La salud de las personas que trabajan en Chile, retos y oportunidades para la próxima legislatura

En Chile trabajan más de 8 millones de personas en aproximadamente 1,1 millones de empresas (90% con menos de 10 trabajadores, 50% en el área metropolitana de Santiago y 75% empresas de servicios), con una marcada diferencia entre la participación laboral de los hombres (70%) respecto a las mujeres (50%), y aún con una alta informalidad, mayor en las mujeres (29%) que en los hombres (26%). Esto nos dice que casi 3 de cada 10 personas que trabajan no están cubiertas por el seguro frente al riesgo de lesiones por accidentes y enfermedades del trabajo.

De entre los que sí lo están, pues de los informales no sabemos lo que ocurre, tres de cada 100 padecieron en 2023 una lesión por accidente de trabajo que les obligó a ausentarse del trabajo y recibir atención sanitaria. La buena noticia es que la incidencia de lesiones por accidentes de trabajo ha descendido casi un 30% en los últimos 10 años. La mala es que cada día muere una persona por lesiones por accidentes del trabajo en Chile, sea en el lugar de trabajo o en el trayecto.

El número de enfermedades profesionales reconocidas por el sistema de protección social es muy pequeño, alrededor de 10.000 en 2023, –aumentando en los últimos años, sobre todo por las enfermedades de salud mental (dos de cada tres), seguidas de las musculoesqueléticas–, cuestión que busca resolver el proyecto de ley que perfecciona el sistema de calificación de enfermedades profesionales.

Las condiciones de trabajo relacionadas con estas lesiones y enfermedades apenas son conocidas, pues en Chile solo se ha realizado una encuesta de condiciones de trabajo, en 2009. Otros países de la Región, como Colombia, han realizado tres, la última en 2021, lo que permite monitorizar el impacto de las políticas públicas de seguridad y salud en el trabajo. Y lo más grave es que desconocemos la tendencia que sigue la exposición a los factores de riesgo laborales, sean higiénicos (ruido, inhalación de productos tóxicos, contactos con material infectado, etcétera), ergonómicos (posturas forzadas, manipulación de cargas, entre otros) o psicosociales (largas jornadas de trabajo, ritmo elevado, etcétera).

Es cierto que, en los últimos años, como se ha señalado en un reciente informe impulsado por el Observatorio Iberoamericano de Seguridad y Salud en el Trabajo de la OISS, y en el que han participado universidades y administraciones públicas de trabajo, previsión social y salud, ha mejorado el marco legal de la seguridad y salud en el trabajo en Chile. Sin embargo, la existencia de normas adecuadas no es garantía de su cumplimiento. Para ello haca falta una oportuna capacidad fiscalizadora, la cual no ha crecido al mismo ritmo que lo hace el número de empresas y trabajadores, alejándonos de la recomendación de la OIT de un inspector por cada 10.000 personas trabajadoras.

Al mismo tiempo, no hay que olvidar que la prevención, para eliminar o controlar la exposición a los factores de riesgos laborales, debe hacerse en los lugares de trabajo, las empresas, y son ellas quienes deben actuar sobre el origen de estos riesgos para, si es posible, eliminarlos de los lugares de trabajo, además de capacitar a las y los trabajadores a adoptar las conductas más seguras. Por supuesto, con la colaboración de los organismos administradores del seguro y las administraciones públicas competentes. Y hay que recordar que para ello es fundamental contar con información, para los cuales los registros administrativos, y las encuestas de condiciones de trabajo, empleo y salud periódicas, que permiten conocer la situación de seguridad y salud en el trabajo de quiénes no están cubiertos por el seguro, son una herramienta fundamental, que ayudaría a hacer frente a los retos que afronta Chile en el ámbito de la salud ocupacional en los próximos años. Una dimensión esencial para la economía y la cohesión social del país, de acuerdo con el objetivo 8 de la Agenda de Desarrollo Sostenible.