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FÚTBOL
Columna
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No compre un 9; contrate a un abogado

El fútbol chileno se acostumbró a resolver sus torneos por secretaría. Este año, el campeonato más apasionante de los últimos tiempos amenaza con jugarse en los tribunales

hinchada de Colo Colo
Hinchas de Colo-Colo encienden bengalas antes de un partido en el Estadio Monumental David Arellano, en Santiago de Chile, en 2022.Marcelo Hernandez (Getty Images)

Corría 2017 y Colo Colo se encaminaba a obtener el título. Su polémico entrenador, Pablo Guede, estaba sancionado en el partido ante Everton, por lo cual ocupó una caseta para observar el pleito. Pero los dirigentes del rival, sospechando que infringiría una norma reglamentaria, apostaron una cámara para seguir sus movimientos, descubriendo que el entrenador enviaba ‘papelitos’ con un ayudante para entregar instrucciones. Las pruebas no fueron validadas y el caso se archivó sin sanciones.

En el 2021, Ariel Holan dirigía suspendido a la Universidad Católica frente a Wanderers. En la cabina donde se encontraba habló a través de un ‘walkie-talkies’, lo que está expresamente prohibido por los reglamentos. La justificación del entrenador, avalada por el club, era que había utilizado el aparato para solicitar a su cuerpo médico que le enviaran medicamentos que precisaba, sin especificar sus dolencias.

El tema se ha reactivado ahora, a dos fechas para el final del campeonato, ya que la Universidad de Chile ingresó una denuncia en contra de Jorge Almirón, el técnico del puntero Colo Colo, acusándolo de transgredir la norma que prohíbe a los entrenadores sancionados entregar instrucciones. El hecho se habría producido en Talcahuano, y, de comprobarse, la U pasaría a ser la favorita para llevarse la corona pues se le restarían tres puntos a su rival.

Aunque los especialistas dicen que es el caso más difícil de comprobar, la influencia de los dirigentes ligados a Huachipato —local aquella tarde— y la Universidad de Chile en el actual directorio de la Asociación, podrían hacer cambiar la historia, más aún por las públicas enemistades entre Aníbal Mosa, el controlador de Colo Colo y Pablo Milad, el timonel de la Federación.

El fútbol chileno se acostumbró a trasladar la suerte deportiva a los escritorios, y transformó en personajes claves a los abogados que circulan con frecuencia por los pasillos de Quilín. En la Primera B y la Segunda División, se ha convertido en costumbre la pérdida de puntos y de categoría por mala inscripción de jugadores, por no pago de impuestos, por transgresión a las bases o, simplemente, por denuncias de pagos negros levantadas por jugadores finiquitados. Hay equipos en la serie de honor que han eludido el descenso, y otros que han sido desafiliados, en decisiones que han tardado semanas en adoptarse tras el término de los torneos.

La judicialización de los campeonatos podría, entonces, tener su capítulo más célebre si termina definiendo este torneo que han disputado, sin darse tregua, los dos equipos más populares del país. Separados por un par de puntos, han polarizado el debate, llevándolo mucho más allá de lo normal. Las sospechas y acusaciones de ‘arreglo’ de partidos y de incentivos/sobornos en el certamen abundan, están poniendo en juego la escasa reputación de los propietarios de los clubes.

Como ya es frecuente también, los dirigentes de la U no argumentaron sobre su denuncia, ni en torno a las pruebas proporcionadas ni al fondo del asunto, esperando una decisión del tribunal que, con seguridad, llegará una vez que haya concluido la competencia. E inoculando un poderoso veneno a la final entre dos equipos de óptimo rendimiento. Que confiarán en sus abogados para dirimir la lucha en los juzgados deportivos. Entre cuatro paredes. Y sin público presente.

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