Isabel Aninat, abogada: “La profesión legal en Chile está desafiada”

Como otros integrantes de la Academia, Isabel Aninat Sahli (Santiago de Chile, 40 años) ha estado en el ruedo público como entrevistada, entrevistadora, columnista en prensa o panelista radial. Y este mes, mientras prepara junto a Gabriel Negretto y Kimana Zulueta-Fülscher un libro “sobre el caso de Chile como un caso relevante para la literatura de procesos constituyentes fallidos”, asumió como conductora de Terapia Chilensis, el programa de conversación de las 19.00 horas en radio Duna.

Llana y articulada, la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez dice que le gusta conversar y que una buena conversación ha sido siempre la idea del programa que ahora conduce. Y agrega: “Me encanta el Derecho, pero siempre he tenido muchas inquietudes”.

“Desde que era pasante, a los 17 años, me han interesado las políticas públicas”, afirma. “Y hay momentos en que me he metido de cabeza a eso, en el CEP [Centro de Estudios Públicos, donde investigó sobre el pueblo mapuche y la cuestión migratoria], o cuando estuve en el [primer] Gobierno [de Sebastián Piñera, 2010-2014, en el segundo piso del Palacio de La Moneda]. Pero el rol que tengo hoy es distinto. Eso sí, no estoy metida en la política pública, en cómo hacerla, pero me interesa aportar a ese debate”.

Pregunta. Su experiencia en La Moneda, ¿cómo modeló su visión de la política?

Respuesta. Me marcó muchísimo. Hablamos mucho en Chile del diseño de las políticas públicas y mucho menos de su implementación. Tras estar adentro, en alguna posición, creo que uno sale con una perspectiva mucho más compleja y completa del Estado.

P. ¿Volvería?

R. Me gustan los temas de política pública, los temas del Estado, y así como hay gente que dice “yo, jamás”, volvería feliz a ese mundo: es duro, el baño de realidad es brutal, lo tengo claro, pero es un ámbito que me gusta.

P. Las expectativas puestas en ella, ¿cómo se avienen con la política como “arte de lo posible”?

R. Lo que me preocupa cada vez más es que, en temas en los que hay acuerdos, o no estamos tan lejos de un acuerdo, hay total incapacidad para transformarlos en reformas. Estoy pensando en el proyecto de reforma de los nombramientos judiciales: las posiciones no están tan lejos, pero el sistema político es incapaz de procesarlo en un tiempo razonable.

P. ¿Cómo ve encaminarse la insatisfacción con la democracia?

R. Hay una tendencia al autoritarismo en el sistema democrático en Europa y en distintos lugares. Uno lo tiende a asociar con la extrema derecha, pero hay otros casos, como el de México con el ataque al Poder Judicial: es una situación dramática, es difícil de creer el nivel al que se ha llegado. Y hemos visto en Chile, en un año electoral como este, pero también en los procesos constituyentes, la idea de que ciertas instituciones son innecesarias. En la Convención estuvo la idea de que los partidos políticos debían reducirse a su mínima expresión y hubo un ataque a instituciones tradicionales, como el Senado. Y sin buenos partidos hay un problema para el sistema.

P. ¿Es impensable en Chile una reforma judicial como la que ha habido en México?

R. Yo creo que estamos muy lejos de eso, pero pienso en lo que dijo el año pasado la vocera de la Corte Suprema [María Soledad Melo]: que 2024 fue el peor año de la Corte en los últimos 200. Ahora, lo que yo esperaría del sistema político es que, ante una crisis como esa, con lo que significa para el Poder Judicial, reaccionara reforzando la importancia de los jueces, su independencia, y que eso generara un momentum para hacer un cambio en el sistema de nombramientos. Se presentó un proyecto y no ha pasado mucho.

En Chile estamos muy por debajo del promedio de la OCDE en confianza en el Poder Judicial. Y no se trata de que los jueces tengan que ser populares y que hagamos cosas para que se luzcan, sino de evitar que las personas empiecen a acudir menos a las soluciones institucionales. Ejemplo de eso es la reforma procesal civil, que lleva años de años: es una reforma que toca a las personas directamente. Y está la reforma al sistema de notarios y conservadores [de bienes raíces], así como a los jueces de policía local, que hoy se dedican a ver infracciones de tránsito mientras una justicia vecinal podría resolver más ágilmente un montón de temas de la comunidad.

P. Un año electoral es malo para estas posturas, ¿no?

R. Los años electorales despiertan muchas propuestas en el ámbito más bien penal, o procesal penal, y tienden a dejar de lado los otros ámbitos de la justicia. Además, dada su visibilidad, los temas procesales penales captan mucho la atención. Y lo que hemos empezado a ver, es una concentración de propuestas que tienen que ver con los fiscales, la policía, las cárceles.

P. La crisis de la Suprema en 2024, ¿fue menos una anomalía que la expresión de la importancia del amiguismo y las redes?

R. Si esto fuera normal y generalizado, el sistema no habría reaccionado con la dureza que reaccionó. No estoy hablando sólo de las acusaciones constitucionales en el Congreso, sino también de lo que pasó en el propio Poder Judicial, con la Corte Suprema abriendo cuadernos de remoción contra los propios pares. No es algo que pase todos los días. Eso sí, tenemos mucho por avanzar en ética profesional y en la regulación de temas éticos en el Poder Judicial y en la profesión. Acá hay una tarea de las facultades de Derecho: ¿cómo formar de manera que no se olvide que ser abogado es una responsabilidad enorme? Yo creo que la profesión legal en Chile está bien desafiada.

P. ¿Cómo ve el rol del Ministerio Público de cara a las filtraciones de material investigativo?

R. Son situaciones que hemos visto repetidamente y que impactan en el sistema penal completo. Quiénes pueden acceder a la información, cómo debiera llevarse a cabo el acceso por parte de los propios investigadores, qué sistemas de resguardo existen y cómo tener un sistema efectivo de sanciones frente a estas situaciones son discusiones que deben abordarse con prontitud. No sólo porque se vuelven a abrir preguntas sobre la privacidad y sus límites -más aún con las nuevas formas de comunicación-, sino también porque se corre el riesgo de desviar discusiones relevantes de mejoras institucionales hacia consideraciones políticas.

P. Cuando le preguntaron al fiscal Patricio Cooper por qué el intercambio entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa Irací Hassler estaba en su carpeta investigativa, dijo: “Si dos personas son capaces de criticar a su propio espectro político, [eso] demuestra una amistad bastante grande entre las dos y eso quizás tiene que ver con el resto de las conversaciones”.

R. Es importante diferenciar entre la privacidad y cuándo puede invadirse si existe interés público. Lo primero dice relación con las investigaciones penales y las consideraciones sobre acceso y resguardo de información, y lo segundo, con los intereses periodísticos.

Buena parte de nuestras interacciones profesionales y privadas han migrado a medios digitales, como WhatsApp. Buena parte de nuestras vidas está expuesta ahí. Cuando organizaciones estatales tienen acceso a toda la información contenida en esos medios, adquieren un poder y una responsabilidad especiales. En los hechos, hoy es probable que la información que pasa a la carpeta investigativa termine siendo conocida. Por lo mismo, un fiscal tiene una responsabilidad especial de limitar la información privada que pasa a esa carpeta. Y todos quienes tienen acceso, por su debido resguardo.