Ángel Valencia, fiscal nacional: “Este nivel de violencia en Chile no puede seguir así”

En abril de 2023, cuando Ángel Valencia (Santiago, 55 años) llevaba tres meses como fiscal nacional, señaló que el asesinato en el centro de Santiago del carabinero Daniel Palma, quien recibió un balazo en la cabeza durante una fiscalización (fue el tercer funcionario asesinado en 23 días), fue “un punto de inflexión” en la crisis de seguridad que vive Chile, ante la irrupción de una nueva delincuencia armada, principalmente bandas transacionales de crimen organizado. Un año más tarde, el 27 de abril de 2024, el homicidio de tres policías en Cañete, en la región del Biobío, en la zona centro-sur, volvió a marcar un hito. Y, apenas tres meses después, el fin de semana pasado, una ola de homicidios –16 en menos de una semana–, dos de ellos múltiples en los municipios de Lampa y Quilicura, en la Región Metropolitana, han vuelto a poner una bandera roja en la escalada de violencia.

La serie de asesinatos, todos cometidos con armas de fuego, ha empujado al Gobierno de izquierdas del presidente Gabriel Boric a impulsar y reforzar una batería medidas con foco en la Región Metropolitana de Santiago, y anunciar la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad solo para líderes de bandas de crimen organizado, idea que Valencia exploró y propuso en marzo de 2023, cuando viajó a Roma para observar el modelo antimafia italiano.

La ola de crímenes empezó el fin de semana, cuando cuatro adolescentes, que tenían entre 13 y 17 años, fueron acribillados en una plaza en Quilicura, en la zona centro norte de la capital chilena: recibieron más de 40 disparos desde un automóvil, que luego la policía halló incendiado. Y, el mediodía del martes, cinco extranjeros –cuatro hombres y una mujer –, murieron por impactos de balas en una fiesta en la comuna de Lampa.

La emergencia se ha instalado en La Moneda, donde Valencia ha sido protagonista de una serie de reuniones esta semana. Es una crisis que se agudizó tras los dos homicidios múltiples y que a Valencia le ha provocado, dice en esta entrevista con EL PAÍS, “la sensación de que estamos haciendo mucho y, pese a eso, no está siendo suficiente”.

Pregunta. ¿Qué pensó cuando se enteró de los asesinatos de cuatro adolescentes en Quilicura?

Respuesta. No me deja de asombrar la extrema violencia a la que pueden llegar sujetos que se encuentran en Chile. Todavía no me acostumbro, no lo considero normal. Me resisto a pensar que es una situación a la que tengamos que acomodarnos. Este nivel de violencia no puede seguir así. Cuando tuve conocimiento de lo que había ocurrido en Quilicura, y después, cuando me entero de lo de Lampa, me vino a la memoria una sensación similar a la que tuve cuando ocurrió el homicidio del cabo Palma por la conmoción pública que ocasionó.

P. ¿Por la forma en que Palma murió?

R. Así es. Pero, en lo personal, la sensación fue de que estamos haciendo mucho y, pese a eso, no está siendo suficiente. También recuerdo la sensación de que, cuando ocurrió lo del cabo Palma, el Ministerio Público ya había formalizado [la investigación] y ya estaban en prisión preventiva los autores de los homicidios de otros policías ese año. No teníamos casos sin resolver, se habían endurecido las penas para los homicidios y, además, también se había permitido a Carabineros ocupar otro tipo de armamento. Pero, pese a eso, no dudaron en, prácticamente, vaciar un cargador para dar muerte a un cabo que trató de fiscalizarlos. Entonces, ahora pasa algo similar. Estamos trabajando duro, me consta que Carabineros lo hace muy duro; también la Policía de Investigaciones (PDI). Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo adicional, pero pasan estas cosas y uno se pregunta qué más puede ser.

P. Usted dijo que el caso de Quilicura fue una masacre.

R. Sí. Dije que nosotros estamos hablando de un homicidio grave pero, en otros países, con propiedad se podría hablar de masacre. En general, hay una masacre cuando hay un homicidio que afecta a cuatro personas o más, que se comete en un espacio público, a personas que son indefensas. Y aquí hay más de cuatro personas, todas indefensas, en un espacio público, todas muertas de una vez.

P. ¿Y los cinco asesinatos de Lampa también fueron una masacre?

R. En el caso de Lampa, los fiscales todavía están investigando qué es lo que ocurrió. Pero, lo que sí sabemos es que fue dentro de un espacio cerrado, aparentemente. Tenemos que establecer si hubo una persona que dio muerte a todos los que se encontraban en el interior o hubo intercambios de disparos entre algunos de ellos. Es una situación en investigación, pero son igualmente graves estas muertes porque, además, hemos hablado de los homicidios, pero no de la cantidad de personas que resultaron heridas, como consecuencia de los disparos en Quilicura y Lampa.

P. Dijo que “estamos haciendo mucho y, pese a eso, no está siendo suficiente” ¿qué es lo que no está funcionando?

R. Lo que quiero decir es que no está siendo suficiente, no está impidiendo que estas cosas sigan ocurriendo. Entonces, cuando pasa esto, es inevitable preguntarse qué más tenemos que hacer.

P. ¿Con qué tiene que ver esta situación? ¿Con más persecución o es el grado de violencia de estos grupos criminales?

R. Los delitos violentos son siempre multifactoriales. Pero es la investigación la que va a poder determinar, en estos casos concretos, cuáles fueron las motivaciones: si hay una banda que está tomando venganza por hechos anteriores; si es una disputa dentro de una discoteca, o de una sala de baile informal, donde por una rencilla la gente empieza a dispararse. Pero sí está claramente establecido, en nuestra estadística, que la situación de los homicidios hoy en Chile, en comparación con lo que vivíamos hace cinco o diez años atrás, obedece a la actividad del crimen organizado.

P. ¿Cuál es la situación en la Región Metropolitana? En pocos días hubo 16 y el presidente Boric ha reconocido que hay un “problema grave”. ¿Qué piensa usted?

R. Que los números permiten sostener lo que el presidente de la República manifiesta. Y si analizamos la situación, ya no de los promedios generales de homicidios a nivel del país, sino la puntual de la Región Metropolitana, y de algunas de sus zonas, la situación es muy grave y comparto su preocupación. En consecuencia, todos tenemos que preguntarnos, considerando las funciones que cumplimos, qué más podemos hacer o qué podemos hacer mejor para enfrentar ese problema. Esa es la pregunta que me ronda después de que estas cosas ocurren: ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Qué estamos dejando de hacer? ¿Qué podríamos hacer para enfrentar esto de mejor manera?

P. ¿Y en qué está pensando? ¿Qué ha propuesto? Ha estado en varias reuniones en La Moneda...

R. Agradezco que el Gobierno haya manifestado la disposición de respaldar una ampliación del proyecto del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios, ECOH [creado el año pasado ante el alza de estos delitos] hacia otras circunstancias que son graves, que requieren la atención inmediata y a las cuales no estábamos llegando porque no tenemos el plan de fortalecimiento [del Ministerio Público] aprobado por ley, que está pendiente. Son, principalmente, de algunos delitos violentos, como por ejemplo, los portonazos. Eso requería de algunos fondos adicionales que el Gobierno se comprometió a respaldar.

P. ¿El trabajo de ECOH se va ampliar a los portonazos y encerronas?

R. Sí. Lo más importante es la comunicación inmediata. Hoy nos están reportando [estos delitos] mediante un parte policial y, lo que vamos a hacer, es que Carabineros se comunique de inmediato con el fiscal, para que pueda disponer de diligencias. Lo que hemos propuesto es que haya un cambio legal que nos permita delegar atribuciones a las policías, como lo hacen en todo el mundo desarrollado, en los países democráticos, como Reino Unido, Canadá, Alemania, España, Francia, Italia o Estados Unidos, donde las policías pueden investigar estos delitos comunes sin necesidad de un orden previa del fiscal, sino que regulado por instrucciones generales, y no particulares, y que no nos tengan que llamar para realizar la primera diligencia cuando se produzca un robo de una camioneta o de una vivienda. Y lo segundo, es ampliar la iniciativa de ECOH con un foco especial en delincuentes prolíficos. Esto, con un espacio diferenciado para los adolescentes y adultos, porque requieren estrategias diferentes.

P. ¿Delincuentes prolíficos en bandas?

R. Toda la experiencia internacional muestra que hay un pequeño grupo que comete un gran número de delitos, y otro gran número que comete una menor cantidad, y que son quienes tienen mejores posibilidades de reinserción si son tratados con una pena de medio libre. Pero, el otro grupo, que hace de la actividad delictual su forma de vida, necesita una estrategia diferenciada, especial, y tenemos que salir a buscarlos. Si conseguimos encarcelarlos, movemos la aguja significativamente porque interrumpimos la actividad de una banda, no sólo el caso de una persona. Si vamos por los prolíficos, podemos producir un impacto muy concreto en las comunidades, en los barrios o en las comunas en las cuales muchas veces se dice: ‘los alcaldes saben quiénes están cometiendo delitos, los vecinos saben cuáles son las bandas, pero no se les investiga como banda sino que caso a caso’.

¿Primerizos o líderes de bandas?

P. Si los chilenos ya saben que hay crimen organizado, que hay bandas nacionales y transnacionales, que hay más uso de armas en los homicidios. Si ya está el diagnóstico ¿Cuál es el paso siguiente?

R. Cuando asumimos el año 2023, no había cifras de homicidios consumados. Entonces, el nuevo equipo de la Dirección de estudios [de la Fiscalía Nacional] tuvo que construir la cifra, tratar de corregir, de adecuar y o de ajustar bien lo realmente ocurrido hacia atrás. Después de eso, recabar la de 2022, revisando no solo estadísticas, sino que carpeta por carpeta. Tampoco estaban definidos los lugares. Hoy tenemos esa información, pero no sirve de nada si no somos capaces de tomar decisiones sobre ellas. Pero algunas cosas se han hecho. Por ejemplo, el proyecto ECOH se aplica en doce ciudades y en diez regiones. Vamos a seguir mejorando sus números porque nos sirven no solo para ilustrarnos de lo que pasa, sino que también para tomar decisiones. Y yo, además, tengo la percepción de que en Chile hemos podido acercarnos a ciertos acuerdos generales sobre la problemática.

P. ¿Pero no está claro hace tiempo ese acuerdo de lo que estaba pasando en Chile?

R. Yo creo que el año pasado no teníamos tanta claridad. Lo que teníamos era mucha información y mucho sentido común de los vecinos y de la ciudadanía de lo que ocurre en sus barrios hace mucho tiempo, pero no teníamos una información integrada que pudiese levantar toda esa información. Hoy día la tenemos y eso nos ha ayudado, junto con la experiencia cotidiana, a tener algunos acuerdos generales sobre la problemática. Hoy es difícil que alguien sostenga que la permeabilidad de la frontera norte no es un problema para Chile. O el de la segregación deficiente o insuficiente de nuestras cárceles, producto del hacinamiento. Hoy tenemos problemas con la segregación y están mezclados los líderes de las bandas con personas que no tienen esa calidad y no deberían estar juntos.

P. ¿Eso está pasando en el REPAS, la principal cárcel de alta seguridad de Chile?

R. Está pasando en todos los penales por múltiples razones. Por ejemplo, porque llegan personas indocumentadas y no tenemos información sobre sus identidades, sus registros penales o sus prontuarios.

P. ¿No saben si esa persona detenida es líder de una banda?

R. Hay personas que hoy día están presas como primerizas y desconocemos si han sido líderes de una banda en el extranjero o han tenido condena por delitos graves, simplemente, porque no sabemos quiénes son o porque nos han ocultado sus identidades. Formalmente, para nosotros aparece como una persona sin antecedentes. Entonces, el sistema carcelario lo trata como un sujeto que es primerizo. Nuestras leyes tienen que adecuarse, pero ya sabemos que tenemos problemas.

P. ¿Y eso cuán grave es?

R. Es grave porque atenta contra la segregación carcelaria, y permite que personas que son primerizas, por ejemplo, con delitos menores, de menor compromiso delictual, tengan contacto en las cárceles e, incluso corriendo el riesgo de que sean víctimas de sujetos que son delincuentes avezados. Y, por lógica penitenciaria, no deberían estar juntos. Entonces hemos sido capaces de identificar un conjunto de problemas. Hoy en general tenemos grandes acuerdos, que antes ni siquiera estaban identificados. El punto es cómo avanzamos en la ‘solucionática’.

P. Entonces, hay un acuerdo en la problemática ¿y hay acuerdo en la solución?

R. Hemos avanzado en acuerdos importantes. Por ejemplo, el proyecto de ley de reincidencia, que está ahora en el Tribunal Constitucional, que esperamos que se pronuncie sin introducir modificaciones porque contiene medidas muy importantes, y aprobadas por una amplísima mayoría en el Congreso, como la protección de fiscales y de los intervinientes y porque, entre otros elementos, mejora nuestras capacidades de investigación. También, está pendiente el plan de fortalecimiento del Ministerio Público, que ojalá salga más rápido, y la existencia de una fiscalía supraterritorial, que el año pasado solo era una propuesta. Además, el Gobierno acaba de anunciar una cárcel especial para los líderes del crimen organizado. Entonces, hay un conjunto de iniciativas que van avanzando. Pueden ser mejores, nos falta gente, pero hay una dirección. Me permito ser optimista, porque vivir situaciones dramáticas como las de Quilicura y Lampa es terrible, pero siento que podemos hacer lo mejor siempre, y que estamos haciendo esfuerzos importantes.

P. Usted viajó a Italia a observar el modelo antimafia y sus penales, y luego propuso una cárcel para el crimen organizado. ¿Cómo debería ser el nuevo recinto de alta seguridad que se ha anunciado?

R. Me parece una iniciativa positiva. El combate al crimen organizado y a las mafias no puede descansar en la nobleza, coraje y valentía de las ciudadanas y ciudadanos comunes. Los delincuentes tienen que cooperar, delatarse entre sí, para que haya información que nos permita desbaratar la banda, ojalá a los líderes, aún a riesgo de enfrentarla y la venganza. Pero que hagan eso para evitar la cárcel y cumplir pena.

P. Pero, según entiendo, hoy los miembros de bandas transnacionales no cooperan.

R. Cooperan poco.

P. ¿Qué herramientas se requieren para esa colaboración?

R. El proyecto de Ley de reincidencia contiene herramientas muy importantes, porque establece normas sobre cooperación calificada, que puede ser muy útil. Y también normas que benefician a los arrepentidos. Es decir, a gente que, estando condenada, pueda tener reducciones de condena si entrega información útil para desbaratar bandas en casos de crimen organizado muy graves. Pero, para que eso funcione, tienes que tener un sistema penitenciario en el que la gente diga, antes de seguir cumpliendo condena, ‘prefiero cooperar’. Es decir, un estímulo. Porque, si el sujeto puede seguir delinquiendo desde dentro de la cárcel, si la banda sigue financiando la vida de su familia, si ellos mantienen silencio, si se puede seguir enriqueciendo desde dentro de la cárcel, si puede seguir teniendo contacto con su amistades y con su familia dentro de la cárcel, parece que es poco disuasiva.

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