La pobreza en América Latina baja a niveles de 2014, aunque persiste una fuerte desigualdad, según la Cepal

La pobreza en Latinoamérica ha descendido a los niveles similares a los de 2014, aunque persiste una fuerte desigualdad. Un 27,3% de la población de la región estaba en situación de pobreza en 2023, lo que representa una reducción de 1,5 puntos porcentuales en relación con el año anterior, y de más de cinco puntos porcentuales respecto a 2020 —el momento más duro de la pandemia —, ha destacado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en una nueva versión de su informe Panorama Social 2024: desafíos de la protección social no contributiva para avanzar hacia el desarrollo social inclusivo, presentado este martes en Santiago de Chile.

Esta es la caída más baja desde que se tiene registros en el organismo multilateral. La disminución en siete de 12 países se produce después del incremento en los años de pandemia, entre 2022 y 2023. La contracción se ha producido principalmente en Brasil, donde habita un tercio de la población de la región y en el que las transferencias no contributivas han incidido en el resultado.

“Si en el Brasil la población en situación de pobreza no hubiera disminuido, el promedio regional en 2023 habría sido de un 28,4%, apenas 0,4 puntos porcentuales menos que en el año anterior, y la incidencia de la pobreza extrema se habría mantenido sin cambios, en un 11,1%”, detalla el informe.

La pobreza extrema ha llegado al 10,6% en la región en 2023, lo que representa una caída de 0,5 puntos porcentuales en comparación con el año anterior, pero todavía está por encima del 8,6% registrado hace una década. La organización estima que la tendencia a la reducción continuará este 2024, aunque de manera débil, con una disminución de la pobreza de 0,5 puntos porcentuales, aunque “sin avances significativos en el caso de la pobreza extrema”.

La preocupante desigualdad

Los ingresos del trabajo dependiente destacan como el principal impulso de la baja en la pobreza, al igual que la protección social no contributiva; es decir, las transferencias públicas destinadas a ayudar a los hogares a enfrentar situaciones de carencia de recursos. No obstante, las autoridades de la Cepal han alertado de que el lento crecimiento económico de América Latina, el bajo dinamismo del mercado laboral y los niveles de inflación, imponen desafíos a los sistemas de protección social de la región. Esto, principalmente, por su impacto sobre la pobreza y la desigualdad.

Según la organización, es necesario establecer un estándar de inversión para la protección social no contributiva de entre el 1,5% y 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) o entre el 5% y 10% del gasto público total para mejorar las condiciones en la región. Los datos aportados por Cepal refieren que, en promedio, algunos países han gastado en la protección social no contributiva cerca del 0,8% del PIB o 3% del gasto público total en 2022.

José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario general de la Cepal, ha expresado su preocupación por la alta desigualdad de ingresos: en Latinoamérica, el índice de Gini se ha mantenido en 0,452 en 2023, lo que no representa variaciones significativas respecto del año pasado.

Entre 2014 y 2023, el índice de Gini experimentó una leve reducción del 4%, bajando apenas de 0,471 a 0,452. “Uno de cada tres hogares en el quintil de menores ingresos carece de acceso a la protección social. También persiste la desigualdad de género y una crisis de cuidados”, ha dicho Salazar-Xirinachs.