Los días de silencio y retiro de Isabel Allende tras su destitución como senadora

La familia del presidente Salvador Allende, muerto en La Moneda hace 52 años, en medio del golpe de Estado militar, enfrenta una nueva conmemoración del 11 de septiembre en un momento especialmente complejo. La que fue la principal embajadora de la familia en el mundo luego del quiebre democrático de 1973, Isabel, la menor de las tres hijas de Allende, en abril fue destituida del Senado de la República. Lo decidió el Tribunal Constitucional (TC) en el marco de la fallida compra-venta de la que fue la casa del expresidente Allende, donde vive Isabel, que el Gobierno de Gabriel Boric buscaba comprar. En estos cinco meses, ella, de 80 años, ha guardado silencio y vive un estricto retiro público. Quedó destrozada luego de una vida dedicada a la política, asegura sus cercanos. La familia que la arropa -tiene una hermana mayor, una hija, sobrinos- ha vivido estos meses con vergüenza, rabia, enojo y la sensación de haber sido traicionados.

En esta nueva conmemoración del 11 de septiembre, la exsenadora socialista -sigue militando- tiene prevista su primera aparición pública en meses. Decidió participar este jueves del acto en La Moneda al que convocó el Gobierno de Boric. Lo hizo pese a las reticencias de parte de su círculo estrecho, que responsabiliza a la Administración de izquierda de la cadena de errores que terminó con su carrera política, sin desconocer las propias culpas de Allende y las personas de su clan con los que tomaron la decisión respecto de la casa. En el Palacio de Gobierno, sin embargo, la hija menor de Allende no tiene previsto hacer declaraciones.

No volverá a lo público ni a la política, aunque pretende seguir colaborando desde otras perspectivas. Intenta, con esfuerzo, reorganizar su vida. Tiene una afección pulmonar permanente que la hace tener una salud frágil, por lo que debe evitar los resfriados. Es la razón por la que, hasta la noche del miércoles, no era claro si iba a participar en la visita al mausoleo de su padre en el Cementerio General, organizado por la Fundación Salvador Allende para la mañana de este jueves 11 de septiembre. En el lugar se reunirán las juventudes políticas de izquierda, desde el Partido Liberal al Partido Comunista, donde se leerá un manifiesto de compromiso a la democracia en memoria del presidente socialista.

A Allende se le ha visto en lugares públicos como restaurantes con dirigentes socialistas históricos, caminar por el municipio de Providencia -donde vive- y a contados eventos. Visitó la sede del PS en calle París para participar de la despedida de Luis Alvarado, recientemente fallecido. El lunes recién pasado, por ejemplo, participó en la inauguración de una plaza en Valparaíso, en la zona que está siendo reconstruida tras los incendios del verano de 2025. Ella desde 2018 era senadora por esta circunscripción. En mayo pasado, viajó Estambul, donde se celebró la Reunión de la Internacional Socialista. Allí, a la chilena le otorgaron la distinción José Francisco Peña Gómez. Fue interpretado como un espaldarazo del mundo socialista a la hija de Allende, que fue la primera mujer en presidir el Senado chileno.

El caso

El 3 abril, el TC destituyó a Allende del Senado por ocho votos contra dos. Fue una derrota jurídica dura, pero políticamente todavía más fuerte pues la resolución acabó con una carrera de 31 años en el Congreso. En el TC la batalla legal era cuesta arriba, prácticamente sin posibilidades pues la Constitución es clara respecto de que las autoridades no pueden celebrar contratos con el Estado. Era el caso de la parlamentaria y su sobrina Maya Fernández Allende, quien al momento que el Gobierno de Gabriel Boric inició los trámites de compraventa de la casa de Salvador Allende y su esposa Hortensia Bussi, de calle Guardia Vieja, en el municipio de Providencia, era ministra de Defensa.

El caso de la fallida compra-venta de la casa del exlíder de la Unidad Popular (UP), por la que el Estado pagaría 933 millones de pesos (unos 922.000 dólares), estalló la primera semana de enero. Y lo que pudo ser el gran proyecto del Gobierno de Boric, que pretendía hacer un gesto simbólico y convertir la propiedad en un museo de memoria -junto a la residencia del expresidente democristiano Patricio Aylwin (1990-1994), acabó en un escándalo. El 31 de diciembre de 2024, la Administración de izquierdas hizo el anuncio y tuvo que echar pie atrás apenas tres días después. Las gestiones estaban a cargo del ministerio de Bienes Nacionales y la primera renuncia que pidió el presidente fue a la ministra de esa cartera Marcela Sandoval, del Frente Amplio (FA). Entonces, intentando dar diversas explicaciones, en La Moneda señalaron que se iba por “una responsabilidad política” y “no por un error personal”.

Por esos días crecían las críticas hacia el Gobierno, por la desprolijidad y los cuestionamientos a la familia Allende, que por primera vez en su historia de veía envuelta en un escándalo de este tipo. Se sumó una arista penal, que sigue abierta, cuando la Fiscalía abrió una investigación después de que un abogado, Raimundo Palamara —ligado al Partido Republicano— presentó una denuncia.

En marzo, ante el anuncio de diputados de la oposición de presentar una acusación constitucional en su contra, Maya Fernández renunció al ministerio de Defensa. La bióloga y médico veterinario, hija de Beatriz Tati Allende, la segunda de las tres hijas de Salvador Allende y quien fue en la UP la más política de las tres hermanas Allende Bussi, había acompañado a Boric desde el inicio del Gobierno. Su gestión coincidió con la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, donde cumplió un papel clave en el acercamiento entre exprisioneros políticos y miembros de las Fuerzas Armadas en el excentro de detención Isla Dawson, en el sur de Chile.

Pese a su dimisión, la oposición siguió adelante con la acusación constitucional, que pretendía inhabilitara de ejercer por cinco años cargos públicos. Pero el libelo no prosperó en el Congreso. La socialista hoy está alejada de la vida política pública: desde Chile cursa un magíster en Riesgos y Desastres, ligado a los temas de defensa, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fernández es de pocas palabras, pero cuando estalló el escándalo admitió rápidamente que “el proceso no fue bien llevado y eso lamento” y que “el legado del presidente [Allende] no está en la casa; está en la historia”.

“Hicimos lo que nos instruyó el Gobierno”

Tanto Isabel Allende como Maya Fernández han declarado en calidad de imputadas ante la Fiscalía. También fue interrogada la hija de la exsenadora, Marcia Tambutti Allende, cuya pareja, el abogado Felipe Vio, estuvo a cargo de los trámites legales de la fallida venta de la casa. Ante el Ministerio Público, reveló el medio Ex-Ante, dijo que sólo el 2 de enero de 2025 se como familia se enteraron de “la prohibición constitucional de que el Estado comprase el inmueble” y que, “lamentablemente, nadie nos lo advirtió a lo largo del camino”. “Si nos hubieran advertido mi familia jamás hubiera contravenido esta legalidad”, agregó.

“Nosotros hicimos como familia lo que nos instruyó el Gobierno, por lo que ojalá hubiésemos conocido previamente este gran problema de fondo en cualquiera de todas las etapas”. “Esto ha sido muy doloroso para nosotros, y que como familia Allende siempre hemos querido que se hagan las cosas bien”, dijo Tambutti.

En julio pasado, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, selló el final administrativo del caso, cuando firmó la resciliación de la compraventa de la casa de Guardia Vieja. Pero todavía sigue abierta la arista penal, donde han declarado varios funcionarios de Gobierno respecto a distintos puntos, entre ellos, sobre la tasación de la residencia de Guardia Vieja.

Desde que estalló el caso, ha renunciado casi una decena de funcionarios de distintos rangos del Gobierno de Boric, entre ellos las exministras Fernández y Sandoval, el encargado del equipo de Seguimiento de compromisos presidenciales Leonardo Moreno y la abogada del Gabinete de Boric, Bernardita Nazar.