argentina por la cordillera, que después se trasladó a Suecia y que luego volvió al país trasandido, hasta donde llegó Chilevisión.

Tras esa información, el Plan de Búsqueda continuó la investigación y logró información, más un año después, que una mujer llamada Bernarda Vera obtuvo refugio político y la nacionalidad en Suecia, además de datos sobre su grupo familiar en ese país: tuvo tres hijos.

Cordero explicó que fue en mayo de 2025 cuando se obtuvo respuestas concretas a los oficios donde se pedían datos fuera en el exterior: “Lo que tenemos son antecedentes que se han ido recopilando, que el Estado de Chile ha obtenido y que le han sido entregados a partir del gobierno sueco, los cuales permiten seguir orientando la investigación para verificar si la persona que se encuentra allí es efectivamente Vera”.

También se pronunció el ministerio de Justicia, que lidera Jaime Gajardo. En un comunicado se señaló que cuando observaron incongruencias se remitieron comunicaciones a la Policía de Investigaciones, el Registro Civil, el ministerio de Relaciones Exteriores y ACNUR, entre el 6 de mayo y el 9 de agosto de 2024, pero que “ninguno de estos oficios entregó información relacionada a la víctima”. Se agregó que en abril insistieron y que fue en mayo de este año cuando “se recibe por primera vez información documental concreta del caso, aportada por el Estado sueco”.

La familia de Bernarda Vera, que la ha buscado desde 1973, fue informada en enero por el programa sobre las indagaciones, los testimonios recopilados y los requerimientos del Estado chileno a Suecia. Las hermanas de la mujer y su hija, hoy de 57 años, pidieron guardar la información en reserva.

La hija de Vera hace unas dos décadas presentó una querella por su desaparición, pero la investigación no avanzó y fue sobreseída: en el caso no hay procesados ni condenados. Ahora, con los nuevos antecedentes, al juez Mesa, quien investiga los crímenes en Liquiñe, se le ha pedido, dijo Cordero a radio Infinita, que continue la indagatoria sobre la muerte de la profesora.