Juanita Goebertus, de Human Rights Watch: “Expulsar migrantes no derrota el crimen organizado, lo fortalece”

Juanita Goebertus (Bogotá, 40 años), directora de la división para América de Human Rights Watch (HRW), ha terminado con un diagnóstico pesimista después de visitar Santiago de Chile para intervenir en los 40 años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados —uno de los marcos estratégicos regionales más relevantes en materia de protección y soluciones—, en una conmemoración realizada entre el 11 y 12 de diciembre. “Se insistió en cumplir esta declaración, pero desafortunadamente eso no se ve reflejado en la mayoría de las políticas migratorias que están implementando los países latinoamericanos”.

Explica, en una entrevista en la capital chilena, que si este compromiso se aplicara tal cual, al menos todas las naciones de la región tendrían que estar “dando refugios prima facie [reconocimiento de la condición de refugiado por parte de un Estado] cuando menos a venezolanos y haitianos”.

Pregunta. ¿Cómo está Chile en cuanto a asilos?

Respuesta. Tiene una de las cifras más bajas de la región. Cuenta con una serie de requisitos violatorios de estándares internacionales, como la idea de un término tan corto como siete días para solicitar el asilo una vez se ingresa a territorio chileno. El procedimiento de autodenuncia para quienes ingresan por pasos irregulares en la práctica es un obstáculo adicional a la posibilidad de acceder al refugio en este país.

P. ¿Qué tan importante es una regularización en Chile?

R. El Gobierno chileno ha anunciado [una propuesta] que regularzaría a más de 180.000 personas que hicieron un proceso de empadronamiento, la mayoría venezolanos. Este es un paso muy positivo, pero hay que decir también que Chile era uno de los únicos países que recientemente en la región no lo había hecho.

El expresidente Sebastián Piñera había hecho un proceso de regularización limitado. En todo caso, insisto, es un paso, hay que celebrarlo, pero está lejos de ser la respuesta a cientos de miles de venezolanos. Hay que entender que la mayoría son personas que aportan a la sociedad chilena. Nos preocupa una serie de medidas restrictivas, tanto del derecho de asilo como la posibilidad de expulsar a extranjeros, algunas de cuales han sido ya aprobadas en el Congreso y otras en curso, como el proyecto de ley miscelánea de migraciones.

P. ¿Qué le preocupa de esta iniciativa?

R. Nos preocupa la discriminación en el acceso a la educación entre nacionales y extranjeros, lo que es violatorio de los estándares internacionales. Y la incorporación de reglas que criminalizarían a personas que empleen migrantes, bien sea a través de un arriendo o de un contrato para conceder un trabajo. Asimismo, la incorporación de reglas que amplían las causales para poder, en últimas instancias, expulsar personas del territorio, para revocar residencias, que mal usadas fomentan una visión xenofóbica, pero además soportan una idea falsa: la derrota del crimen organizado bloqueando migrantes. Lo que hemos visto en la región y, particularmente, en el trabajo de campo que hemos hecho en los últimos dos años en el Darién, es que bloquear y expulsar migrantes no derrota el crimen organizado, lo fortalece.

P. ¿Cómo definiría al proyecto?

R. Es muy desafortunado. Me parece una ley populista que busca respuestas fáciles a un reto mucho mayor, más complejo. Se pretende vender a la ciudadanía la idea de que expulsando y bloqueando migrantes se resuelve el crimen organizado, cuando la tarea pendiente y real del gobierno es diseñar una política de seguridad efectiva y protectora de los derechos humanos que fortalezca la capacidad de administrar justicia con capacidad de investigación técnica, criminal e inteligencia para dilucidar las redes de lavados de activos; tráficos de armas, drogas y personas.

P. Cuando el subsecretario del Interior, Luis Cordero, dijo que evaluará una regularización acotada, se vio envuelto en cuestionamientos de opositores que lo perciben como una mala señal. ¿Cómo ve esto?

R. Se ha politizado de alguna u otra manera este tema. Lo primero es aclarar que este programa de regularización es muy acotado o pequeño en comparación con otros de la región. Colombia ha regularizado a 2,5 millones de venezolanos y ha anunciado un nuevo programa, el PEP Tutor (Permiso Especial de Permanencia para Tutores) que regularizaría 500 mil más; mientras el chileno es un programa pequeño para 182 mil extranjeros, la mayoría venezolanos que hayan hecho un proceso previo de empadronamiento y tengan arraigo familiar, vínculo laboral y sin antecedentes penales.

P. Hay gobiernos que se enfrentarán al dilema de mantener relaciones, sedes diplomáticas, con Venezuela luego de la toma de posesión del 10 de enero de Nicolás Maduro. ¿Qué es lo más recomendable?

R. La idea de que era posible bloquear diplomáticamente al régimen de Maduro y que, como resultado de una política de aislamiento absoluto se iba a caer, ya se intentó en su momento y fracasó. Han logrado resistir tanto a las políticas de aislamiento como a los intentos de buscar una transición hacia la democracia por vía de una negociación. Desde el punto de vista de derechos humanos, seguiremos documentando las gravísimas violaciones a los derechos humanos. Si algo nos muestra lo que sucedió en Siria, es que las transiciones se demoran, pero estarán documentadas las gravísimas violaciones a los derechos humanos para buscar justicia una vez se dé una transición.