Delincuencia, municipalidades y recursos

Chile vive tiempos especiales, y no precisamente por razones positivas. Estamos enfrentando una crisis de seguridad, marcada por un incremento significativo en crímenes violentos. En efecto, los homicidios han aumentado un 36% desde el primer semestre de 2018, y la mayoría de estos crímenes ocurren en la vía pública (65,3% en 2023). Naturalmente, esto ha generado una fuerte demanda ciudadana por mayor seguridad. En respuesta, la clase política, sin contar con el apoyo ciudadano ni ideas claras sobre cómo mejorar la situación, se ha abocado a declaraciones vacías (“no se ha hecho nada”) y a acusaciones constitucionales que tienen un ánimo más bien efectista y electoral. Además, las mejoras en seguridad requerirán inevitablemente mayores recursos, un asunto estancado en el fragmentado Congreso Nacional. Ante este escenario, esta columna propone abrir la puerta a la descentralización de las finanzas públicas: permitir que las municipalidades propongan, mediante mecanismo de participación ciudadana, un impuesto a las propiedades inmobiliarias destinado a financiar la seguridad local.

La posibilidad de recaudar fondos a nivel local presenta varias ventajas. En primer lugar, Chile es una anomalía dentro de la OCDE por la alta centralización de la recaudación. En 2021, Chile recaudó mediante impuestos municipales solo el 2,5% del PIB, cifra que palidece frente al 8,4% promedio de la OCDE. Esto implica que los problemas locales dependen de una planificación financiera centralizada. En este sentido, nuestra propuesta permite que las autoridades locales, con el acuerdo de los vecinos, generen recursos descentralizadamente, sin tener que pasar por el Gobierno Central y el Congreso. Además, los municipios difícilmente podrían imponer tasas desorbitadas, ya que estas serían sometidas a mecanismo participativo como el plebiscito comunal, están sujetas a la competencia entre comunas y es posible fijar una tasa máxima.

En segundo lugar, los recursos generados a nivel local permiten la provisión de un bien público local, como la seguridad, de forma más eficiente que la provisión privada. Un faro o un guardia de seguridad benefician a todos a su alrededor, no solo a quien lo contrata. Por tanto, resulta más eficiente contratar seguridad para el barrio que un guardia para cada condominio o edificio. Dicho de otra forma, muchas comunidades recurren a los gastos comunes para financiar mayor seguridad, pero lo propuesto abre la posibilidad de tener “gastos comunes” a un nivel más adecuado: el municipal. Dada la preocupación actual por la seguridad, podría incluso darse el caso de que un nuevo impuesto destinado a la seguridad aumente el valor de las propiedades, cuyo precio absorbería los beneficios de la medida.

En tercer lugar, la descentralización acerca a la ciudadanía a las decisiones políticas. En este momento, las decisiones se toman de manera distante, tanto en términos geográficos como de confianza institucional. Otorgar poder de decisión financiera a los alcaldes traslada las discusiones presupuestarias a un ámbito de mayor cercanía y validez política. Por cierto, esto también implica que la ciudadanía y las autoridades locales deberán actuar con mayor responsabilidad en estos temas, pues no se tratará solo de reclamar, sino de gestionar la seguridad con los recursos pagados por sus propios vecinos.

En definitiva, descentralizar la recaudación y el gasto público es una alternativa viable y oportuna para enfrentar la demanda ciudadana por mayor seguridad. Las discusiones actuales sobre impuestos y seguridad siguen atrapadas en lógicas centralistas, lo que evidencia, una vez más, la necesidad de descentralizar el país. Incrementar la descentralización fiscal no solo acercará las soluciones a quienes enfrentan el problema de la seguridad de forma cotidiana, sino que también empoderará a los municipios y a sus vecinos para enfrentar este desafío de manera más directa y situada.