El futuro está en juego: hacia sociedades resilientes y centradas en derechos

En el aniversario 76 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como Sistema de las Naciones Unidas nos centramos en cómo ésta es la hoja de ruta para encontrar las soluciones a los desafíos globales y locales y avanzar hacia un mundo más pacífico, equitativo y sostenible. Los derechos humanos desempeñan un papel fundamental en la prevención, protección y transformación de las sociedades, procurando no dejar a nadie atrás. Dar prioridad a la dignidad de las personas y situar en primer lugar el progreso de aquellos quienes han estado más marginados es un principio central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Hoy hay más de 280 millones de personas en situación de movilidad humana en el planeta esperando soluciones sostenibles, equilibradas y, sobre todo, humanas. Los flujos masivos y mixtos de personas refugiadas y migrantes se han convertido en una realidad global e ineludible. Un número cada vez mayor de personas se ven obligados a abandonar sus hogares debido a una compleja combinación de factores. Las crisis políticas, los conflictos entre estados, los hechos de violencia, las persecuciones y los efectos adversos del cambio climático son algunos de ellos.

Las personas en situación de movilidad humana son sujetos de múltiples violaciones a sus derechos humanos. La denegación de éstos suele estar estrechamente vinculada a leyes discriminatorias y prejuicios y actitudes xenófobas en ocasiones muy arraigadas en las sociedades y en otras de más reciente surgimiento.

Frente a este contexto, la propuesta es desarrollar y fortalecer mecanismos nacionales e internacionales que no solo brinden asilo y seguridad a las personas con necesidad de protección internacional, sino que también faciliten su recuperación emocional, social y económica de la forma más efectiva y rápida posible, buscando respuestas pragmáticas y dignas a los retos existentes. Al proporcionarles las herramientas necesarias para reconstruir sus vidas, no solo estamos cumpliendo con un deber humanitario con foco en el respeto de los derechos humanos, sino que también estamos enriqueciendo nuestras propias sociedades con su resiliencia, habilidades, saberes, culturas y perspectivas únicas. En definitiva, la inversión en cohesión social genera retornos en términos de paz, crecimiento y desarrollo para las sociedades de acogida.

Esta semana en Santiago se llevará a cabo un encuentro ministerial en el marco de los 40 años de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, que luego de un año de trabajo liderado por el Gobierno de Chile, establecerá una nueva Declaración y Plan de Acción. Se espera que estos acuerdos guíen por los próximos diez años las acciones de los Estados y otros actores relevantes, como la sociedad civil, las organizaciones de personas refugiadas, los gobiernos locales, el sector privado y otros actores de desarrollo, para mejorar las condiciones de integración y protección de las personas desplazadas por la fuerza en nuestro continente.

Ante el innegable impacto de los números de personas en situación de movilidad humana en el mundo, y en la región latinoamericana, los sistemas regionales y nacionales se están viendo desbordados. Ante este fenómeno es clave retomar la conversación sobre la colaboración global y regional como se va a hacer en el contexto de Cartagena +40. Estamos observando con preocupación cómo las narrativas en contra de las personas en contexto de movilidad humana han aumentado los episodios de discriminación y xenofobia y, generando un impacto negativo y transversal para toda la sociedad.

Los enfoques aplicados por la mayoría de los países de Latinoamérica y en países europeos están basados en mecanismos de integración y/o regularización que apuestan a la coexistencia pacífica aplicando los estándares internacionales, instrumentos ya adoptados por el Estado Chile. Uno de los riesgos de perpetuar la irregularidad de las personas y obstaculizar su integración es que en el medio largo plazo esta situación podría profundizar la conexión entre la movilidad humana y la criminalidad.

Las modificaciones recientes la Ley de Migraciones, podrían generar cambios que vulneren los derechos de las personas en situación de movilidad humana. Entendiendo que la opción de retorno voluntario a sus países de origen es siempre la más deseable desde una perspectiva de protección, no siempre es posible. En particular, hacemos una invitación al Senado a reexaminar desde la perspectiva de derechos, incluyendo el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la limitación al acceso a la educación y a la salud de los niños y niñas migrantes, o la vulnerabilidad en la que quedarían los hijos de padres expulsados o niños que ingresan no acompañados que podrían ser expulsados. Las nuevas restricciones para el acceso a la vivienda podrían también generar impactos negativos en las comunidades de acogida que se encuentran en las condiciones socioeconómicas más vulnerables.

Es muy importante en este debate necesario sobre las múltiples aristas de la movilidad humana poner en valor el innegable aporte a la economía de las personas en contexto de movilidad humana, particularmente en una sociedad como la chilena que envejece muy rápidamente. También es importante reconocer el deseo de la mayoría de estas personas que llegan a Chile, a veces después de un largo y peligroso viaje, a ser actores de crecimiento, desarrollo y paz social,

Para afrontar estos desafíos debemos trabajar unidos —a nivel nacional, regional y global—, coordinados y compartiendo las responsabilidades, para que las soluciones sean efectivas. Teniendo presente que cualquiera de nosotros podría convertirse alguna vez en una persona refugiada o migrante, igual que miles de chilenos y chilenas lo fueron en un pasado no muy lejano.

Esperamos que el Plan de Santiago sea un hito en el respeto de los derechos de las personas, así como la seguridad de una mejor vida frente a un desafío cada vez más significativo. Como Sistema de las Naciones Unidas en Chile seguiremos trabajando por potenciar el respeto a los derechos humanos de todos y todas quienes habitan en el país.